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La venta del Banco de Costa Rica (BCR) no forma parte de ningún acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es parte del pacto de ajuste fiscal vigente ni del nuevo convenio que negocia la administración de Rodrigo Chaves.
Así lo aclaró Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, quien agregó que tampoco forma parte de los acuerdos el plan del Gobierno de vender el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Sobre venta de activos, no. La decisión es una decisión país, no del FMI; no es parte del acuerdo de las autoridades con el Fondo Monetario, pero apoyamos en general las mejorías en competencia bancaria y también en tanto una venta de activos puede ayudar y apoyar la reducción de la deuda”, dijo Goretti.
“En general, apoyamos la iniciativa, pero es una decisión de país, es una decisión de mercado de cuándo es el momento más propicio para hacer esta venta. Entonces, no es un compromiso del programa, es una decisión soberana de Costa Rica”, agregó.
El 23 de agosto, el Gobierno anunció que le propondría al FMI incluir la venta del BCR, del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de las acciones del Instituto Nacional de Seguros en una ampliación del acuerdo de ajuste fiscal.
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De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Gobierno se economizaría ¢94.400 millones anuales en intereses con el dinero recogido por la subasta del BCR. Esa cifra equivale al 3,9% de los ¢2,4 billones presupuestados para pagar este rubro en el 2023.
No obstante, una tercera parte de estos ¢94.400 millones se usaría para cubrir los aportes que actualmente el BCR transfiere de sus ganancias anuales a otras instituciones y programas estatales, como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Eso significa que el ahorro neto sería de ¢63.000 millones, un 2,6% del presupuesto para el pago de intereses del 2023.
Previo a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), La Nación consultó al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, acerca de si se plantearía la propuesta de venta de activos al organismo internacional.
Madrigal contestó: “Probablemente se vaya a hablar de eso, pero está en la etapa muy preliminar, yo no pondría metas fiscales en este momento de la venta del Banco de Costa Rica porque tengo que tener una ley que me permita venderlo; por sentido común, diría es el propósito, vamos a ver cómo avanza; en el momento que ya sea un hecho que se vende, entonces puedo incorporar esos números”.
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Panorama desfavorable en el Congreso
En contra de la iniciativa del presidente Chaves se han pronunciado 10 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y los seis congresistas de la bancada del Frente Amplio (FA).
Dicho panorama pone cuesta arriba la posible aprobación del plan, que requiere de 38 votos (mayoría calificada) de los 57 diputados del plenario legislativo.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo encarga la subasta del banco al Consejo de Gobierno, integrado por el presidente y sus ministros, al tiempo que crea una comisión de venta integrada por cinco ministros (Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo), la cual podrá contratar sin concurso público a una persona o firma especializada para ayudar a ejecutar el proceso.
Dicho comité podrá ofrecer como pago un porcentaje del precio de venta del banco público; queda a discrecionalidad de ese foro de ministros acordar el porcentaje de ganancia para la asesoría, además del monto fijo por sus labores.
La ausencia de fondos para sustituir las cargas parafiscales que aporta el BCR ha constituido una de las principales críticas al proyecto de venta del BCR. Asimismo, diputados han alegado de que el Consejo de Gobierno, que es un órgano político, concentra las decisiones entorno al proceso.
Los proyectos de ley para la venta del Bicsa y del 49% de las acciones del INS aún no han sido presentados a la corriente legislativa.
