EscucharEl viceministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, reconoce que el presupuesto del sector educación sufrió un recorte en el 2023 y que debido a ese ajuste se redujo la inversión social, tanto en el otorgamiento de becas del programa Avancemos, como los subsidios para transporte escolar y para estudiantes con alguna discapacidad.
Si bien reconoce esa situación y admite que hay una demanda insatisfecha de estudiantes en condición de pobreza, insiste en que el Ministerio de Hacienda les impuso un techo presupuestario y no tienen de dónde tomar más dinero.
Además, aduce que no puede recortar el gasto en salarios y tampoco tocar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por lo que la única opción es meterles tijera a los programas sociales. Esta es la entrevista con Sánchez, quien es viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional.
—Los datos indican que se ha reducido el presupuesto del sector educación. ¿Cuál es el panorama?
—El ministro de Hacienda (Nogui Acosta Jaén) nos manda una carta, a todos los ministerios, en el primer trimestre del año, con los lineamientos para que hagamos los presupuestos. En esos lineamientos básicamente lo que nos dice es: ‘Este año, usted tiene que hacer el presupuesto con base en estos criterios. Este año, usted tiene un techo presupuestario, por más que usted me diga, no se me puede subir de este techo’.
—¿Y de ahí no se puede subir, a pesar de las necesidades?
—No. (...) El ministro de Hacienda dice: ‘Vean, aparten el mismo monto del FEES del año pasado, sin aumento ni nada, y el resto vean qué hacen para usarlos entre transferencias, remuneraciones, etcétera, ajustado a la regla fiscal y a las normativas. Ahora, si ese techo es igual o menor al del año pasado y ustedes quieren aumentarle a alguna partida en específico, vean a cuál le bajan’.
—¿Baja a una para subir a otras?
—Por matemática simple, si a mí me dan lo mismo del año pasado y hay alguna partida que yo quiero subir, tengo que bajarle a otra partida. Eso es lo que pasa y la gente no entiende esta regla operativa.
“Dicho esto, el presupuesto del 2023 es de cerca de ¢2,7 billones (millones de millones), que representa más o menos el 5,9% del PIB”.
—¿En ese 5,9% del PIB están incluidas todas las instituciones, la red de cuido, el IMAS?
—Sí, de hecho, si quitamos todas estas instituciones y nada más dejamos MEP y FEES, no cambia mucho, llega al 5,4%.
—¿En 2022 de cuánto fue?
—Sí hay una pequeña reducción digamos en el presupuesto en términos de millones que hace que pase como porcentaje del PIB del 6,3% al 5,9%. Uno no puede agarrar el presupuesto y meterlo donde uno quiera, hay temas que son muy inflexibles, que no puedo rebajarles y ahí yo empiezo a tener problemas para ajustar el presupuesto.
“El tema salarios. Toda la plata que va para salarios, yo no puedo llegar y decirle al personal de Recursos Humanos que este año voy a rebajarles un 10%, porque es ilegal. A la gente no se le puede rebajar, más bien este año que viene hay un problema porque se va a pagar el costo de vida que se dejó de pagar por cuatro años y hay que pagar los 60 meses acumulados.
“Ojo, porque el presupuesto que nos pone Hacienda es el mismo, pero tenemos que ver de dónde agarramos para pagar el costo de vida de una planilla de más de 100.000 trabajadores en el MEP, que son más de ¢50.000 millones.
“Y ahí de nuevo tengo que volver a ver al presupuesto y decir a quién le rebajo, porque al FEES no puedo, a los salarios no puedo. Entonces ve qué interesante: los otros dos rubros que componen el presupuesto son servicios, materiales y bienes duraderos, que son cosas de oficina, pero apenas es el 3%. Ahí no hay mucho de dónde agarrar y ya se redujo totalmente. Y el 37% son transferencias, aquí va el FEES”.
—¿En ese 37% van universidades y programas sociales?
—Correcto. Van universidades y proyectos sociales, porque nosotros hacemos transferencias a las juntas, para que compren alimentos, para que paguen transporte estudiantil, transferencias al IMAS y demás.
