EscucharLos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenaron levantar el secreto bancario de cinco personas vinculadas con el polémico fideicomiso que captó donaciones para financiar, presuntamente al margen del sistema de transparencia pública, la campaña del candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los jueces electorales tomaron la decisión este miércoles, confirmó a La Nación Andrei Cambronero, letrado del TSE, en una llamada telefónica.
“El día de hoy, a las 11:45 a. m., el Tribunal emite la sentencia, en la cual acoge la solicitud del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en relación con el levantamiento del secreto bancario de cinco personas; el Tribunal ha ordenado el levantamiento. En relación con cuatro de ellas, lo ha hecho con las diferentes cuentas que tengan en los bancos del Sistema Bancario Nacional y, en relación con la restante, con una única cuenta”, expresó Cambronero.
Agregó que los nombres de las personas son confidenciales todavía, pues el caso está en investigación.
La sentencia fue emitida en el marco de una pesquisa sobre el aparente uso de una estructura paralela para cubrir gastos electorales de Chaves. El Código Electoral prohíbe estas vías de financiamiento y las castiga hasta con seis años de cárcel.
En febrero del 2021, Chaves y el empresario Jack Loeb crearon un fideicomiso llamado Costa Rica Próspera, bajo la administración de la sociedad ATA Trust Company, presidida por el abogado Arnoldo André Tinoco, quien tendría un cargo diplomático en un eventual gobierno del PPSD.
Desde marzo del 2021, la estructura se nutrió de ¢110 millones provenientes de 11 personas físicas y tres jurídicas. A la vez, pagó gastos de campaña hasta octubre del 2021; es decir, antes y después de que el Chaves fuese electo candidato presidencial del PPSD.
Antes de la primera ronda, el candidato se negó a revelar quiénes aportaron recursos para este fideicomiso, alegando que había una cláusula de confidencialidad que impedía dar los nombres. No obstante, que, reconoció este martes que tal cláusula nunca existió.
Petitoria
La solicitud de levantamiento bancario de cinco personas vinculadas a este fideicomiso fue planteada el 16 de marzo por el jefe del Departamento de Financiamiento de Partido Políticos del TSE, Rónald Chacón.
Los magistrados le encomendaron a este funcionario la tarea de gestionar con los bancos la entrega de la información solicitada, en un plazo que dependerá de la coordinación de Chacón con las entidades financieras.
“La diligencia se ha comisionado en don Rónald Chacón, quien fue quien hizo la solicitud (de levantamiento), como jefe del departamento y como órgano instructor de la investigación en curso, para que él, de forma coordinada con las entidades bancarias, se haga de la información. Deberá presentar la sentencia del Tribunal”.
“En la propia sentencia, se le hace ver a los funcionarios actuantes, o sea, quienes vayan a actuar la diligencia, que deben guardar absoluto resguardo de la información que obtengan de las entidades bancarias.
“No se establece plazo; lo que se estableció fue que don Rónald Chacón, quien es el encargado de hacer cumplir la resolución, coordine con las entidades bancarias”, manifestó Cambronero.
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Diligencia previa en BN
La semana pasada el TSE también ordenó al Banco Nacional entregar los estados financieros con que ATA Trust administró los recursos del polémico fideicomiso, en su calidad de fiduciario.
En esa ocasión, no se requirió del levantamiento del secreto bancario, sino que el Tribunal utilizó jurisprudencia de la Sala Constitucional, de los años 2003 y 2004, en la que se concluyó que cualquier cuenta bancaria que reciba dinero de un partido político es de interés público y, por ende, de acceso a cualquier ciudadano.
El fideicomiso pagó gastos por poco más de ¢95 millones, correspondientes al alquiler de la sede del Partido en San José —casa de campaña de Chaves— ($5.000 mensuales), gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.
Jurisprudencia electoral
Esta es la segunda vez en la historia, desde la creación del TSE en 1949, que los magistrados electorales ordenan levantar el secreto bancario de personas relacionadas con el financiamiento de partidos políticos.
La primera vez ocurrió el 22 de noviembre del 2018, cuando los jueces electorales pidieron abrir las cuentas de dos financistas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), en los bancos Nacional (BN) y Popular (BP).
Los magistrados tomaron esas decisiones con base en una interpretación que hicieron, en noviembre del 2015, del artículo 307 del Código Electoral. Esa norma dice así: “Las oficinas públicas están obligadas a suministrar, a los organismos electorales, todo dato o informe que estos pidan en relación con las funciones que les son propias”.
En aquel momento, concluyeron que el TSE es el órgano jurisdiccional que debe autorizar el levantamiento del secreto bancario y tributario de cualquier persona que dé o reciba dinero de una agrupación, cuando haya sospechas sobre el origen de sus recursos.
“El Tribunal debe tener a su disposición las herramientas jurídico-procesales necesarias para examinar y fiscalizar el uso de los recursos, a efectos de determinar, por un lado, si el gasto liquidado puede ser reconocido con dinero público y, por otro, para garantizar que el financiamiento proveniente de recursos privados tiene un origen legal”, consignaron en la resolución N.° 7285-E8-2015. Y agregaron: “El amplio acceso a información cubierta por el secreto bancario y tributario es de indudable trascendencia”.
La apertura de las cuentas bancarias la pueden ordenar los magistrados de oficio, o bien, por solicitud de la Dirección General de Registro Electoral o del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Anteriormente, solo los tribunales del Poder Judicial autorizaban el acceso a cuentas bancarias específicas para conocer todas las transacciones, tanto depósitos como egresos, o bien, a los registros tributarios de una persona para comprobar sus ingresos.
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