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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga supuestas donaciones ilegales de viajes aéreos a la campaña presidencial de Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional (PRN).
Así lo confirmó Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, la mañana de este martes.
"Estamos en el desarrollo de un estudio que versa sobre presuntas donaciones de personas jurídicas a Restauración Nacional (...). Siendo que esto está cubierto por el velo de confiabilidad, lo único que puedo decir es que refiere a un asunto con el pago de servicios aéreos", dijo Chacón.
El Código Electoral sanciona con una pena de prisión de dos a cuatro años de cárcel a quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, done dinero o en especie, a favor de un partido político.
Ese mismo castigo se contempla para el tesorero del partido que directa o indirectamente reciba donaciones de personas jurídicas.
Helicópteros para gira de Alvarado
Al 31 de marzo anterior, el PRN solo había consignado una donación de viajes aéreos, la cual se reportó el 18 de febrero, 14 días después de la primera ronda.
Se trata de dos helicópteros que fueron usados por Fabricio Alvarado y personeros de Restauración durante una gira por Costa de Pájaros, la isla de Chira y Lepanto.
Ante el TSE, el partido indicó que esos viajes costaron ¢2,2 millones ( $3.770 ), que fueron contratados a la empresa Aerobell y que fueron pagados mediante una donación en especie por el "ganadero" Paulo Rodríguez Herrera.
"Donación transporte aéreo ruta Pavas - Costa de Pájaros - Isla Chira -Jicaral-Pavas. Traslado personeros del partido contrato a Heliservicios Aerobell S. A. por $3.770". Así se justificó en el estados financieros entregados al TSE, al cierre de marzo.
El 20 de febrero, cuando trascendió el uso de los helicópteros, el equipo de campaña del PRN envió un comunicado de prensa, en el cual informó: "Fabricio Alvarado aclara que dinero de helicópteros fue donación y fue coordinado por el equipo de campaña de Puntarenas, las aeronaves pertenecen a los empresarios Francisco Jiménez y Marco Montealegre".
"El dinero para su alquiler fue donado, en especie, por el empresario ganadero Pablo Rodríguez Herrera. Y toda la documentación será presentada al Tribunal Electoral".
Pesquisas en el TSE
El 21 de mayo, ante una consulta de La Nación, el TSE confirmó que esos vuelos están siendo investigados y que, incluso, ya se habían realizado una serie de pesquisas.
"En el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos existe un proceso de investigación preliminar abierto por estos hechos, del cual se originaron oficios de solvencia económica, de corroboración de información a la empresa Aerobell y de solicitud de información a entidades financieras".
"En este contexto, los resultados obtenidos en este proceso de investigación estarían cobijados por el principio de confidencialidad en atención a lo regulado por el numeral 15 del Reglamento sobre el financiamiento de Partidos Políticos", escribió Rónald Chacón, en un correo electrónico.
En esa comunicación, además, se consigna que Rodríguez Herrera pagó una parte en efectivo, $1.640, y el resto ($2.130) mediante dos transferencias bancarias.
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Nueva investigación
Esas pesquisas se sumaron a otra investigación preliminar que el TSE decidió iniciar este martes, sobre la forma en que se financió la campaña de Fabricio Alvarado.
Las nuevas pesquisas son en respuesta a las declaraciones que dio ayer lunes el presidente de Restauración, Carlos Avendaño, quien dijo que hubo una estructura paralela, que se coordinó al margen de la administración del partido.
"Esto ha generado una nueva investigación, en aras de arribar a un juicio de probabilidades suficiente que permita identificar o bien descartar, posibles infracciones al marco normativo y de ser el caso, los eventuales responsables (...)".
"Eventualmente, el informe sobre presuntas responsabilidades se pondría en conocimiento de la Dirección General de Registro Electoral para que esta, a su vez, lo ponga en conocimiento del pleno de los magistrados, para que en definitiva se decida la remisión o no del caso a la instancia pertinente, al tratarse de un punto de naturaleza penal, su remisión tendría lugar al Ministerio Público", dijo Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Agregó que no hay un plazo para concluir las averiguaciones, pero que harán los análisis a la brevedad posible.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó a La Nación que, de momento, no existe una causa penal abierta por los hechos denunciados por Carlos Avendaño y que esperarán el informe que salga del Tribunal.
"Actualmente se coordina con el TSE todo lo relacionado con ese tema, dado que es esa entidad la que se encarga de realizar las investigaciones por delitos electorales. Lo anterior significa que el TSE investigará y luego remitirá su informe a la Fiscalía, con toda la prueba que haya logrado recuperar", informó la oficina de prensa del Ministerio Público en un correo electrónico.