“Este rubro es muy sensible porque es un rubro social y es el rubro de las universidades, pero cuando acá hay que montar algo (en el presupuesto), yo debo mirar hacia acá, pero cuando yo volteo acá y usted me dice ‘el FEES no me lo toca’, entonces tengo que volcar la mirada a los otros programas…
“Hay una diferencia de ¢30.000 millones. Y ojo, con respecto al PIB uno puede cometer un error que es pensar que cuando yo bajo el presupuesto de educación con respecto al PIB estoy afectando a la educación. Depende. Si el PIB crece mucho y yo mantengo el porcentaje de educación-PIB, ese año en particular le estaré girando a las universidades un montón de plata en términos absolutos.
“Supongamos que el PIB aumenta a un ritmo enorme de un año para otro. Si mantengo fijo como porcentaje del PIB de un año para otro me llega un montón de plata que el MEP no sabría qué hacer y las universidades menos. ¿Qué ha pasado con las universidades cuando ha pasado eso? Subejecutan y se vuelve un superávit.
“Entonces, yo lo primero que digo es, sí se puede analizar con respecto al PIB para compararlo con otros países, pero la pregunta es: ¿el hecho de que haya disminuido uno o dos puntos porcentuales del 2022 al 2023 afecta al sistema educativo? Yo digo que depende de cuánto varió lo absoluto. Lo absoluto varió para el MEP como en ¢40.000 millones. ¿Pero en las universidades varió? Pasó de ¢561.000 millones a ¢567.000 millones.
—¿Cuáles son los rubros intocables?
—En términos absolutos, el presupuesto a la educación disminuyó. En el caso de las universidades, aumentó. ¿Y qué quiere decir eso? Si disminuyó el presupuesto total y el de las universidades aumentó, a algo se tuvo que haberle rebajado.
—¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Por qué se han ido reduciendo?
—Nosotros en el MEP damos dos tipos de beneficios sociales: las becas y los subsidios. Las becas las dividimos en dos, el programa Avancemos y las llamadas becas post secundaria (...). Luego tenemos los mal llamados subsidios, que son los comedores escolares y el programa de transporte estudiantil, que, en este programa (transporte), en realidad, el dinero se les transfiere a las juntas. Las juntas lo administran y se lo da al niño o le pagan directamente al transportista.
“En el 2022, se asignaron para estos dos programas: becas y subsidios, ¢196.000 millones, para el año 2023 fueron ¢206.000 millones”.
—¿Por qué el programa de becas del IMAS se redujo?
—El presupuesto del IMAS tiene dos fuentes, fuente MEP y fuente IMAS, la parte del MEP aumentó más bien del 2022 al 2023.
—¿Pero el número de estudiantes con becas disminuyó?
—Claro y ese tema hay que abordarlo de manera integral. En algún momento se le plantea al IMAS: ‘¿Usted realmente tiene certeza de que el 100% de esos estudiantes con becas estén en condición de pobreza o pobreza extrema?’
“Y se empieza hacer ese análisis, ese filtro y comienzan a descartarse estudiantes. La pregunta es: ‘¿Estudiantes pobres o en pobreza extrema perdieron becas?’ La respuesta es no. ¿Estudiantes que cambiaron su condición socioeconómica y perdieron la beca? Sí, porque ya no cumplen el requisito y aquí tengo que ser claro en algo, la dinámica de la pobreza es muy grande: una familia puede estar en pobreza hoy, mañana no y viceversa.
—Las becas en el IMAS se redujeron en un 31%. ¿El 31% de los estudiantes que tenían becas salieron de la pobreza o pobreza extrema? Eso sería un milagro económico.
—Le puedo hablar de los datos que yo manejo y es que sí, se empezó a trabajar más de lleno en que no se hicieran filtraciones (sobre los casos de pobreza) para ser más justos y aquellos estudiantes que no eran pobres, pero estaban recibiendo becas que ya no la tengan y se abran campos a otros estudiantes.
“¿Estamos cubriendo todos los estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema con becas? La respuesta es no y tenemos un gran déficit que se agravó con el tema de la pandemia. Con respecto a las juntas de educación, toda la plata que nosotros transferimos se mantuvo casi igual; es una variación pequeñita a favor de este año. Ahora, el programa de comedores aumentó en cerca de ¢4.000 millones.
