EscucharLa Unión Médica Nacional (UMN) presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de nombrar a José Luis Castro Vásquez como representante del sector sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La organización afirmó que el representante de los trabajadores no fue electo por la asamblea sindical y, por lo tanto, afirma que su nombramiento es ilegal.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles, en conferencia de prensa, el nombramiento del directivo, así como las designaciones de María Isabel Caamaño Camareno y Jorge Porras López, como representantes de cooperativas y solidaristas, respectivamente.
La agrupación sindical alega que la administración de Rodrigo Chaves eligió unilateralmente al representante de los trabajadores ante el máximo órgano del Seguro Social, aunque la legislación establece que es el sector que debe designar al directivo.
El artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social establece que “los representantes del sector patronal y del sector laboral serán nombrados por el Consejo de Gobierno, previa elección efectuadas por dichos sectores, respetando los principios democráticos del país y sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones”.
La Junta Directiva de la CCSS está conformada por un presidente ejecutivo, dos representantes del Estado, tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral (sindicatos, cooperativistas y solidaristas).
Solo el máximo jerarca como los dos representantes estatales son de libre nombramiento por parte del Consejo de Gobierno.
“Consideramos que el señor presidente está actuando arbitrariamente y como cualquier otro costarricense y habitante de nuestro país, debe respetar la ley y el debido proceso que rige esta materia. Esto no es un país totalitario donde la prepotencia prevalece. Costa Rica es un estado de derecho, la ley debe prevalecer”, señala el comunicado de la organización.
La Nación solicitó una reacción por parte de la Presidencia de la República. Sin embargo, todavía no se recibe respuesta.
Al anunciar a los nuevos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, este miércoles, el presidente Chaves declaró: “Ya tenemos la Caja funcionando con una Junta Directiva completa. Es muy bueno porque hay muchas cosas qué hacer ahí”.
Gobierno mantiene suspendidos a directivos
El pasado 8 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno acordó suspender inmediatamente a cinco directivos, mientras los investiga por haber votado a favor de un aumento retroactivo en favor de 63.000 empleados de la institución.
Entre los directivos suspendidos se encuentra Martha Rodríguez González, electa como representante de los sindicatos ante la Junta Directiva de la Caja. Justamente, Consejo de Gobierno designó a José Luis Castro Vásquez como su reemplazante.
También José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas y Maritza Jiménez Aguilar, de los solidaristas. Ellos eran los tres representantes de los trabajadores. En sus lugares nombraron a María Isabel Caamaño Camareno y Jorge Porras López.
El Gobierno también suspendió a Jorge Arturo Hernández Castañeda y Carlos Salazar Vargas, como representantes de los patronos y el Gobierno, respectivamente.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había señalado a los directivos por un supuesto conflicto de intereses, debido a que votaron el aumento salarial teniendo familiares que se verían beneficiados por dicha decisión.
Un criterio legal de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social refutó ese argumento del Gobierno para suspender temporalmente a los directivos.
El informe firmado por Olger Sánchez Carrillo, auditor de la entidad, concluyó que, al votar a favor del incremento en las remuneraciones, los directivos no cayeron en un conflicto de interés, pues la decisión era un “acto administrativo de alcance general” y no específicamente para favorecer a sus parientes.
En su exposición, la Auditoría Interna indicó que es “imposible pensar que alguna persona no posea un interés” en decisiones de carácter general. “En este sentido, el interés personal, al ser un acto que afecta a una generalidad, no se concreta, sino que se difumina”, manifestó Sánchez en su escrito.
La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, objetó el pronunciamiento de la Auditoría Interna.
