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Toda una comunidad en las montañas del cantón de Barva, Heredia, podría pasar a manos del Estado para asegurar la protección de las fuentes de agua de la provincia y de parte de la gran área metropolitana (GAM), en cumplimiento de una orden dictada por la Sala Constitucional en julio del 2023.
Se trata de la comunidad de Sacramento de San José de la Montaña, la cual se encuentra en los territorios que la ley 65, de 1888, definió como zona inalienable para proteger las fuentes de agua. No obstante, el Estado solo expropiará, con la respectiva indemnización, a los propietarios que demuestren una titularidad legítima del terreno antes de la promulgación de dicha ley con 136 años de antigüedad.
La normativa, aprobada durante el gobierno de Bernardo Soto Alfaro, declaró patrimonio natural una franja de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima del volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el Concordia, “ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”.
No obstante, con el paso de los años, casi 1.250 hectáreas pasaron a manos privadas, en las que se desarrollaron actividades residenciales, turísticas, lecheras y de tala de árboles. En julio pasado, la Sala IV ordenó al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, identificar los terrenos en seis meses y coordinar las acciones para recuperarlos, en los seis meses siguientes, en resguardo de las fuentes de agua.
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El pasado 4 de marzo, ante los diputados de la Comisión Especial sobre Asuntos de Heredia, el ministro afirmó que “todo el pueblo de Sacramento está dentro de la zona inalienable”.
Así lo dijo cuando el legislador Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), le preguntó si el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) había contactado a las instituciones que tengan infraestructura dentro de los territorios que el Estado debe recuperar.
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En entrevista con La Nación, la directora del Área de Conservación Central, Meryll Arias, afirmó que el Minae ya ha tenido acercamientos con la comunidad de Sacramento, mediante la asociación de desarrollo integral.
Sacramento es un pueblo ubicado a 2.260 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la entrada del volcán Barva, de acuerdo con datos del Minae.
El Ministerio también ha conversado con la Municipalidad de San Rafael, el otro cantón herediano que alberga propiedades que el Ministerio debe recuperar. La situación ha despertado preocupación en habitantes que alegan tener décadas de vivir en la zona, al amparo de un Estado que les permitió registrar sus propiedades, obtener servicios públicos y hasta hipotecar los bienes.
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La directora del Área de Conservación Central explicó que ya se cumplió con la etapa de identificación de los territorios.
Arias explicó que se identificó la existencia de 471 planos en la zona inalienable, los cuales suman 6.861 hectáreas.
Los terrenos que están en manos de privados, entre ellos el pueblo de Sacramento, equivalen al 18% de esa extensión (1.248 hectáreas). El resto de planos corresponde a tierras del parque nacional Braulio Carrillo (5.164 hectáreas) y la reserva forestal Cordillera Volcánica Central (448).
¿Qué pasará con quienes no cumplan requisitos?
Consultada sobre cómo se recuperarán los terrenos que hoy están en posesión de personas privadas, Meryll Arias indicó que se debe aplicar un debido proceso, ya establecido por la Procuraduría General de la República.
Para eso, se debe abrir un expediente sobre cada propiedad y, en una alianza establecida con el Registro Nacional de la Propiedad, hacer un estudio histórico de cada terreno, para ver cuándo se originaron los derechos que la persona en cuestión esté reclamando.
“El Registro nos está aportando los estudios de antecedentes que les vamos pidiendo, para ver cuáles personas serían titulares legítimas y cuáles eventualmente no cuentan con requisitos para autodenominarse titulares legítimos”, puntualizó Arias.
En los casos en que las personas no cumplan los requisitos, el Estado tiene que activar los mecanismos necesarios para recuperar la propiedad, sin que medie ningún pago.
Así lo confirmó también el ministro Tattenbach durante su comparecencia en la Comisión Especial de Heredia. El jerarca puntualizó que ya existen en estudio 184 expedientes sobre la legitimidad de propiedad de los terrenos y declaró que hay 42 casos resueltos.
“Estamos avanzando muy rápidamente. Ya hemos remitido dos informes a la Sala Constitucional y estamos por enviar el tercero”, dijo.
Agregó que el capítulo 2 de la ley 65 permite la creación de una comisión técnica que revisara o tomara decisiones sobre la medida exactamente de los terrenos de zona inalienable que el Estado debe recuperar, como patrimonio natural.
“Podríamos afinar más el lápiz de dónde son verdaderamente importantes o no las zonas de recarga hídrica, dónde las relaciones de esa misma ley permitiría afinar dónde se debe proteger y llegar a algo más preciso, más ambientalmente eficiente, para la desafectación o afectación de nuevas propiedades”, dijo Tattenbach.
Ante las declaraciones del ministro, los diputados lanzaron varias dudas, entre ellas si el Estado tiene los recursos para recuperar terrenos donde hay construcciones muy onerosas, millonarias, así como pueblos enteros.
A la liberacionista Kattia Rivera, Tattenbach le contestó que el Presupuesto del 2024 no contiene recursos para expropiaciones, y apuntó que hay terrenos que valen mucho en términos hídricos, pero tienen poco valor económico, así como otros que no valen tanto por lo hídrico, pero cuesta mucho expropiar.
Así mismo, el ministro les respondió a Rivera y a Gilberto Campos que la comisión técnica se encargará de hacer una propuesta, desde el punto de vista técnico, que podría variar las dimensiones de esa zona inalienable, aunque alegó que “el trazo no lo puede hacer”.