“En el 2022 se le dio ¢108.000 millones y este año ¢112.000 millones. ¿Cómo se explica esa diferencia? Que se aumentó la plata para los salarios de las cocineras. ¿Aumentó la plata para compras de alimentos? No, lo que aumentó fue la plata para el tema de cocineras, el resto se mantuvo. El programa que sí se redujo por un tema de regla fiscal, nosotros ya no teníamos a qué quitarle y fue transporte estudiantil.
“Quiero hacer una aclaración: este programa consume entre ¢42.000 millones y ¢43.000 millones al año. El presupuesto del año pasado fue de ¢34.000 millones, a lo largo del año se buscaron recursos para salir y eso llegó a ¢42.000 millones. Este año, por la regla fiscal, se presupuestó prácticamente lo mismo del año anterior. ¿Este presupuesto alcanza? No, no alcanza, faltan como ¢10.000 millones. Entonces la pregunta es: ‘¿Qué hay que hacer? Recurrir a un presupuesto extraordinario. ¿Qué estamos visualizando? Recursos que tiene Fodesaf”.
—¿No tienen presupuesto para completar las becas de transporte para el resto del año?
—Tenemos hasta julio y una parte de agosto (pasado). Los diputados, cuando estábamos discutiendo el presupuesto para reforzar seguridad pública, transfirieron unos recursos que estaban en esa partida que no se pudo ejecutar. Ya transfirieron mil y resto de millones a transporte estudiantil. Esto ya está por contabilizarse, etcétera.
—Se puede entender qué hay crisis, reglas fiscales que cumplir, pero ¿por qué les reduce el presupuesto a los sectores más vulnerables?
—¡Que difícil! La respuesta es muy sencilla. Si yo tengo compromisos de ley, tengo un rubro de gastos operativos que es mínimo en el presupuesto y luego tengo los programas sociales. Cuando yo diseño el presupuesto, tengo que empezar por los rubros que son de ley: pagos de salarios, aguinaldos, pero, lamentablemente, eso absorbe más del 60% del presupuesto. Me voy al otro 40% y son programas sociales. ¿Cualquier cosa que yo ocupe recortar de dónde lo saco? Solo de ahí.
—Durante la pandemia, estos estudiantes que perdieron becas, etc. quedaron incluso más vulnerables que antes...
—Te entiendo la lógica, ¿por qué le quitas a los programas sociales cuando la pandemia generó una demanda insatisfecha de más estudiantes en condición de pobreza? Tenés toda la razón.
—Esos estudiantes a la larga le van a costar más al país si dejan de estudiar por falta de becas...
—Sí, totalmente de acuerdo, pero, mirá la disyuntiva en la que estamos: un presupuesto donde el 60% no se puede tocar y el otro 40% son becas. Si yo quiero quitarle para darle más a las universidades, tiene que ser de ahí, de dónde los saco. Es una situación muy complicada.
—La Contraloría de la República dice que el presupuesto de educación es el más bajo de los últimos nueve años con respecto al PIB. Decrece un 1,2% con respecto al 2022...
—El dato es correcto en tanto sea como una proporción del PIB, pero ahí hay que analizar el tema con cuidado. ¿Qué pasa si el PIB crece enormemente? ¿Realmente es una afectación en términos absolutos? ¿Qué pasa con la variación en el tipo de cambio? ¿La variación en los precios? ¿Qué pasa con la ejecución de los recursos? ¿Y cómo se distribuye esa plata?
“Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí que me aumenten ese presupuesto, si todo ese aumento va para el FEES, por ejemplo? ¿Qué gana preescolar, primaria y secundaria con eso?
—También la Contraloría dice que el presupuesto del 2023 para becas y subsidios decreció un 5,1% con respecto al 2022...
—Si son estrictamente becas y subsidios, aquí tal vez hay que desagregar muy bien. Si yo agarro todo el paquete de lo que son becas para el IMAS, los programas de comedores escolares y transporte estudiantil, como un todo, yo tengo una diferencia más bien positiva de un año para otro. Ahora, sí debería haber más plata para Avancemos y transporte. Lo cierto es que hay una demanda insatisfecha. La pregunta es: ¿de dónde podemos sacar más dinero?
