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El recorte a las pensiones de lujo aprobado por los diputados, este jueves, permitirá rebajarle hasta ¢2,4 millones por concepto de contribución solidaria a una pensión de ¢7 millones mensuales.
Así se desprende de un cálculo elaborado por La Nación en el que se compararon las reglas actuales y las que ahora definieron los diputados para el cobro de estos aportes solidarios.
Los mayores efectos de esta reforma se sentirán en los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial, pues sus beneficiarios son los que menos contribuciones solidarias pagan actualmente, en comparación con el del Gobierno.
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Por ejemplo, a una pensión de ¢7 millones mensuales del Magisterio hoy se le deducen poco más de ¢1 millón por concepto de aporte solidario. Con esta reforma, este rebajo subiría a ¢2,4 millones.
En el caso del Poder Judicial, la deducción subiría de ¢991.000 a ¢2 millones, mientras que en Gobierno pasará de ¢1,9 millones a ¢2,4 millones.
En otro ejemplo, si la jubilación es de ¢5 millones, la contribución solidaria subirá de ¢287.000 a ¢1,1 millones en el Magisterio y de ¢210.000 a ¢974.000 en el caso de las pensiones judiciales.
Para el caso de las pensiones de ¢3 millones mensuales, estas actualmente no pagan contribución solidaria ni en el Magisterio ni en el Poder Judicial. Con este proyecto, pasarán a pagar ¢225.000 y ¢140.000 respectivamente.
Las diferencias obedecen a que las reglas de deducción son diferentes en cada régimen. El proyecto aprobado este 21 de noviembre procura equipararlas, pero siempre hubo un desbalance en favor del Poder judicial.
Actualmente, solo pagan contribución solidaria unos 1.000 beneficiarios, pues la legislación vigente solo exige esta deducción para las jubilaciones superiores a ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.
Cuando la ley entre en vigor, tendrán que pagar el aporte solidario todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones de los regímenes del Magisterio y del Gobierno, así como las que superen los ¢2,6 millones en el caso del Poder Judicial.
Con esos cambios, el Estado podrá gravar cerca de 4.100 jubilaciones adicionales, según estimaciones del Partido Restauración Nacional (PRN).
