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Los diputados frenaron, este martes, el avance de un dudoso proyecto de ley sobre etiquetado de licores del diputado liberacionista Daniel Ulate.
La intención de empujar este proyecto fue cortada en el plenario luego de que, el jueves pasado, la fracción de Liberación Nacional (PLN) lo introdujo en la lista de planes que entrarían a la etapa final de trámite legislativo.
Una serie de discusiones internas en el PLN frenó el proyecto que crea un lucrativo negocio a la empresa privada que resulte contratada para hacer la trazabilidad de los licores.
Los intentos de Ulate por incluirlo desataron un acalorado debate con la jefa liberacionista, Silvia Hernández, en el plenario.
La discusión se notó cuando Hernández y Ulate conversaban en medio de la votación de la moción que establecía la agenda de consenso para este martes.
Aunque Silvia Hernández propuso en la reunión de los jefes de bancada, el jueves pasado, que la iniciativa entrara en la agenda, finalmente la temperatura interna en el PLN determinó que se frenaran los trámites finales del proyecto.
La propia Hernández fue la que pidió que se sacara el plan de la agenda y la que tuvo que convencer a Ulate de que cediera un poco, pese a su evidente enojo.
“Yo fui la que sacó hoy (este martes) el tema de la agenda y le dije a él (Daniel Ulate) que el tema no se iba a ver hoy, porque aún existen dudas externadas por varios compañeros que tienen que ser abordadas en la reunión del próximo lunes”, dijo la vocera del PLN.
Añadió que ella tuvo que solicitar el entendimiento de la fracción y en particular del ramonense. Añadió que la realidad técnico-política de noviembre vuelve imposible que, después de debatir el Presupuesto Nacional 2020, dé tiempo para una agenda muy extensa de proyectos.
“Nuestra prioridad hoy era el proyecto del ICE”, añadió.
La moción de consenso, que excluía el proyecto de licores, fue rechazada en una primera votación la tarde de este martes mientras Ulate negociaba para que se desechara y se aprobara otra que sí incluyera su proyecto.
Después de numerosos intentos de Silvia Hernández y de otros liberacionistas para convencer a Ulate de que desistiera de su intención, el plenario aprobó repetir la votación y la agenda de consenso, sin el texto de licores, fue aprobada por 42 diputados.
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En la discusión también intervinieron Gustavo Viales, Yorleny León y Ana Lucía Delgado, entre otros diputados del PLN, mientras Ulate negaba con la cabeza y señalaba los papeles que tenía en la mano.
La moción incluyó cinco proyectos y dejó por fuera el expediente 20.961, iniciativa que obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un sistema de rastreo de botellas de licor que en otros países ha costado millones de dólares.
En Ecuador, por ejemplo, el costo de ese sistema de trazabilidad costó $72,6 millones. Hacienda cuestiona el beneficio del plan frente a su costo.
Durante su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos, de la que Ulate forma parte, una serie de criterios negativos le llovieron a la iniciativa, incluyendo los generados por entidades del Gobierno que advirtieron de lo costoso del sistema y lo poco que reportaría en ganancias.
El sistema que promueve Ulate se le ha contratado en Ecuador y República Dominicana a una empresa de la que el exmandatario liberacionista, José María Figueres, es el presidente para Latinoamérica y cabildero en Chile.
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La insistencia de Ulate es para aprobarle una moción de fondo al proyecto en la que, literalmente, dice que se excluirían del etiquetado las bebidas alcohólicas derivadas de las frutas con un porcentaje de alcohol menor al 8%.
Por su parte, el socialcristiano Pablo Abarca tiene una moción que, para rescatar la iniciativa, buscaría darle al Ministerio de Hacienda las potestades de contratar un sistema de etiquetado, pero luego de hacer un estudio técnico y justificar cuáles licores tienen una mayor incidencia de contrabando y requerirían del sistema de trazabilidad.
