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La Universidad de Costa Rica (UCR) cambió de criterio y ahora se niega a entregar los expedientes de los funcionarios sancionados por hostigamiento sexual, pese a que su rector, Henning Jensen, se había comprometido a revelarlos.
El jerarca universitario confirmó el 6 de junio a La Nación, mediante un correo electrónico, que entregaría la información que este medio le solicitó ese mismo día.
Específicamente, se le pidieron los expedientes ya resueltos de acoso y hostigamiento sexual en los que se sancionaron funcionarios, sin incluir la identidad de las víctimas.
Jensen accedió e, inclusive, gestionó la entrega de una lista con los nombres de los hostigadores, ya que la preparación de la información solicitada tomaría un tiempo, según dijo.
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De esa forma, el jerarca reafirmó el compromiso que había asumido el día anterior en el programa Matices, de Radio Monumental, cuando le dijo al periodista Randall Rivera que daría los documentos.
Cuando Rivera le preguntó a Jensen cuándo entregaría la documentación que solicitó La Nación a esa institución, el rector respondió: “Cuando los soliciten”.
No obstante, el pasado jueves, cuando este medio consultó a la UCR sobre el estado del trámite, el departamento de prensa de la Rectoría informó de la negativa de Jensen a entregar la información.
“No los entregaremos, a menos que haya orden de un juez o Sala Constitucional, ya que tanto la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, como el Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres) nos han recomendado no hacerlo”, indicó la Rectoría.
‘Es de absoluto interés público’
En la edición de Matices del 5 de junio, en el que participaron Jensen y los rectores de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el exmagistrado de la Sala Constitucional Ernesto Jinesta explicó que las sanciones administrativas impuestas a funcionarios estatales son de interés público.
"Por supuesto que una vez terminado ese expediente es de absoluto interés público, sobre todo si se ha cometido una falta con ocasión del ejercicio del cargo, ahí no hay la menor duda”, afirmó Jinesta.
El exmagistrado señaló que, en más de 250 sentencias, la Sala Constitucional ha señalado que los expedientes administrativos son de acceso público, por tratarse de funcionarios y recursos estatales.
La Nación solicitó la documentación de los procedimientos administrativos por hostigamiento sexual a todas las universidades públicas del país.
Hasta el momento, la única que lo ha hecho es la UNA. Esa casa de enseñanza optó por revelar las resoluciones de los procesos disciplinarios, en los que se incluye el nombre del ofensor, un resumen de los hechos y la sanción impuesta.
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El 17 de julio, en audiencia ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes expuso que con ese documento se satisface la necesidad de información del público.
Alejandra Mora, directora del Área de Mujer de la Defensoría de los Habitantes, explicó que ese escrito consigna “la conducta que es desplegada con violencia”, que es lo que la entidad considera de interés público, mientras se tutela la identidad y la intimidad de las víctimas.
A partir de las resoluciones entregadas por la UNA, La Nación reveló que esa casa de enseñanza mantiene en el puesto a un médico de apellido Camacho que acumula tres denuncias formales y al menos cuatro anónimas de mujeres que afirman haber sido acosadas y abusadas por él.
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Con base en esa información, las estudiantes de la UNA exigen la renuncia del doctor y le piden alternativas a la universidad para no ser atendidas por él cuando van al consultorio médico.
