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La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, se comprometió a devolver los ¢11 millones que su ministerio le depositó “por error” en su salario durante casi un año. Lo hará en pagos de ¢320.000 mensuales.
En el primer año de su gestión, la institución le desembolsó a Muñoz un incentivo que incrementó su salario en un 65%, a pesar de que no cumplía con los requisitos para recibirlo.
Se trata de la compensación que reciben los altos jerarcas de la Administración Pública por la prohibición para ejercer su profesión de manera libre, mientras trabajan en el Estado.
En el caso de la jerarca de Gobernación, el beneficio rondó los ¢900.000 mensuales.
Muñoz no podía beneficiarse de ese incentivo, debido a que no ostenta ningún título universitario y, por ende, no puede desempeñar ninguna profesión.
La viceministra alega que el giro de ese dinero fue un “error”, del cual se enteró en abril pasado, casi un año después de su nombramiento. Llegó entonces a un arreglo de pago para cancelar en cuotas mensuales los ¢11 millones, antes de que venza su designación, en mayo del 2018.
La también exdiputada del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) culpabiliza del pago indebido a la jefa del Departamento de Recursos Humanos del viceministerio, Nuria Villalta.
Según Muñoz, fue Villalta quien le autorizó el giro de ese plus salarial, bajo el argumento de que todos los viceministros están sujetos al pago de la prohibición, sin importar si cuentan o no con atestados universitarios.
“En su momento, el tema yo no lo cuestioné. Es una funcionaria con experiencia, viene desde la administración anterior. Y, bueno, se comenzó a pagar ese rubro en mi salario y un día, con una información que vi en un medio de comunicación, yo tuve dudas y dije: ‘¿por qué a mí se me estaba pagando?, ¿cuál es el argumento acá?’ Entonces, me di cuenta de que no me correspondía ese rubro e inmediatamente pedí la suspensión”, dijo la viceministra.
Ante tal “error”, la jerarca de Gobernación y su superior, el ministro de Seguridad y Gobernación, Gustavo Mata, ordenaron a la Auditoría Interna y a la Asesoría Jurídica realizar una investigación para establecer responsabilidades.
Como parte de este proceso, a Villalta se le abrió un proceso administrativo que podría recomendar una suspensión de hasta 15 días sin goce de salario.
“Es una situación seria, importante, estamos hablando de recursos públicos y en aras también de transparentar y no dejar nada en la oscuridad, pues yo de oficio pedí que se investigara el caso, y si hay alguna responsabilidad que requiera de algún tipo de decisión o consecuencia, saldrá de los órganos que están investigando”, expresó Muñoz.
Mala interpretación. La jefa de Recursos Humanos declaró que el error fue suyo, que todo se debe a una mala interpretación del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Aduce que solo leyó la parte donde dice que los viceministros están sujetos a la prohibición y omitió que era exclusivo para “profesiones liberales”.
“Lo que pasa es que en ese momento yo interpreté mal la norma. Aquí, en el Departamento de Recursos Humanos, somos tres personas, no tenemos abogado, no tenemos secretaria, y de mi parte se dio una mala interpretación y yo solicité que se le comenzara a pagar.
”Fue un error involuntario a partir de una consulta que me hizo una de las asesoras de ella; la verdad es que me confundí. Cuando ella se dio cuenta de la situación, yo asumí mi responsabilidad”, declaró Villalta.
