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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le envió a la Fiscalía una relación de hechos que en su criterio, de verificarse, evidenciaría "la existencia de una estructura paralela de financiamiento” en la campaña del excandidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, en el 2018.
El informe versa sobre la aparente contratación de una asesoría, cotizada en $400.000 (¢240 millones), de una empresa española cuya labor no fue registrada en los reportes de financiamiento que, por ley, el PIN debió entregar al TSE. No aparece ni como gasto ni como donación.
El reporte emitido el 8 de setiembre, a pedido del Ministerio Público, indica que un autobusero allegado a la campaña de Castro habría contactado a la empresa International Mades Communication (iMADES), a finales del 2017 e inicios del 2018, según un intercambio de correos electrónicos suministrado al TSE por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
La relación de hechos, de la cual La Nación tiene copia, señala que, durante la negociación para contratar sus servicios, iMADES incluso ofreció gestionar una conferencia anticorrupción con el exjuez español Baltasar Garzón Real, la cual nunca llegó a realizarse.
Así lo determinó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, del TSE, tras investigar la denuncia de Villalta sobre “la probable existencia de al menos un pago por servicios profesionales de una consultora extranjera por fuera de la legalidad” en la campaña del PIN.
“De verificarse los hechos (…), es criterio de este órgano técnico que estos evidenciarían la existencia de una estructura paralela de financiamiento que habría operado en la campaña electoral de las candidaturas del Partido Integración Nacional para el proceso electivo nacional 2018″.
"Y, en ese tanto, podrían ser constitutivas de los delitos tipificados en los artículos 274 y 275 del Código electoral”, señala el informe enviado por el Tribunal a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Dichos artículos tipifican como delitos las contribuciones privadas a partidos y la recepción de contribuciones ilegales privadas, para los cuales se establecen penas de hasta seis años de cárcel.
El Ministerio Público confirmó a La Nación que tramita el caso bajo el expediente 19-000213-1218-PE, donde se investiga un presunto delito de infracción al Código Electoral.
Rastro llega hasta España
Según el informe del TSE, en diciembre del 2017, el empresario autobusero Raymond Salim Simaan Khachab, a quien identifica como el principal financista de la pasada campaña electoral del PIN, habría contactado por correo electrónico a la empresa española iMADES.
En la relación de hechos, el Tribunal señala que el objetivo de Simaan era la contratación de servicios de asesoría de imagen y estrategia de comunicación política para la campaña presidencial de Juan Diego Castro y de María Cecilia Moreira Salas, aspirante a la vicepresidencia.
Según la documentación, la negociación se llevó a cabo entre el autobusero y la publicista y relacionista pública española María Garzón Molina, fundadora de iMADES e hija del exjuez Baltasar Garzón.
“Los servicios contratados a la empresa iMADES fueron pactados por los señores Simaan Khachab y Garzón Molina en la suma de $400.000 con el reconocimiento de $50.000 en el caso de que el señor Juan Diego Castro ganare la elección a la Presidencia de la República en una primera y única votación el 4 de febrero de 2018″, señala el informe del Tribunal.
El documento indica que Castro y Moreira “estuvieron de acuerdo con el monto convenido y manifestaron ‘estar listos para arrancar’”.
Según la correspondencia electrónica a la que tuvo acceso el TSE, el 1.° de diciembre del 2017, el entonces candidato Juan Diego Castro le escribió al autobusero Simaan Khachab y a María Garzón: “Estimado don Raymond, muchas gracias. Estoy conversando con doña Cecilia, analizamos la nueva propuesta y estamos de acuerdo con el monto convenido. Estamos listos para arrancar”.
El asunto del correo era “Propuesta de servicios para JD Castro”. En el correo fueron copiados Cecilia Morera y el también autobusero Alfredo Villalobos.
La respuesta al correo llegó tres días después, desde la capital española, por parte de Garzón: “Estimado Sr. Castro, es un placer para mí y para mi equipo poder trabajar con usted. Tal y como le he anunciado a Raymond, estaremos viajando a San José el próximo miércoles, por lo que le pediría el jueves 8 para poder conocerle a usted y a su equipo, y poder establecer una agenda de trabajo; estas personas que viajan conmigo se quedarán en San José para trabajar en el terreno durante la campaña”.
