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La ministra de Hacienda le anunció este miércoles a la Asamblea Legislativa 11 medidas que ahorrarán ¢48.926 millones en el primer año, como compromiso de austeridad en busca de una reforma fiscal que salve al país de una crisis económica.
Para referencia, cada punto del producto interno bruto equivale a unos ¢350.000 millones, y el déficit fiscal representa un 6,2% del PIB. Este recorte equivale entonces a un 0,14% del PIB.
La jerarca Rocío Aguilar fue enfática al asegurarle a los diputados que las acciones que enumeró son las que el Gobierno puede ejercer con sus potestades, y que, para lograr ahorros superiores, se requiere de decisiones adicionales en la Asamblea Legislativa.
Aguilar dividió el plan en dos bloques de medidas: las decisiones relacionadas con remuneraciones y plazas del sector público, y aquellas que modifican el presupuesto de este año.
Estas son las disposiciones que anunció Casa Presidencial y su respectivo ahorro:
1. Ajuste salarial idéntico para todos los empleados públicos: ¢12.600 millones
A partir de ahora, todos los semestres, el 100% de los empleados del Gobierno Central recibirá un aumento salarial idéntico, independientemente del monto de su salario base, en lugar de un porcentaje de aumento sobre su sueldo. Para el segundo semestre del 2018, esa monto será de ¢3.750. El ajuste se calculará al aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo.
2. Freno a crecimiento en anualidades: ¢8.264 millones
En lugar de otorgar las anualidades con base en un porcentaje del salario base a los funcionarios, ahora el Gobierno fijará ese plus con base en un monto fijo, el cual se mantendrá invariable en el tiempo. De acuerdo con Aguilar, esta medida ahorrará ¢8.264 millones este año, pero, en cuatro años, el ahorro será de ¢96.000 millones.
Hacienda espera que al cabo de cuatro años, la medida genere un ahorro equivalente al 0,28% del PIB.
3. Congelamiento de incentivos por carrera profesional: ¢1.500 millones
Se trata de una medida que acaba con la práctica de actualizar el monto de los "puntos" que se pagan a los empleados estatales por los títulos universitarios o las capacitaciones que hayan recibido, aunque tales grados académicos sean requisitos del puesto para el cual fue contratado el trabajador.
Además, para los nuevos empleados se eliminará el pago por los títulos que sean requisitos para su cargo. Según Presidencia, al cabo de cuatro años el ahorro será de ¢6.000 millones.
4. Reducción de dedicación y prohibición: ¢2.657 millones
El Gobierno decidió reducir los porcentajes del salario base que paga por dedicación exclusiva a los funcionarios profesionales nuevos y pide a los diputados apoyo para hacer lo mismo con el incentivo conocido como prohibición.
5. Tope a uso de plazas vacantes: ¢17.343 millones
Durante el resto del año, se podrá llenar hasta un 25% de las 5.000 plazas vacantes que hay en el sector público, en lugar del 50% que había previsto el expresidente Luis Guillermo Solís. Según Aguilar, durante los próximos años se procurará trabajar sin que crezca la planilla.
6. Freno a reasignaciones de puestos: ¢2.500 millones
De acuerdo con la jerarca, solo se excluyen de la orden aquellos movimientos de plazas que se encuentren en trámite, a la fecha de la directriz que instruirá esta medida.
7. Reducción en presupuesto de horas extra: ¢3.295 millones
El pago en horas extra se reducirá en un 50%. Aguilar prometió que la medida se mantendrá "en vigilancia", durante el resto del gobierno.
8. Reducción del presupuesto de publicidad: ¢173,5 millones
Recorte es equivalente al 30%. Del replanteamiento se excluye al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aunque el Ejecutivo prometió ser austero incluso en esa cartera.
9. Recorte en presupuesto para viajes: ¢173,2 millones
Reducción del 30% de lo presupuestado originalmente. Aplica para los gastos en tiquetes y viáticos. No aplica para los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el ICT y la Cancillería.
10. Recorte en partida para actos protocolarios y sociales: ¢99,6 millones
La reducción corresponde a un 50% de lo presupuestado por el gobierno anterior. Se excluyen, por la naturaleza de sus funciones, Casa Presidencial y la Cancillería.
11. Recorte en consultorías: ¢320,7 millones
Aplica para los contratos de servicios sociales y económicos. La reducción es de un 50% de lo presupuestado originalmente.
