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La diputada socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la comisión investigadora de los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), retó a Esmeralda Britton, jerarca de la Junta de Protección Social (JPS), a presentar una denuncia formal por la supuesta violencia política que esta última aseguró haber sufrido en sus audiencias ante este foro.
La noche del lunes, Britton dijo que no la dejaron hablar y que solo los diputados pudieron expresarse. El reclamo lo hizo al final de la segunda sesión donde fue recibida para explicara por qué la JPS acordó trasladar el programa La Rueda de la Fortuna y el manejo de la publicidad de la Junta al Sinart, en contra de todos los criterios técnicos que advertían desventajas económicas.
La primera comparecencia se produjo el lunes 30 de octubre y la segunda, el lunes 6 de noviembre.
“En realidad, yo soy la que me siento decepcionada. En lo que pueda declarar, tengo el derecho de abstenerme, como ustedes bien lo aclararon.
“Pero aquí no dejan hablar, aquí solo hablan ustedes y cuando uno quiere decir algo, ya le cortan. Entonces, no sé cuál es el objetivo de que lo traigan a uno aquí, si no lo dejan hablar. Yo venía, en lo que pudiera declarar, porque en otras decidí abstenerme para no entorpecer el proceso judicial. Siento que han ejercido violencia política contra mí, contra una mujer”, alegó Britton.
La jerarca acusó a los diputados de hacer aseveraciones, afirmaciones e, incluso, amenazas por cosas que ella no entiende. “Uno tiene derecho a no acordarse de cosas”, aseveró.
Frente a los señalamientos sobre supuesta violencia política, Vanessa Castro propuso a Britton: “Si tiene alguna preocupación por el tema de violencia política, porque es usted mujer, ponga las acciones correspondientes y demuestre lo que usted ha señalado”.
“Lo valoraré”, acotó la jerarca gubernamental, pero entonces la diputada presidenta de la comisión le repitió: “No lo valore, preséntelo, y demuestre lo que usted está señalando, porque esta es una comisión seria, de control político”.
Una vez más, la socialcristiana, manifestó a la jerarca: “Quisiera ver las acciones correspondientes puestas, ¡no solo palabras!”.
Cuando Britton preguntó si podía decir una última frase, Castro le explicó que no era posible, porque no se trata de una cuestión de violencia política, sino de procedimiento reglamentario.
“Eso lo puedo entender bien”, respondió entonces Britton.
Britton se abstuvo de contestar en muchas preguntas
En la sesión del lunes 30 de octubre, Esmeralda Britton confirmó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le dio la orden de sacar el programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 para pasarlo a canal 13 del Sinart, a pesar de las desventajas en rating.
Luego, el lunes 6 de noviembre, la presidenta de la JPS trató de desdecirse de lo dicho antes, pero cuando le proyectaron el video de la sesión anterior, optó por abstenerse de hablar.
De hecho, en la segunda comparecencia dijo que prefería abstenerse de declarar ante los diputados, debidido a la apertura de un expediente de investigación judicial contra el mandatario por presunto tráfico de influencias.
Britton sostuvo su negativa a declarar, incluso cuando los diputados le hicieron ver que no había motivo para abstenerse, pues ella fue llamada en calidad de testigo, tanto en la investigación parlamentaria como en la judicial.
Cuando se cumplía apenas una hora de sesión, Vanessa Castro le recordó a la jerarca de la JPS que ella estaba ahí bajo la fe de juramento, y que, “si se contradice, entra en un tema en que puede pasar a la parte penal”.
Castro también le preguntó directamente a la funcionaria si la directriz de Rodrigo Chaves se la giró directamente a ella o se le dirigió a toda la Junta Directiva de la JPS.
“Me abstengo de declarar esa parte”, fue la respuesta de Britton. Contestó de igual forma cuando le consultó si ella le había transmitido la orden a otros directivos.
Castro citó un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las directrices del Poder Ejecutivo y puntualizó que el presidente “no puede girar directrices específicas, como en este caso”, pues no puede emitir una “directriz que implique una incidencia directa en la toma de decisiones de una institución”.
En dicho criterio, se especifica que las directrices del Poder Ejecutivo son “el conjunto de instrumentos o normas generales para la ejecución de alguna meta, o sean pautas u orientaciones que sirven de marco conceptual para la toma de decisiones”.
Sin embargo, a través de las directrices “no se puede ordenar actuar al ente, no se puede impedir que actúe, pero si el ente actúa, no puede regular una determinada dirección, ni puede implicar jerarquía o control previo”.
Este martes, por la tarde, Britton difundió un comunicado, a través del chat de prensa de la JPS, donde aseguró que se encuentra valorando cómo va a proceder “ante el trato irrespetuoso reicibido” durante la comparecencia.
En esa nota, la jerarca dijo que hacía un “respetuoso recordatorio” a los diputados sobre la función de ese tipo de comisiones, y alegó que sus integrantes “no deben extralimitarse en sus funciones, pues su labor no es convertirse en verdugos ni en fiscales ni jueces”.
Luego de hacer varias referencias a los artículos de la Constitución que hablan sobre la labor de las comisiones investigadoras, Britton alegó que ella “siempre ha estado en la mejor disposición de colaborar con los diputados en el marco de respeto y cordialidad que debe privar en la Administración Pública”.
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