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Tres diputados impidieron, este martes, la aprobación en primer debate del préstamo por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de los legisladores Pedro Muñoz Fonseca y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y de Wálter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN).
Estos congresistas pronunciaron discursos que se extendieron, en conjunto, por una hora y con ello evitaron que el crédito fuera sometido a votación en el plenario.
De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, un diputado puede hablar hasta por 20 minutos en el trámite del primer debate de un proyecto.
Si bien varios congresistas optaron por hacer intervenciones cortas, los tres mencionados optaron por gastar todo su tiempo.
Además, salvo el discurso de Solís Quirós, las alocuciones de Muñoz Fonseca y Muñoz Céspedes no tuvieron casi ninguna relación con el financiamiento con la entidad internacional.
En el caso del legislador del PIN, quien abrió el debate, se centró en hablar sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el precio de las medicinas.
También alegó que, en realidad, no era requisito aprobar la reforma al empleo público para acceder al empréstito del FMI.
Por su lado, Pedro Muñoz dedicó sus 20 minutos a hablar sobre el caso de presunta corrupción en la contratación de obras viales, conocido como Caso Cochinilla.
Además, el socialcristiano lanzó una serie de cuestionamientos contra la ahora exfiscala general Emilia Navas y a otras cabezas del Poder Judicial.
Pese a que Silvia Hernández, presidenta del Directorio legislativo, tenía la intención de extender la sesión lo suficiente para que se diera la votación en primer debate, tuvo que terminarla a las 6:38 p. m.
La decisión se tomó luego de que Patricia Villegas, también del PIN, le cediera sus 20 minutos a Wálter Muñoz para que realizara una nueva intervención.
Además, cuando un grupo de congresistas se percató, cerca de las 6 p. m., que Hernández ampliaría el horario, acudieron en tropel a la mesa del Directorio.
Algunos manifestaron preoupación porque preferían salir a la hora en punto y otros tenían sesión de la Comisión de Hacendarios, con audiencia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que la presidencia tiene toda la potestad de levantar la sesión del plenario después de las 6 de la tarde, en el momento en que lo considere necesario.
Vacaciones frenarán crédito del FMI
Aparte de que no se pudo realizar el primer debate este martes, las vacaciones también frenarán el avance definitivo del crédito con el Fondo Monetario.
Lo anterior obedece a que la primera votación podría realizarse el jueves próximo, pero el segundo y definitivo debate tendrá que esperar a la vuelta del receso.
Laura Guido, jefa del PAC, acusó de irresponsables a los congresistas que frenaron el avance del empréstito.
En particular, señalo que el socialcristiano Pedro Muñoz se dedicó a hacer “el control político que no hizo durante los días que estuvo dedicado a una campaña (para ser candidato del PUSC) que no le favoreció”.
Guido también criticó que se dieran discursos de la defensa a la CCSS, pero que a la vez se impidiera la votación de un crédito que le daría $178 millones a esa institución.
La jefa oficialista había intentado, desde el jueves pasado, que los jefes de las fracciones políticas acordaran darle debate al crédito antes de irse al receso de medio año.
No obstante, los intereses de las bancadas se centraron en darle luz verde, primero, a otras iniciativas.
¿Qué es el crédito del FMI?
El financiamiento proviene del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Tiene un plazo de diez años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%, aproximadamente.
Luego de la aprobación del empréstito en el Congreso, se recibiría un primer desembolso por $292 millones, mientras que el resto de los giros se irían realizando contra evaluaciones semestrales del Fondo.
En esas revisiones se verificará el cumplimiento de las metas convenidas entre el país y el FMI, en cuanto a reducción de la deuda pública y aumento de los ingresos.
El acuerdo implica lograr un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el 2023.
Además, el Gobierno está comprometido a reducir la deuda respecto del PIB a partir del 2023, hasta que llegue al 50% de la producción en el 2035.
Antes de que se dictaminara el crédito en la Comisión de Hacendarios, los diputados aprobaron destinar un 10% de los fondos al pago de la deuda que tiene el Estado con la CCSS.
