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Más de 30.000 personas han firmado de manera digital una petición para pasar la fecha en que se realizará la votación de segunda ronda del 1.º al 8 de abril. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró que para poder hacer esa variación se necesita una reforma constitucional y no una recolección de firmas.
"Este tipo de iniciativas pueden hacer que una autoridad cambie de decisión cuando se trata de la decisión de una autoridad, pero esta no es la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones", señaló a La Nación el asesor político del TSE, Gustavo Román.
La propuesta, que se difunde por medio de la plataforma change.org, plantea retrasar la celebración de los comicios "para permitir que el mayor número posible de votantes puedan ejercer el derecho ciudadano del voto", esto debido a que la fecha coincide con la celebración del Domingo de Resurrección.
"De mantenerla para el 1.º de abril, un porcentaje enorme de votantes no estarán cerca de sus domicilios, o incluso estarán fuera del país, dada la coincidencia de eventos en esa fecha", indica la petición.
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Román explicó que la exigencia de celebrar la segunda ronda el primer domingo de abril está fijada en la Constitución Política, la cual no le da al Tribunal un margen de discrecionalidad.
"No se autoriza a que defina la fecha, ni la fecha se pone como una sugerencia en la Constitución, está fijada y el Tribunal tiene que acatarla", indicó el funcionario.
La fecha para una eventual segunda ronda podría acortarse en el futuro, gracias a un proyecto de ley que los diputados aprobaron en primer debate el pasado 24 de enero.
Esta iniciativa reduce a un mes el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral. Sin embargo, la modificación en la normativa aún tiene que ir a consulta a la Sala Constitucional y por tratarse de una reforma a la Carta Magna, debe ser aprobado en dos legislaturas.
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El vocero del TSE indicó que tampoco la coincidencia de la fecha con las celebraciones católicas supone un caso de fuerza mayor que obligue a los jueces electorales a hacer una excepción, como puede ocurrir si se llegara a presentar un desastre natural.
"Yo creo que es evidente que este no es un caso de fuerza mayor, simplemente hay una responsabilidad ciudadana de reajustar cada quien su agenda personal, bajo el entendido de que tenemos una responsabilidad como sociedad de tomar una decisión que va a impactar nuestras vidas durante los próximos cuatro años", manifestó Román.
