EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” en la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y de su Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de cara a las elecciones de febrero y abril pasado.
Así consta en un informe enviado por el TSE al Ministerio Público (órgano acusador del Estado), donde existen dos causas abiertas en las que se investiga “todo lo relacionado con el financiamiento del PPSD”. La Fiscalía precisó que Chaves figura como investigado.
En el documento de 150 páginas, con fecha del 8 de junio del 2022, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE señala que la campaña de Chaves se habría favorecido de dos estructuras paralelas, es decir, de recursos que no pasaban por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.
Una primera estructura habría estado vinculada al polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue administrado por la sociedad ATA Trust Company, vinculada al actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y con participación del banquero Jack Loeb Casanova.
“Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S. A.”, expone el informe IDI-DFPP-001-2022, elaborado por el TSE.
Luego de captar dinero de diversas personas, sin que el origen fuese reportado al TSE, esta estructura habría cancelado facturas por poco más de ¢95 millones, como el alquiler de la sede del PPSD en San José ($5.000 mensuales) —casa de campaña de Chaves—, gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.
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La segunda estructura señalada por el TSE tiene relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una asistente de administrativa de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero, y quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.
Ella habría recibido más de $195.000 en sus cuentas en el Banco Nacional (BN) de parte del banquero Jack Loeb, y reconoció a La Nación, en marzo pasado, que esos recursos se usaron para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.
Al respecto, el TSE indicó: “El señor Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar, en beneficio de la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria (Waldo Agüero), habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre del 2021 y hasta el 28 de febrero del 2022″.
El informe fue remitido por el TSE a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA); sin embargo, como las causas se siguen contra el presidente Rodrigo Chaves, ahora le corresponde a la Fiscalía General tramitar y dirigir las pesquisas.
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TSE: Miembros de la cúpula del PPSD sabían del fideicomiso
El TSE determinó que la estructura del fideicomiso Costa Rica Próspera “se habría desarrollado y ejecutado con el conocimiento y participación de miembros de la cúpula del partido Progreso Social Democrático, diseñada para el beneficio directo de esa agrupación y de varias de sus candidaturas″.
Entre “las principales personas intervinientes en el primer presunto esquema paralelo de financiamiento partidario y posibles delitos conexos”, el órgano electoral enlistó a 20 personas, entre ellas, el presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, el empresario Jack Loeb, el canciller Arnoldo André, la asistente administrativa Sofía Agüero y tres diputados del PPSD: Luz Mary Alpízar (quien también es presidenta del partido), Paola Nájera y Waldo Agüero.
En cuanto a la segunda estructura, el TSE dijo que se habría desarrollado “a espaldas del PPSD, diseñada para el beneficio directo de la candidatura a diputación” de Waldo Agüero.
Como intervinientes de este esquema, el informe cita a Loeb, a Agüero y a su hija, Sofía Agüero. Sin embargo, el Tribunal advirtió de que estos hallazgos tienen corte al 30 de mayo del 2022 y que podrían ampliarse en un informe final —cuando concluyan todas las pesquisas—, pues todavía falta revisar información bancaria.
“El alcance real de esta segunda presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para impulsar la candidatura particular del señor Agüero Sanabria”, cita el informe en poder del Ministerio Público.
Estas dos aparentes estructuras paralelas de financiamiento inicialmente fueron reveladas y dadas a conocer por La Nación. La primera el sábado 5 de marzo y la segunda, el martes 29 de marzo.
Este diario buscó una reacción del presidente Chaves y el vicepresidente Brunner sobre el informe del TSE, mediante una gestión hecha a la oficina de prensa de Casa Presidencial; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Los artículos de la ley
El TSE le indicó a la Fiscalía que estas vías de financiamiento podrían configurar, según cada caso, los delitos tipificados en los artículos 273, párrafo primero; 274, incisos d y e; 275, párrafo primero e incisos a, b y c; y 276, inciso d, del Código Electoral.
Esos apartados no solo sancionan con penas de hasta seis años de cárcel el pago de facturas y la recepción de contribuciones, donaciones o aportes a candidaturas y precandidaturas mediante estructuras paralelas, sino que también castigan la recepción de contribuciones, donaciones o aportes privados proveniente de fuentes prohibidas, como sociedades anónimas o personas extranjeras.
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El almuerzo en el Club Unión
Entre los hechos anotados por el TSE, se indica que el fideicomiso “incurrió en gastos de naturaleza electoral y de organización política que ascienden a ¢35.747.749,88 y $310.666,42. Estas erogaciones, según se deriva de los estados de cuenta bancarios suministrados por el Banco Nacional de Costa Rica y del propio dicho de ATA Trust Company S. A.”.
Menciona que Costa Rica Próspera cubrió facturas del Partido Progreso Social como “servicios básicos (agua, luz e Internet) y la contratación y liquidación de personal de campaña o servicios profesionales”.
También citó el pago mensual del alquiler de la casa de campaña que Rodrigo Chaves y el PPSD tenían en barrio La California: “El señor Jack Frederic Loeb Casanova pagó, el 12 de marzo del 2021, la suma de $10.000 a Minos S. A. por el alquiler de su propiedad durante el mes de mayo del 2021 y el depósito en garantía respectivo. Los pagos efectuados en adelante, entre los meses de junio y setiembre de 2021, fueron asumidos por ATA Trust Company S. A., en su condición de fiduciaria del fideicomiso del grupo CRP, ascendiendo a $20.000″.
De igual forma, se mencionan a pagos por servicios de publicidad a la firma Madisson Revolution y a otras dos compañías que fueron pagados con recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera, o bien, directamente de las cuentas del empresario y banquero Jack Loeb.
El Tribunal también citó que Rodrigo Chaves usó las cuentas del fideicomiso para pedir donaciones en favor de su campaña, en un almuerzo previsto para realizarse en el Club Unión, el 5 de agosto del 2021, en el que la cuota de asistencia era de $1.500.
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