Vendedores y sicarios son jóvenes fácilmente sustituibles para jefes criminales, dicen jueces

Los jueces coordinadores del nuevo Tribunal Penal Especial sobre Delincuencia Organizada explicaron que el sistema no necesita simplemente atrapar a “los robots que venden droga” y a los sicarios, “sino a los que proveen de droga a las estructuras criminales”.

Expusieron que tanto los vendedores de droga como los sicarios son “fácilmente sustituibles” para las bandas criminales, porque son los eslabones menores y más débiles de la cadena criminal.

Los cabecillas los reclutan con facilidad debido a que se trata de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y económica, en pobreza extrema, inequidad, sin acceso a vivienda, salud y educación.

“Muchos tuvieron que salir del colegio y es más atractivo para ellos, por el sentido de pertenencia, estar en una organización que estudiar en el colegio, tal vez con una dinámica familiar disfucional”, dijo Mauricio Jiménez Vargas, subcoordinador del Tribunal Especial.

Por ello, consideran que también es necesario ir detrás de los grandes proveedores.

“El común denominador es que son muchachos en vulnerabilidad, ”, explicó Mauricio Jiménez.

Los jueces coordinadores del Tribunal Penal Especial sobre Delincuencia Organizada llevan sobre sus hombros, desde hace casi un año, la organización y puesta en funcionamiento de la nueva jurisdicción, la cual lleva cinco meses en operación y ya debe resolver cerca de 10 casos complejos, con casi 150 imputados.

‘Populismo punitivo’ no detendrá ola de crimen

En entrevista con La Nación, los coordinadores de este Tribunal cuestionaron lo que califican como “populismo punitivo”.

Los jueces Ana Patricia Mora Arias (coordinadora), Ana Yancy Umaña Moreira y Mauricio Jiménez explicaron que algunos quisieran resolver todo con represión, pero el fenómeno de la criminalidad es la punta del iceberg de un fenómeno social, de personas que están en vulnerabilidad y se meten en problemas delictivos.

El juez Jiménez dijo que es sencillo pedir detenciones sin investigaciones de fondo y depositar a la gente en los servicios penitenciarios, “pero los índices de criminalidad van a seguir disparados”.

Su compañera, la jueza Ana Yancy Umaña Moreira, enfatizó que, además, existen garantías que no se pueden sobrepasar.

Los jueces también cuestionaron la idea planteada de que todo se solucionaría con tribunales de flagrancia en los cantones donde hay mayor cantidad de homicidios.

Primero, porque ya en esos lugares hay tribunales de flagrancia y, en segundo lugar, porque ese tipo de tribunales apenas servirían para procesar a personas individuales por delitos particulares, sin tomar en cuenta que casi siempre son parte de una estructura criminal mucho más amplia, que debe investigarse en profundidad.

Puntualizaron que, en flagrancia, jamás se puede investigar un homicidio, por lo que ven una falta de coherencia en decir cosas que pueden sonar bien, pero que no son permitidas por la legislación para responder a ciertos delitos.

Los juzgadores también enfatizaron que cada uno de los poderes tiene sus funciones, cada uno ejerce su rol, y así como el Poder Judicial no puede estar legislando, “uno esperaría que las autoridades manejen las decisiones de seguridad ciudadana con conocimiento, pero sobre todo con enfoque criminológico”.

“No estamos criticando a nadie en particular, no se trata de eso, pero en su momento escuchamos que se iba a abrir tribunales de flagrancia en los lugares donde hay una mayor tasa de homicidios, pero lo que hace falta es que los tomadores de decisiones apliquen criterios criminológicos y estadísticos”, agregaron.

La inversión social no es un gasto

En manos de estos jueces, hay organizaciones que han sido investigadas hasta por tres años, con causas que tienen hasta 17 imputados, y llegan a este Tribunal por su complejidad.

“Nosotros definitivamente no podemos salvar a Costa Rica de todo esto que está pasando, pero somos esa cara, estamos aquí, empezando y etamos diciendo que no vamos a poder solos nosotros. Vamos a necesitar más jueces”, indicó la jueza Umaña.

Según los juzgadores, aunque se aumente la prisión preventiva y el número de jueces, es necesario trabajar en la prevención y en la atención social, para responder por qué las organizaciones están reclutando tan fácilmente a los jóvenes, para vendedores y sicarios.

También hay que responder de dónde salen las armas con tanta facilidad, lo que tampoco se responde con un nuevo aumento de las penas por posesión o tenencia ilegal de armas, que ya se habían incrementado en el 2019.

“La inversión social no es gasto, es una inversión, a largo plazo, en educación, salud. En la prensa se reporta que solo están pensando en leyes represivas para solucionar la inseguridad actual”, puntualizaron los juzgadores.

Vacíos y necesidades en ejecución de sentencias penales

A cinco meses de funcionamiento, los jueces de crimen organizado señalaron que el principal vacío que hay en el proceso penal está en lo que pasa después de la sentencia, a la hora de la ejecución, “en el cumplimiento, que le corresponde al Poder Ejecutivo”.

“Después de la investigación y el juicio, se pone una pena de prisión y llega al Ejecutivo, pero en un corto periodo la persona está con un beneficio y está fuera del sistema”, dijo Jiménez.

Los tres juzgadores enfatizaron que no hay una ley de ejecución de la pena, solo jueces de ejecución sin una ley que aplicar.

Ana Yancy Umaña puntualizó que, en su criterio, es un craso error que en tres meses o un año ya los antecedentes criminales de una persona estén borrados.

“Estas personas delinquen y luego se les borran los antecedentes. Los tenemos en crimen organizado, limpios de antecedentes. Eso no lo resuelve un juez, está por ley”, dijo.

Actualmente, este Tribunal tiene cinco casos señalados para debate, con 69 imputados, de los cuales 28 están en prisión preventiva y 41 en libertad, con 32 abogados defensores. De los imputados encarcelados, tres están en máxima seguridad.

En el panorama de causas por entrar, tienen otras cinco, con 70 imputados, de los cuales 24 están en prisión preventiva (con dos en máxima seguridad) y 46 libres. Están apersonados, para estos casos, 42 abogados defensores.

La procedencia de los casos de crimen organizado en este Tribunal es diversa, pero incluye asuntos de varios cantones de la zona sur: Osa, Corredores, Golfito y Ciudad Neily, así como San Ramón, Heredia, Guanacaste y los distritos del sur de San José.

Por ahora, debaten casos de homicidios calificados, robo agravado, trata de personas, narcotráfico y legitimación de capitales.