El viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, se abstuvo de declarar y de responder preguntas, este miércoles, en la Comisión Especial Investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), por recomendación de su asesor legal, José Miguel Villalobos.

Soto, quien firmó el decreto ejecutivo publicado en La Gaceta el 17 de febrero que creaba la UPAD, aseguró que se acoge a su derecho a no declarar, tal como lo establece el artículo 36 de la Constitución Política y el 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El viceministro firmó el decreto sobre la UPAD en función de jerarca interino del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

Sin embargo, alegó ante los diputados investigadores que, debido a que la Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre el decreto ejecutivo y el funcionamiento del grupo presidencial de analistas de datos, prefería no responder una sola de las consultas.

El funcionario presentó la renuncia al cargo el martes por la noche y el presidente Carlos Alvarado la aceptó, para que Soto deje el cargo a partir del 1.º de abril.

Contra él se discute, en el plenario de la Asamblea Legislativa, un voto de censura presentado por el diputado independiente Erick Rodríguez Steller. Esa moción seguirá en trámite durante el tiempo en que Soto permanezca como viceministro.

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Pese a su negativa a responder preguntas, los diputados Pablo Abarca y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como Ana Lucía Delgado, de Liberación Nacional, le lanzaron las preguntas que ellos esperaban él respondiera.

Delgado se centró en preguntarle si había sido presionado a firmar el decreto de la UPAD y si había recibido llamadas para presionarlo a decir una u otra cosa ante la comisión.

Por su parte, Muñoz dijo que no atacaría a Soto en lo personal, sino a la administración que permite que él siga en el cargo, hasta el 1.º de abril, y que reciba salario pero no responda preguntas de los diputados.

La presidenta del foro parlamentario, la liberacionista Silvia Hernández, también le lanzó una serie de preguntas, sobre la información que Soto debía tener antes de decir que había aval de Mideplán para el decreto ejecutivo de la UPAD, así como las razones para que fuera él quien lo firmara y no Pilar Garrido, titular de Planificación.

Viceministro sobre renuncia: ‘Estoy anuente a valorarlo’

Pese a que no respondió preguntas durante casi una hora, cuando el independiente Jonathan Prendas le lanzó sus preguntas, específicamente si podría reconsiderar dejar el cargo de una vez, y no dentro en un mes, Daniel Soto dijo, primero, que él va a rendir su declaración “en el lugar que valore con mi defensor como adecuado para rendir cuentas necesarias y aclarar la situación”.

“Respecto a la renuncia, mi puesto siempre ha estado a disposición del presidente y la decisión se la presenté ayer. Honestamente, estoy anuente a valorarlo nuevamente y tomar una decisión con mi familia, con el presidente y la ministra, que sea la mejor para todos”, dijo el funcionario.

Entonces, Prendas le advirtió que aún está pendiente el voto de censura en su contra y que de fijo será aprobado. “Se le va a manchar el nombre, porque esa moción va a ser aprobada”, dijo el legislador fabricista.

“Usted va a quedar manchado políticamente por algo que no es su culpa. Su familia va a estar vinculada con esa mancha, el buen nombre que ha forjado su familia va a quedar con esa mancha”, alegó Prendas, quien añadió que incluso Víctor Morales Mora renunció al Ministerio de la Presidencia antes de que se conociera su voto de censura.

“Renuncie de una vez y, por todo lo que usted tenga como lo más sagrado, no le consulte ni a la ministra ni al presidente porque no lo van a aconsejar bien, no lo van a orientar bien. Ellos ocupan esta carnada, disculpando la comparación”, apuntó el congresista.

Gerente de Planificación: ‘Mideplán no tenía por qué firmar ese decreto’

En la primera comparecencia de la Comisión Investigadora de la UPAD, el gerente del Área de Modernización del Estado, de Mideplán, Luis Román Hernández, reiteró que la oficina que tiene a su mando emitió objeciones sobre la propuesta de creación de las diferentes oficinas que, meses atrás, intentó crear la Presidencia de la República.

Alegó también que esas observaciones nunca fueron atendidas, tanto así que el expediente abierto sobre la creación de la Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Dadia) y, luego, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia).

En cuanto al decreto publicado en La Gaceta el 17 de febrero y derogado el 21 de ese mes, Hernández aseguró que el Mideplán no tenía por qué firmarlo, “porque era una cuestión interna de la Presidencia de la República”.

Incluso, recordó que en la primera propuesta de decreto se preveía que las firmas fueran de Carlos Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y el jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Luis Adrián Salazar.

No obstante, la firma del Mideplán, en la persona del viceministro, Daniel Soto, está en el decreto y, para ello, el gerente dijo que debía haberse dado un criterio sobre la razón para apartarse de las opiniones contrarias a la unidad que la Presidencia quería crear.

Luis Román Hernández reclamó, durante varias de sus intervenciones, que el despacho de la ministra Garrido lo hubiera dejado a él al margen del proceso sobre la creación de la UPAD y se tramitara la tarea directamente con un subalterno suyo, Jorge Ortega.

Él añadió que, de previo a la comparecencia de este miércoles, se reunió con Pilar Garrido y dijo que ella se sorprendió de que Hernández, pese a ser gerente de área, haya estado, en todo momento, al margen del proceso.

Pese a considerar que Planificación no tenía por qué firmar el decreto de la UPAD, el gerente dijo que el viceministro nunca participó del proceso de creación de la unidad de datos, con base en el expediente que tenían en su departamento.

“Él nunca apareció en el proceso porque es viceministro administrativo, no tenía ningún deber de estar informado. Si firmó el decreto, lo hizo como jerarca sustituto y no tenía obligación de conocer todo el proceso. No tenía conocimiento de lo que estaba pasando ahí”, dijo Hernández.