Banco Nacional acata orden del TSE de dar cuentas de fideicomiso que financió a Chaves

Obtener la información llevó todo un proceso, porque, inicialmente, el Nacional rehusó dar los datos al alegar que el secreto bancario los protege. Sin embargo, los magistrados del TSE le aclararon que no es así, pues, de acuerdo con resoluciones de la Sala IV, cuando en una cuenta bancaria hay de por medio un financiamiento electoral, pasa a ser pública.

La información bancaria la requirió el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, del TSE, el cual investiga la conformación del fideicomiso bautizado Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad ATA Trust Company S. A., el cual pagó gastos como la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.

Esto está prohibido por la legislación electoral, la cual indica que todos los gastos electorales deben se tramitados mediante las cuentas partidarias. Además, la norma electoral prohíbe las donaciones de sociedades anónimas a las campañas.

Pero los magistrados argumentaron que es “razonable concluir que las cuentas bancarias de la fiduciaria ATA Trust Company S. A. se habrían prestado para este esquema de financiamiento partidario”.

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, expuso a los magistrados del TSE que él, como parte de la investigación, le había requerido la información al banco, pero que el gerente general, Bernardo Alfaro Araya, se la negó, alegando que estaba cubierta por el secreto bancario.

Entonces, el lunes 14 de marzo, los magistrados emitieron una resolución en la cual le notificaron al banco que no hay tal secreto bancario en este caso, informó en la conferencia semanal de los viernes el director del Registro Electoral, Héctor Fernández.

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El letrado del TSE, Andrei Cambronero, explicó que los magistrados, en pleno, le advirtieron al BN que, según la jurisprudencia de la Sala IV, las cuentas bancarias de terceras personas a las que hayan entrado fondos para financiar gastos político-electorales se tornan de “interés público” y, por tanto, no cabe el secreto bancario.

“El Tribunal Supremo Elecciones al final hace una resolución indicando que la información de esa cuenta es pública en virtud de una jurisprudencia de la Sala Constitucional del 2003 y el 2004, la cual señala que, cuando hay elementos para afirmar que, en un grado presuntivo, esa cuenta ha sido utilizada para el financiamiento de partidos o campañas, pierde el carácter de confidencial o el secreto bancario y se vuelve pública.

“En esa declaración, el Tribunal afirma que la actuación del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos era correcta; la información es pública y debe brindarse con la mayor brevedad para continuar con las pesquisas que lleva a cabo el departamento en el expediente de la investigación administrativa preliminar”, dijo Cambronero.

A partir de esa resolución del lunes 14 de marzo, el TSE realizó de nuevo la solicitud de información ante Alfaro y le concedió un plazo de 48 horas. La documentación la remitió este viernes Bernardo Alfaro, gerente general del banco público, confirmó la oficina de prensa del TSE.

No obstante, el BN alega que la información no la entregó este viernes, sino el miércoles 16 de marzo.

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9 personas y dos sociedades

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Nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos electorales de la campaña de Chaves Robles sin que el dinero entrara a la cuenta bancaria del Partido Progreso Social Democrático. Lo hicieron mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad anónima ATA Trust Company, presidida por el abogado Arnoldo André Tinoco.

Esta figura fue creada por Chaves y el empresario Jack Loeb en febrero del 2021.

El fideicomiso manejó sus cuentas en el Banco Nacional y, al menos, entre julio y octubre del 2021, pagó gastos de campaña del candidato y del PPSD, como la sede central en San José, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina, según reveló este diario el sábado 5 de marzo.

La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos y ejecutar compras de bienes y servicios en beneficio de un partido.

De hecho, el Código Electoral prevé sanciones de prisión para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.

Ese fideicomiso se nutrió de aportes de las siguientes personas: Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich y Sergio Naranjo.

Además de ellos, se registraron aportes de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por el abogado Arnoldo André Tinoco, quien fue presidente de la Cámara de Comercio y también preside la sociedad administradora del fideicomiso, ATA Trust.

El Código Electoral prohíbe que personas jurídicas hagan aportes, en efectivo o en especie, a los partidos y campañas políticas.

El 5 de marzo, horas después de que La Nación revelara la estructura paralela en la campaña del PPSD Chaves, André Tinoco, designado como vocero por el partido, declaró a este diario que Rodrigo Chaves era una de las personas que giraba instrucciones sobre cómo utilizar los recursos de ese fideicomiso.

Insistió en que su empresa solo custodiaba los recursos y que Chaves y otras figuras, como el empresario Jack Loeb —uno de los principales financistas del exministro de Hacienda—, eran quienes decidían en qué, cuándo y cómo se gastaban los fondos.

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Posteriormente, el empresario Jack Loeb denunció que el partido de Chaves le reportó al TSE donaciones en especie a su nombre, las cuales él nunca hizo en favor de esta agrupación política. Añadió que la diputada electa y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, intervino para que así ocurriera.

En específico, mencionó 11 donaciones en especie, por un total de ¢44,4 millones, que Progreso Social Democrático reportó al Tribunal como contribuciones, cuando en realidad esos aportes los hizo para el fideicomiso Costa Rica Próspera.

En una nota enviada al órgano electoral, Loeb también reveló que el PPSD le solicitó prestar sus cuentas bancarias para hacer gastos partidarios con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera.

Jack Loeb también reconoció que aportes que él hizo al fideicomiso sí se usaron para cubrir gastos de Progreso Social, a pesar de que los líderes partidarios y la empresa fiduciaria ATA Trust Company han negado que ese fuera el uso del dinero.

Facturas y correos de productora

Correos en poder de este diario muestran que personas designadas por Progreso Social Democrático le contrataron la publicidad de Rodrigo Chaves a la agencia Madison Revolution S. A., pero a la vez le ordenaron facturar los trabajos a nombre de ATA Trust, la administradora del fideicomiso.

David Dumani, abogado de Madison, confirmó la información en una entrevista telefónica. En total, la agencia facturó $133.000 por trabajos que, según Dumani, fueron aprobados por Rodrigo Chaves y la diputada electa, Pilar Cisneros.

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Dentro de los trabajos hechos están, por ejemplo, el anuncio grabado en el Estado Nacional que se transmitió, en setiembre, durante los partidos de Costa Rica contra México y Jamaica, así como ocho vallas publicitarias que ponían a Carlos Alvarado y a José María Figueres de espaldas.

También, produjeron sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado. Asimismo, Madison se encargó de pautar publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google, y de desarrollar el sitio web de la agrupación política. Esos trabajos, de acuerdo con la empresa, se realizaron durante los meses de setiembre y octubre del 2021.

Actualmente, Madison Revolution S. A. tiene una demanda, en la vía civil, contra el candidato Rodrigo Chaves y el PPSD por el impago de $113.495 (¢74,5 millones), de los $133.000 facturados. Además, la demanda es contra Pilar Cisneros, Jack Loeb y ATA Trust Company.

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