EscucharLa legislación electoral no establece como ilegítimo el uso de troles en una campaña electoral, por lo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no tiene las herramientas legales para combatir la desinformación que pueda generarse, desde el anonimato.
El vocero del TSE, Gustavo Román, aclaró que en el país no hay ninguna norma que establezca como ilícito o falta, el troleo o la compra de servicios de un trol.
“Un órgano como el TSE solo puede perseguir y sancionar lo que la ley establezca. Habrá cosas que nos parecerán inmorales para la democracia, pero esa consideración no alcanza para desarrollar una investigación”, explicó Román.
No obstante, aclaró que lo que sí puede ser objeto de investigación por parte del órgano electoral son los asuntos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos, por pagos o eventuales pagos a troles.
Román aseguró que la eventual existencia de desembolsos ocultos a estos personajes constituiría una falta electoral, pues las agrupaciones están obligadas a reportar sus gastos.
Incluso, deben reportar las contribuciones en especie, o sea, aquellos bienes o servicios que una persona preste, sin que medie un pago. La intención es transparentar los gastos, para tener claro cómo se financiaron y así evitar el uso de dineros ilícitos.
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Investigación en curso
De hecho, el pasado 4 de enero, el TSE abrió una investigación preliminar por los supuestos servicios prestados por Alberto Vargas Zúñiga, desde el perfil del trol Piero Calandrelli, durante la campaña electoral del 2022.
La pesquisa está relacionada con la “presunta prestación de servicios sin costo de publicidad y divulgación de información falsa y propagandística en redes sociales”, según informó el órgano electoral.
El pasado miércoles, en la Asamblea Legislativa, Vargas Zúñiga aseguró haber colaborado de manera ad honórem con el Partido Acción Ciudadana (PAC) hasta junio del 2021 y que luego comenzó a ayudar voluntariamente, “sin recibir instrucciones de nadie”, con la campaña de Rodrigo Chaves, entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Así lo declaró ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento en la campaña del 2022. Sostuvo que, posteriormente, la entonces aspirante a diputada del PPSD, Pilar Cisneros, lo instó a unirse a la campaña y le pasaron materiales de corte propositivo.
Añadió que, luego de que Progreso Social Democrático logró el pase a la segunda ronda electoral, fue contactado por Joselyn Chacón, quien en aquella época era jefa de campaña y en la actualidad, es ministra de Salud. “Ahí empieza mi relación laboral con ella”, manifestó.
Según declaró, recibió ofrecimientos de pagos de ¢145.000 por semana, por utilizar su personaje ficticio para atacar a medios de comunicación, periodistas, diputados y difundir contenido en favor del candidato del PPSD. Agregó que ese dinero todavía se lo adeudan.
El trol señaló a la ministra de Salud; a Mayuli Ortega, funcionaria de la Presidencia; y a la diputada Cisneros como las autoras intelectuales de los contenidos que él difundía. Incluso, afirmó que las dos primeras le pagaron por sus servicios.
Además, aseguró que él formaba parte de una red de troles progobierno que, según afirmó, es dirigida desde Casa Presidencial.
El lunes pasado, en rueda de prensa, Chacón admitió haberle pedido a Alberto Vargas que atacara a periodistas y que le hizo tres pagos mensuales de ¢100.000. Aunque sostuvo que estos giros los hizo por “caridad” porque, aseveró, Vargas le dijo que afrontaba una difícil situación personal.
Durante esa conferencia, el presidente Chaves confirmó en su cargo a la jerarca de Salud, aunque admitió que ella había cometido “un error” al haber pedido al trol que atacara a reporteros del medio digital CRHoy. Alegó que ese error no se lo permitirá dos veces.
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Señales constantes
Las señales sobre la participación de troles en la campaña política se vienen percibiendo desde hace tiempo en el país. En abril del 2022, la empresa Meta, casa matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, descubrió que una red conformada por cientos de perfiles, páginas y grupos se dedicó a compartir contenido sobre los candidatos presidenciales antes de los comicios de ese año.
En su informe, Meta explicó que en el combate a esa red eliminó 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, dos grupos y 27 cuentas de Instagram. También bloqueó en sus plataformas a una agencia de relaciones públicas con sede en Costa Rica.
Luego, en junio del 2022, un estudio elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Observatorio de Comunicación Digital del Centro de Investigación en Comunicación de la UCR y la firma COES reveló un aumento del 71% en los mensajes de odio que circulaban en redes sociales en Costa Rica.
Dicha investigación concluyó que la campaña electoral fue el principal disparador de esos contenidos, principalmente dirigidos contra mujeres, población LGTBIQ+, medios de comunicación, afrodescendientes, extranjeros y periodistas.
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