El informe del órgano electoral detalla que María Garzón, fundadora de la empresa de asesoría, estuvo en Costa Rica entre el 6 y 10 de diciembre del 2017, fechas que coinciden con las de algunos mensajes aportados en la denuncia que originó la investigación.
El documento añade que, en este viaje, también vino al país Marta Turiño Rueda, responsable de Estrategia de Negocio y Comunicación Corporativa en iMADES, quien el 14 de diciembre envió a los candidatos un “Análisis comunicacional del Plan de Gobierno” y un “Informe diagnóstico y plan de acción”.
La relación de hechos aportada por el TSE a la Fiscalía detalla que, el 19 de diciembre del 2017, María Garzón le envió otro correo a Raymond Salim Simaan.
El tema era una relación de gastos y horas de trabajo “realizadas desde la aceptación de la contratación de los servicios el 2 de diciembre de 2017 hasta el regreso de María Turiño Rueda a España, el día 15 de diciembre”.
Allí se desglosan los honorarios de esta visita por un monto total de $55.514, el cual se agregó a los $400.000 de la asesoría.
En los correos, se señala que, dentro de las negociaciones con la empresa de comunicación, se pretendía organizar una charla con Baltasar Garzón, padre de la fundadora de iMADES, la cual se efectuaría en la segunda quincena de enero del 2018.
Entre la correspondencia a la que tuvo acceso el TSE, figura un mensaje supuestamente enviado por el autobusero Simaan a María Garzón, con copia a Juan Diego Castro, Cecilia Moreira y Alfredo Villalobos, en el que se indica:
“Estoy sorprendido con nuestros costos de la conferencia, ya que en nuestra reunión en el restaurante nunca se mencionó dichos costos, eso sí nos ofertaron $500.000. Como ya sabes, pasé la oferta al doctor Juan Diego Castro, y él me manifestó que es alta y me pidió ofrecerles $400.000 (...) lo cual fue aceptado, pero nunca me mencionaste los costos de la conferencia que debíamos aportar”.
En esa misma comunicación, Simaan le reclamó a María Garzón un supuesto incumplimiento a una oferta hecha por Baltasar Garzón para que Castro eligiera si haría la inauguración o clausura de la conferencia anticorrupción ofrecida.
“Otra observación, en la reunión que tuvimos, el doctor Baltasar ofreció que el doctor Juan Diego Castro haría la inauguración o la clausura de la conferencia, a decisión del doctor Juan Diego, cosa en vuestro email dice lo contrario”, habría escrito el empresario autobusero.
La tarde del 11 de diciembre, María Garzón escribió a Simman, indicando que habló de la conferencia con Cecilia Moreira y no se compromete con los honorarios para la charla, aclarando que la actividad sería liderada por su padre.
“Si no es lo que quieren ustedes háganmelo saber, pues estaríamos en un nuevo punto de partida de negociación, con mucho trabajo realizado y gastos”, afirma uno de los correos aportados por Villalta en la denuncia ante TSE.
Por otra parte, el documento del TSE sugiere a la Fiscalía considerar otras líneas de investigación, debido a que la recaudación de algunos insumos probatorios excede las competencias del Tribunal electoral.
Según el informe, estas pruebas involucrarían a Raymond Salim Simman y, eventualmente, a sus empresas asociadas en el territorio costarricense y español.
La relación de hechos indica que para el proceso electoral del 2017-2018, el autobusero se constituyó en el principal financista del PIN debido a que adquirió 35 certificados de cesión de la contribución estatal serie A, emitidos por esa agrupación política, por la suma de ¢1.062.500.000.
La Nación intentó conversar con Simaan, pero no respondió un mensaje enviado al correo que aparece a su nombre en la denuncia recibida por el TSE, ni a las llamadas hechas a los números telefónicos relacionados con él.
