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Un Tribunal de Conciencia, organizado en San José, Costa Rica, encontró al Estado de Nicaragua culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra opositores civiles a los cuales torturó mediante violencia sexual durante la crisis política del 2018.
El Tribunal, organizado por la Fundación Arias para la Paz, llegó a esa conclusión después de haber revisado pruebas, peritajes y testimonios de 18 nicaragüenses víctimas de tortura sexual a manos del régimen de Daniel Ortega.
“No cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, afirmó Almudena Bernabeu, una de las juezas.
Bernabeu explicó que, si bien se examinó el testimonio de 18 personas, lo que podría representar un obstáculo para identificar patrones y sistematicidad, las evidencias evaluadas fueron suficientes para corroborar el crimen de lesa humanidad.
El Tribunal constató que todas las personas fueron detenidas de manera arbitraria y trasladadas a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país; una vez allí, fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales.
Asimismo, todas las víctimas fueron sometidas a torturas y vejaciones sexuales similares, dentro de las que destacan ataques sexuales en grupos de hasta 15 perpetradores, violaciones anales mediante la inserción de objetos como escopetas, quema de genitales con ácidos y abortos forzados a golpes.
Posteriormente, las víctimas también recibieron amenazas hacia sus familiares, especialmente hacia los hijos menores de edad de los detenidos.
“Este tribunal concurre con la determinación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y resuelve que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad”, dicta parte de la sentencia.
El tribunal lo conformaron Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio Montejo y Sonia Picado Sotela, expertas internacionales en defensa de derechos humanos.
Las agresiones se dieron entre abril y agosto del 2018, contra 11 mujeres y siete hombres, cuando fueron detenidos por simpatizantes de Ortega durante la crisis política generada ese año en Nicaragua.
De las víctimas, siete eran estudiantes universitarios, tres laboraban como profesionales, uno era agente de seguridad y los restantes siete se dedicaban a labores varias; todos tenían edades entre los 19 a 38 años de edad.
Dos estaban involucrados con el gobierno de Ortega, tres contaban con experiencia en campañas electorales y activismo social, mientras que los otros 13 era la primera vez que participaban en marchas en apoyo a estudiantes y los rebajos de las pensiones.
Las pruebas demuestran que los participantes en las capturas estaban armados, algunos portaban armas de guerra como fusiles AK – 47, fusiles de francotirador Dragunov, M–16 o armas de uso civil como escopetas calibre 12, pistolas o revólveres.
Otra de las características es que los opresores utilizaban uniformes policiales y ropa camuflada; también vestían de civil y usaban pasamontañas o capuchas.
Las juezas confirmaron la existencia de la verticalidad de mando, donde una persona daba la orden y el resto le obedecía
Según afirmaron las víctimas, ellos identificaron por su acento a algunos agresores como extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos.
Sentencia llama a la justicia en Nicaragua
El Tribunal exhorta a organismos de protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas ( ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a prevenir que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse, sancionar a los responsables de los hechos probados y reparar en forma integral y transformadora a las víctimas del delito.
“Se insta a la comunidad internacional para que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua, convocados a intensificar la presión para que se dé un cambio democrático y la protección de las organizaciones civiles de Nicaragua que están siendo atacadas”,indica.
Asimismo, llama al pueblo de Nicaragua a exigir elecciones libres y transparentes, donde se cuente con la presencia y observación internacional para que se permita al país retornar a una verdadera democracia.
También, se insta a las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y a la Fundación Arias para la Paz, quienes han unido esfuerzos para conformar la Plataforma de Acceso a la Justicia, a presentar la denuncia ante una instancia internacional.
Medidas de reparación del daño
El Tribunal propone una serie de medidas de reparación integral del daño de los sobrevivientes, por parte del Estado nicaragüense.
Como recomendación, está el establecimiento de un Programa Administrativo de Reparación Integral del Daño, que incluya tanto las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición de estos crímenes de lesa humanidad y compensación económica a las víctimas.
Se hace énfasis en la necesidad de atención de los niños, ya que estos han sufrido las consecuencias de separarse de sus madres y familiares, por lo que requieren de programas para su tratamiento.
Como medidas de rehabilitación, se propone el apoyo para el retorno digno y en condiciones de seguridad, pues los afectados viven en el exilio en condiciones difíciles y con temor constante.
Se solicita la creación de un programa para la reinserción de las víctimas en el trabajo y la recuperación de su proyecto de vida, que brinde becas de estudio o apoyos para proyectos productivos o negocios.
También, se busca que se den garantías de no repetición, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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