La presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown, suspendió este jueves la votación de la convocatoria a referéndum de la “ley jaguar”, en el plenario de la Asamblea Legislativa, debido a que el Partido Liberal Progresista (PLP) presentó una nueva consulta ante la Sala IV para evacuar dudas sobre la constitucionalidad del texto.
La jerarca legislativa anunció la decisión a las 3:40 p. m., luego de que el jefe del PLP, Luis Diego Vargas, notificó al Directorio sobre la gestión de su bancada legislativa; esta iba firmada por los seis diputados del Liberal, cuatro de Liberación Nacional (PLN) y la independiente María Marta Padilla.
El PLP presentó su consulta constitucional después de que la Sala IV, en un voto de mayoría notificado el martes al Congreso, argumentó que los legisladores solo pueden pedir el examen de los magistrados si el texto ya está aprobado en primer debate.
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La “ley jaguar” no ha llegado a ese punto, pues ni siquiera se ha discutido en una comisión legislativa.
La presidenta legislativa en ejercicio, incluso, rechazó una propuesta del jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, de dispensar de trámites la “ley jaguar” para aprobarla en primer debate en el plenario, a fin de que los diputados pudieran presentar la consulta constitucional.
Liberación advirtió de que se reservaba el derecho de votar en contra. El PLN, el Frente Amplio (FA) y el Liberal Progresista (PLP) manifestaron que era irresponsable autorizar un referéndum sobre un proyecto que genera tantas dudas de constitucionalidad.
Al mediodía, Brown había decidido que el plenario debía seguir adelante con la votación a pesar de que había 15 diputados ausentes por viajes e incapacidades, pero cambió de criterio cuando el Liberal Progresista le comunicó la presentación de la nueva consulta.
El PLP cree posible que la Sala IV cambie de criterio después de que declaró inadmisible una primera consulta planteada por 22 congresistas. Esta bancada sostiene que la consulta contiene la jurisprudencia necesaria, del propio Tribunal Constitucional, para demostrar que este sí es el momento procesal oportuno para elevar la gestión.
El Liberal argumenta que un acuerdo de convocatoria a referéndum es un acto único y definitivo, a partir del cual la Asamblea no tiene más injerencia en el proceso de referendo.
Los legisladores del PLP sostienen que, en consecuencia, el Congreso tiene el derecho de evacuar sus dudas antes de votar una convocatoria a consulta popular.
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Este planteamiento es similar al voto de minoría de la Sala IV (tres magistrados).
En cambio, el criterio de mayoría (por cuatro magistrados) concluye que, en este momento procesal, solo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la potestad de presentar una consulta.
De hecho, el órgano electoral presentó su consulta de constitucionalidad este miércoles, pero eso no impidió que Brown afirmara que la convocatoria a referéndum estaría en la agenda del plenario.
“Nosotros y muchos costarricenses que hemos leído este proyecto tenemos serias dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa. Es irresponsable, hoy, darle curso a algo que está mal hecho. ¿Quién nos va a decir si está mal hecho o no? La Sala Constitucional”, argumentó Luis Diego Vargas.
Añadió que la gente no entiende de qué se trata el proyecto de ley.
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Cambio en 13 minutos
En el plenario legislativo, las previsiones de Rosalía Brown cambiaron cuando apenas habían transcurrido 13 minutos desde el inicio de la sesión. Luis Diego Vargas tomó la palabra para solicitarle a la presidenta legislativa “tomar en consideración un documento” que le haría llegar un asesor.
Minutos después, la presidenta interina anunció que recibió “un documento muy importante”, en referencia a la consulta de constitucional del PLP. Esta situación generó que se declararan varios recesos y se convocara una reunión de jefes de fracción improvisada, para aclarar el proceder del resto de la sesión.
Después, la presidenta en ejercicio leyó la misma resolución que el presidente legislativo, Rodrigo Arias (hospitalizado), había utilizado la semana pasada para suspender la votación de la convocatoria hasta que se recibiera una resolución sobre la primera consulta de 22 diputados.
Sobre por qué no avisaron, más temprano, su decisión de presentar la consulta constitucional, Feinzaig argumentó que la gestión no tomó por sorpresa a nadie, puesto, desde hace 15 días, habían informado su interés de consultar los posibles vicios de inconstitucionalidad de la “ley jaguar”.
“El cuórum ha estado muy bajo en estos días. No sabíamos si iba a haber cuórum hoy, apenas se inició la sesión con 39 diputados. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de que, si hay sesión, presentamos la consulta; si no hay sesión, no la presentamos todavía. Es una prerrogativa nuestra”, explicó el legislador liberal.