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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó abrirle un procedimiento administrativo a Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica y secretaria del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por haber donado dinero a la campaña de Carlos Alvarado; aspirante a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Las donaciones que realizó Bejarano Hernández fueron por sumas de ¢55.000 y $100 indica la resolución del TSE N.° 666-E6-SE-2018 del 31 de enero de 2018, en respuesta a una denuncia por beligerancia política en su contra que interpuso el diputado de Frente Amplio y sindicalista del ICE, Jorge Arguedas.
El artículo 146 del Código Electoral indica que los empleados públicos tiene prohibido dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político; y los jefes inmediatos de dichos empleados serán los responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición.
Esta misma disposición hace un listado de los funcionarios que no podrán participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género.
Entre ellos figuran los presidentes ejecutivos, miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas.
La Inspección Electoral concluyó que la denunciada, en su condición de directora jurídica y Secretaria del consejo directivo del ICE, no la afecta la prohibición más gravosa del artículo 146, debido a que sus donaciones a favor de la candidatura de Alvarado Quesada no constituyen una vulneración de la imparcialidad que, como funcionaria pública, está llamada a observar.
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Los cargos que ocupa en la estructura del ICE se catalogan, conforme a la investigación realizada por la Inspección Electoral, como de naturaleza administrativa y, en consecuencia, solo le imponen el deber de observar la prohibición genérica del primer párrafo del artículo 146 antes citado.
"El cargo de Directora Jurídica del ICE, que ostenta la investigada, no aparece enumerado en la lista de cargos públicos que, por decisión del legislador, están afectos al régimen de prohibición absoluta", indica el texto de la resolución.
Inconformes
El diputado Arguedas se mostró en desacuerdo con el TSE y añadió que revisará si cabe apelar la decisión debido a cambios de puestos que se aproximan en el ICE, donde Bejarano Hernández quedaría en el cargo de directora jurídica corporativa de la entidad.
"Para nadie es un secreto que esa es la persona que maneja la institución. Absolutamente todo, sus criterios jurídicos mandan ahí. Esa señora ha tomado un poder enorme y muy estratégico. Se ve así que, con pequeñas cuotas de dinero, se asegura el puesto aún sin ser nunca simpatizante del PAC", aseguró Arguedas.
Esa tesis también la comparte Mario Redondo Poveda, diputado y aspirante presidencial del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC).
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Redondo Poveda denunció hace dos semanas que a meses del cambio de administración, la actual dirigencia del Grupo ICE “apura una reestructuración que generaría nuevos puestos de jerarquía, en dónde estarían dejando nombrados a los actuales amigos de gobierno”.
Según el legislador, esto es un “ejemplo más de las acciones de miembros del actual gobierno por mantener la red de cuido, dejando acomodados a sus cercanos colaboradores”.
Como parte de los cambios hacia un "gobierno corporativo" del ICE, un acuerdo del Consejo Directivo 6111 del 22 de octubre 2014, indica que la futura División Jurídica Corporativa, a cargo de Bejarano, sí está adscrita a la Presidencia Ejecutiva del ICE; un órgano político.
