El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó este viernes a la Asamblea Legislativa su inconformidad por la decisión de los diputados de avanzar con tres reformas que ponen en riesgo el sistema electoral de Costa Rica.
Por considerarlo inconstitucional, el órgano electoral rechazó el proyecto para unificar nuevamente las elecciones municipales con las nacionales (de presidente y diputados). Según los magistrados, este plan dispararía el gasto electoral, violaría el derecho a realizar un voto informado al invisibilizar a los municipios y no corregiría el desencanto del electorado con los partidos políticos.
Además, objetó la reforma constitucional para reducir el tiempo entre la primera y la segunda electoral, de manera que el balotaje se efectúe, a más tardar, el tercer domingo de marzo. Para el TSE, el plazo actual de dos meses garantiza la solidez electoral que distingue a Costa Rica. Acortar el periodo provocaría una afectación de garantías esenciales en la “pureza” del sufragio.
Ante el escenario de que los comicios nacionales y locales se unifiquen, los magistrados consideran imposible hacer el escrutinio definitivo de una “megaelección” mientras, a la vez, se organiza la segunda ronda presidencial.
El tercer plan rechazado por el TSE es que el que ordenaría el conteo manual de votos cuando las diferencias sean de determinados tamaños, por ejemplo de 500 votos para el caso de alcaldes y de 1.000 para diputados. Considera “incoherente” añadir un tercer factor que complique aún más el panorama, pues el escrutinio se extendería por más tiempo y requeriría la contratación de personal extra.
En la sesión del pasado jueves 22 de febrero, los magistrados también acordaron exponer al Congreso su preocupación por el hecho de que no han avanzado las reformas planteadas por el TSE sobre financiamiento electoral, uso de troles e inscripción de partidos políticos.
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“Debemos manifestar nuestra honda preocupación. No solo por el escaso avance de las apremiantes reformas que propusimos, sino, sobre todo, porque se están perfilando como prioritarias iniciativas que, no obstante ser legítimas, en sí mismas son regresivas o, en su conjunto, ponen en grave riesgo el proceso electoral costarricense”, advirtieron los jueces.
Exigen respetar separación de elecciones
El pronunciamiento surgió después de que, el miércoles, la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado dictaminó positivamente el proyecto de ley para unir las elecciones municipales con las nacionales.
Este proyecto fue aprobado con votos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y la fracción del gobierno de Progreso Social Democrático (PPSD).
“Defendemos la autonomía de las elecciones municipales porque estamos convencidos de que los costarricenses tienen el derecho, no solo de votar, sino de votar de manera informada, teniendo el tiempo para discutir los desafíos específicos de cada cantón y valorar a las personas y las propuestas que tienen para asumir esos cargos. Así se construye democracia, desde abajo, desde la comunidad cantonal, basamento de la gran comunidad nacional que es el país”, manifestaron los magistrados.
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En el documento enviado a Rodrigo Arias, diputado presidente del Poder Legislativo, los magistrados agregaron que las justificaciones utilizadas por los diputados para promover la iniciativa no son válidas.
“Las dos razones esgrimidas por la comisión para dar ese paso hacia atrás, aunque comprensibles desde un punto de vista político, carecen de sustento técnico”, indica el oficio.
Los legisladores insisten en que la unificación producirá un ahorro estatal, lo cual no es de recibo para el Tribunal.
El TSE considera que la planificación e impresión de las papeletas para los comicios municipales, unidas a las de las nacionales, produciría una “megaelección” que dispararía el costo de los procesos electorales a montos nunca antes vistos.
“Unificar las elecciones no generaría un ahorro significativo de recursos. Como le hemos detallado al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el costo de la organización de esa pretendida megaelección (muy superior en electores, partidos, circunscripciones, cargos a elegir y papeletas distintas a las que hacíamos antes de la separación de las elecciones en 1998) se incrementaría exponencialmente”, advirtieron.
Además, desde el TSE, rechazaron que la unificación de procesos reduzca el abstencionismo, pues la razón por la que los electores no acuden a las urnas es el descontento con las propuestas partidistas.
“Todos los estudios de opinión y comportamiento electoral son consistentes en que, en Costa Rica, las personas no se abstienen porque ir a la escuela del barrio por unos minutos cada dos años les resulte muy trabajoso y preferirían hacerlo cada cuatro. La razón principal de su abstención es que no les atraen las propuestas, ideas y personas que les están ofreciendo los partidos políticos. Y esa valoración, esté o no justificada, no va a cambiar con la unificación de las elecciones”, agregaron.
Criterio advirtió inconstitucionalidad
En un criterio enviado al Congreso por Eugenia Zamora, presidenta del TSE, el Tribunal alertó que el proyecto de unificación de elecciones es inconstitucional, ya que profundizaría la inequidad de la contienda, debido al tipo de financiamiento político que utilizarían los partidos nacionales y los cantonales en un proceso unificado.
Las agrupaciones que participan en las elecciones nacionales pueden acceder a la figura de bonos de deuda política para financiar su campaña; sin embargo, esta opción no está permitida para los comicios municipales, lo que podría llevar a los partidos políticos de mayor escala a invisibilizar a los movimientos cantonales.
En el documento, enviado desde octubre de 2022, el TSE objetó el proyecto e informó a los parlamentarios de su negativa, la cual terminó siendo ignorada.
Debido a la objeción del órgano electoral, el plenario tendría que aprobarlo con al menos 38 votos.
En esa ocasión también se advirtió que el plan podría generar “voto de arrastre”, un efecto psicológico que lleva a los votantes, atraídos por un candidato principal, a votar por los otros candidatos de la misma agrupación política sin conocerlos. Esto podría hacer que los grandes partidos logren más alcaldías, ya que los votantes de un candidato presidencial podrían apoyar, sin conocerlos, al candidato a alcalde de la misma agrupación.