Tampoco se obtuvo respuesta del excandidato presidencial Castro, a quien se le llamó en en diversas ocasiones a su teléfono personal y se le dejó un mensaje por WhatsApp.
La Nación también buscó la versión de la exaspirante a la vicepresidencia mediante llamadas, no obstante no fue posible localizarla a su teléfono. Por su parte, iMADES no respondió al correo electrónico que se le envió.
Mientras tanto, Alfredo Villalobos indicó a La Nación que, en el momento de la campaña, colaboró por petición de Raymond Salim Simaan, quien era su socio, y su labor fue verificar la idoneidad de las personas que fueron contratadas, por lo que estuvo presente en algunas de las reuniones.
"Él gestionó traer unos consultores españoles. Era la hija de Baltasar Garzón y una gente que vino al país a asesorar (...); no participé en ninguna estructura partidaria. Él, como favor de amigo, me pidió que valorara si la gente que venía a dar la asesoría era competente”, explicó Villalobos.
Aseguró que el encargado de contactar y traer a iMADES fue Simaan. Según detalló, Juan Diego Castro tuvo diferencias con el equipo de trabajo y prescindió de ellos tiempo después, pero el autobusero aseguró que no conoció quién aportó el financiamiento.
PIN niega conocer el caso
Según el informe del TSE, los servicios prestados por iMADES a la campaña presidencial del PIN habrían sido sufragados, aparentemente, por Raymond Salim.
No obstante, el Tribunal afirma que, en la documentación que aportó el empresario, cuando se le investigó por la compra de certificados del PIN, no se evidencian transferencias desde sus cuentas personales en Costa Rica, que acrediten el pago de los servicios de la empresa española.
La investigación también descartó que, dentro de los reportes oficiales de liquidación de gastos del PIN, existieran pagos a iMADES o a su dueña, María Garzón Molina. Tampoco se reportó la donación en especie de estos servicios.
Al respecto, Wálter Muñoz, presidente y diputado del PIN, aseguró a La Nación que la contratación de esta empresa de asesoría nunca fue conocida por ellos, por lo que esperan colaborar con las autoridades.
“Nosotros no teníamos conocimiento como partido de tal contratación. Nosotros tuvimos reunión con los personeros del TSE el viernes (18 de setiembre), casualmente para conocer del tema de la denuncia donde nos pusimos a la orden de ellos e igualmente con el diputado José María Villalta, en el sentido de que nosotros como partido no tuvimos conocimiento de eso”, aseveró.
Según detalló Muñoz, las finanzas de la campaña fueron manejadas por el Comité de Finanzas, con el excandidato a la presidencia, el extesorero y la excandidata a la vicepresidencia, quienes ya no pertenecen al PIN.
“El PIN como partido no tiene ninguna participación, es un tema exclusivamente de responsabilidad del excandidato presidencial”, agregó.
Por su parte, Juan Carlos Román, abogado de la agrupación política, reiteró que el Partido desconocía el caso, pues nunca se autorizó la contratación de la empresa española. Indicó que ese gasto no forma parte de la contabilidad del PIN y que desconocen la fuente de financiamiento.
“De mis conclusiones propias esto fue una estructura paralela, que nunca pasó por el Comité ni por la estructura legal del partido y es tan paralela que no se nos imputa a nosotros en la liquidación. Incluso, no existe una investigación formal en contra del Partido por eso”, añadió.
Román explicó que la Fiscalía no ha hecho una imputación formal de cargos.
Mientras tanto, el diputado José María Villalta externó que este tipo de situaciones son una amenaza para el sistema democrático, pues consideró que son un mecanismo para entrometerse en las campañas electorales para buscar beneficios que no son transparentes.
Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, dijo a La Nación que la investigación que se llevó a cabo dentro del Tribunal fue finiquitada, y enviada a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 8 de setiembre, por solicitud del propio Ministerio Público.
Fernández indicó que cuando el Tribunal recibe denuncias por casos tipificados como delitos, se abre una investigación, tal como sucedió con este caso.
