EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de la tentación de caer en “reformas involucionistas” en el manejo del dinero de la deuda política, en caso de que los diputados aprueben una reforma constitucional que permitiría a los partidos políticos cobrar la contribución del Estado sin tener que comprobar los gastos de campaña.
Añadió que se opondrá “férreamente” a cualquier intento por generar opacidad, legitimar abusos o de dejar impunes usos inadecuados de los recursos partidarios.
La advertencia es parte del pronunciamiento del TSE sobre el proyecto 20.117, el cual reformaría el artículo 96 de la Constitución Política. Este es el numeral que regula el aporte del Estado a los partidos políticos.
Actualmente, la carta magna establece que, para recibir la contribución estatal, “los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”. Sin embargo, este proyecto, que se discute en una comisión especial de la Asamblea Legislativa, eliminaría esa frase. Con ese cambio, ya no existiría fundamento constitucional para exigir a los partidos demostrar que incurrieron en un gasto de campaña, a fin de acceder al dinero público.
Sobre ese punto, los magistrados electorales expresaron el pasado 22 de marzo: “La iniciativa apuesta por un cambio paradigmático en lo que refiere al financiamiento público de las agrupaciones políticas, al querer migrar del actual modelo de liquidaciones y de reembolso del gasto a un esquema de costo por voto, según el cual —luego de los comicios— la autoridad electoral divide el monto total de la contribución del Estado entre los sufragios válidamente emitidos, para saber a cuánto dinero equivale un voto, cifra que se multiplicará por el apoyo ciudadano que tuvo cada agrupación con derecho a tal financiamiento público.
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“Así se sabrá cuál será el importe que se le repartirá a cada partido. Esa entrega no se encuentra supeditada a comprobación alguna de gastos. Esta magistratura electoral considera que la decisión acerca de cuál será el modelo de financiamiento público que regirá en el sistema electoral es de naturaleza política.
“Corresponde a los partidos representados en el Parlamento, en su dimensión de interlocutores privilegiados del diálogo político, determinar cuál es la mejor forma para otorgar el dinero del erario a las agrupaciones; eso sí, en ese proceso deliberativo debe escucharse a diversos actores y grupos, por la trascendencia que traería consigo el eventual cambio.
“Costa Rica es uno de los pocos países de la región que no prevé el pago directo por caudal electoral, por lo que, si se deseara trasladarse a esa modalidad, debe reflexionarse cuidadosamente acerca de sus pros y sus contras.
“Por ejemplo, tal reforma mejoraría el tiempo en el que los partidos recibirían los recursos, pero si eso no se acompaña de un desarrollo legal favorable a una fiscalización robusta ex post (luego de entregado el dinero), se podrían generar dificultades en la recuperación de los recursos cuando se logren determinar irregularidades en el manejo del patrimonio del respectivo partido.
“Es fundamental —de aprobarse la propuesta— que el legislador transforme los controles existentes sin desmejorarlos, en tanto podría caerse en la tentación de reformas involucionistas en el estrato legal, capaces de generar opacidad, de legitimar abusos o de dejar impunes inadecuados usos del dinero partidario, ruta que iría en contra de la transparencia y a la que este Tribunal se opondría férreamente”.
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Evitar reforma
La comisión legislativa que discute este tema es presidida por la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Ella manifestó que buscaría mantener la comprobación de gastos electorales.
La comprobación del gasto ha permitido al TSE descubrir casos de agrupaciones que fingieron gastos para cobrar la deuda política, como ocurrió con el PAC y el Movimiento Libertario (ML).
El PAC simuló contratos de servicios especiales y el Libertario fingió capacitaciones, lo que conllevó sanciones penales para dirigentes y cobros de indemnizaciones para las agrupaciones. Además, hay casos bajo investigación, como el de las vallas publicitarias del Republicano Social Cristiano (PRSC) que, al parecer, fueron falsas.
Cambios avalados
Por otra parte, los magistrados electorales encontraron virtudes en las demás partes de este proyecto de reforma constitucional.
El plan fijaría en un 0,11% del producto interno bruto (PIB), en vez de un 0,19%, el monto destinado para la deuda política e introduciría la figura de financiamiento indirecto para las campañas. Los magistrados recordaron que, para el proceso actual, el financiamiento fue incluso menor: un 0,085%, equivalente a ¢19.800 millones que se repartieron entre ocho partidos.
En cuanto al financiamiento indirecto, el TSE consideró que ese sería un “avance mayúsculo”.
Ejemplos de financiamiento indirecto son pagos del TSE como transporte público gratuito para los votantes, acceso a espacios en medios, impresión de planes de gobierno y exención de impuestos a las donaciones.
Al respecto, los magistrados indicaron que, en diversas ocasiones, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) ha subrayado la necesidad de que el Estado pague franjas electorales, en medios, para lograr un mínimo de visibilización de todas las fuerzas políticas.
“Esta medida, recomendada por anteriores misiones de la OEA, no solo fortalecerá la equidad de la competencia electoral, sino que contribuirá a mejorar el estado financiero de los partidos políticos, dado que la publicidad constituye uno de los principales rubros de gasto de las campañas”, mencionó el TSE.
Costa Rica y Honduras son los únicos países en América Latina que no contemplan algún mecanismo estatal para que los partidos políticos puedan acceder a pauta publicitaria sin que medie pago.
Otro de los aciertos del proyecto, según el TSE, es la constitucionalización del financiamiento para las elecciones municipales.
El Tribunal lamentó que no se aproveche el proyecto para analizar mejoras en el rediseño del financiamiento anticipado, también conocido como “adelanto de deuda”.
Esta propuesta fue presentada a la corriente legislativa en el año 2016. En ese momento, tuvo el apoyo de los entonces parlamentarios Antonio Álvarez, Fabricio Alvarado, Mario Redondo, Patricia Mora, Otto Guevara, Natalia Díaz y Gerardo Vargas.
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