EscucharLa diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, afirmó que en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) “pudo haberse dado un festín” con fondos públicos, en alusión a los millonarios contratos que 14 instituciones otorgaron a esa entidad para que manejara su publicidad.
Así lo afirmó la presidenta de la comisión investigadora de los contratos que el Sinart recibió, sin concurso público, en contestación a la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien minutos antes había expresado que los diputados estaban preocupados por lo que llamaban “el gran festín del Sinart y no les preocupaban las agencias de publicidad privadas que se llevan millones de millones”.
“Voy a insistir: un festín con la plata pública. Estamos hablando de contratos con 14 empresas de ¢8.000 o ¢9.000 millones y contratos para 60 empresas por ¢2.000 millones”, dijo Castro en la sesión del lunes pasado.
Ante la contralora Marta Acosta, que compareció en la comisión, Cisneros justificó que el Sinart había recibido contratos de instituciones públicas y argumentó que el dinero quedaba entre instituciones públicas.
Sin embargo, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, le recordó que una empresa del productor Christian Bulgarelli, quien fue mencionado en una comunicación oficial de la ministra de educación, Anna Katherine Müller, como asesor del presidente Rodrigo Chaves, había sido subcontratada por el Sinart para atender producciones audiovisuales de los contratos con las instituciones.
Robles también recordó que Bulgarelli, quien ganó una licitación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar asesorías en comunicación a Casa Presidencial, empleaba en su empresa a un hijo de Federico Cruz, asesor del mandatario y presidente del oficialista partido Aquí Costa Rica Manda.
La contralora reveló durante su comparecencia que están investigando al Sinart por ejecutar ¢517 millones sin tener la respectiva aprobación presupuestaria.
También, detalló que la Contraloría ordenó a siete instituciones públicas finiquitar sus “relaciones contractuales” con el Sinart por considerar que no cumplían con “requisitos generales y específicos exigidos” en la Ley General de Contratación Pública.
Se trata de contrataciones efectuadas entre el 1.° de diciembre del 2022 y el 24 de setiembre del 2023, del Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular, Ministerio de Cultura, Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Este lunes 27 de noviembre, está llamado a comparecer el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña.
