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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó que es “jurídicamente inviable” iniciar una investigación sobre el manejo de los recursos de las campañas electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC) para los comicios del 2002 y 2006.
El máximo órgano electoral concluyó que los hechos acontecidos en esas fechas ya habrían prescrito, pues ya pasaron más de 10 años, plazo máximo fijado por la ley para determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa de los sujetos.
Asimismo, el pleno de los magistrado del TSE determinó que los acontecimientos que hubiesen transcurrido en esas campañas tampoco podrían ser penalizados por el Código Electoral –que establece una serie de faltas en materia de financiamiento– porque estos habrían ocurrido antes de la reforma legal a esa normativa.
“Esas faltas (las del Código Electoral) fueron creadas cuando se creó el Código, en el 2009. Por el principio de retroactividad, no podrían aplicarse a eventuales hechos que hubiesen ocurrido antes de ese año.
“En cualquier escenario, lo cierto es que no podrían aplicarse ese tipo de sanciones administrativas porque no existían para esos años (2002 y 2006)”, argumentó Andrey Cambronero, letrado del TSE.
Según el Tribunal, tampoco sería procedente una investigación de recuperación de montos “porque, como lo había hecho ver el TSE desde 2015, pese a existir un deber de recobrar dineros pagados en liquidaciones de gastos (cobrados con base en erogaciones que no se dieron de forma efectiva), tal posibilidad de cobro se extingue en el plazo de 10 años”.
El tribunal emitió esos criterios luego de una consulta que presentó ante los magistrados del Tribunal Héctor Fernández, director del Registro Electoral.
“Él consultó exactamente si era jurídicamente viable iniciar una investigación de los años 2002 y 2006 del Partido Acción Ciudadana en la cuenta de servicios especiales, en aras de determinar si era posible iniciar procesos de naturaleza penal, administrativa y de recuperación de montos”, explicó Cambronero.
El director del Registro Electoral emitió la consulta a los altos jueces electorales luego de haber comparecido ante los diputados de la comisión legislativa que investiga las finanzas del PAC en las campañas de los comicios de 2002, 2006 y 2010.
En ese foro, los legisladores le preguntaron a Fernández si era posible abrir una investigación sobre el manejo de recursos de esa agrupación política en la contienda del 2006.
De inmediato, el director del Registro Electoral remitió la inquietud al pleno de los magistrados del Tribunal, quienes determinaron que la pesquisa no sería viable, pues no habría forma de sancionar cualquier falta.
Contratos con voluntarios
Diputados de los partidos de oposición quieren que se investigue el financiamiento utilizado por Acción Ciudadana en los comicios electorales de 2002 y 2006, luego de que trascendieran unas afirmaciones que hizo el excandidato presidencial, Ottón Solís, durante una Asamblea Nacional del PAC, en julio de 2010.
En esa reunión partidaria, el actual representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dijo que, en la campaña del 2006, el partido logró captar recursos a través de contratos de servicios especiales con personas que trabajaban voluntariamente.
“¿Saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en ¢700 millones después de las elecciones? Diciéndole a gente que ha trabajado voluntariamente que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos ¢400 millones”, aseguró Solís en esa ocasión.
En el 2016, el Tribunal Penal de San José condenó por estafa a dos funcionarios del PAC, por considerar que, en las elecciones del 2010, simularon contratos de servicios especiales de colaboradores que trabajaron voluntariamente y, luego, se los cobraron al TSE.
Los diputados de la comisión especial que investiga el financiamiento de campaña del PAC han expresado su deseo de saber si alguna anomalía, como la condenada por el tribunal penal, se cometió también en las campañas del 2002 y el 2006.
