La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, aseguró que el plan para perdonar deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y reformar su ley para participar en el mercado de valores es una señal de mala fe.

León fue la única que votó en contra de la propuesta impulsada por el Gobierno y que quedó aprobada en primer debate, el pasado martes, con el aval de 39 diputados de diferentes fracciones.

El proyecto pretende perdonar deudas por ¢6.200 millones a unas 2.500 personas físicas y jurídicas que en principio son del sector agrícola, aunque Tributación registra otras actividades, y que estuvieran afectadas por la pandemia. Además, faculta al Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) para incursionar en el mercado de valores.

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En el caso de la condonación, se realizaría sin presentar ninguna justificación de pérdidas, y en el caso de la emisión de bonos, sin la supervisión que corresponde.

Esa es la denuncia que hace la diputada León al justificar su voto negativo.

“Me parece de muy mala fe que en un solo proyecto de ley se definieran dos temáticas que no tienen nada que ver, una es la condonación de deudas de los agricultores y la otra que se refiere a una reforma de Banca para el Desarrollo que tiene implicaciones financieras para el país realmente importantes”, dijo León al ser consultada por La Nación.

León aseguró que, previo al primer debate, sus compañeros se comprometieron a apoyar una moción para darle al proyecto la supervisión que corresponde, pero ninguno sostuvo su palabra al no aprobarse una moción del diputado fabricista Jonathan Prendas en ese sentido.

A cambio, León retiraría las mociones que presentó al proyecto que incluían la supervisión de la Superintendencia General de Valores, así como el requisito de demostrar pérdidas para ser beneficiario de la condonación.

A pesar de que se retiraron dichas mociones, el proyecto se aprobó sin plantear mayores enmiendas al plan que envió el Gobierno a los diputados. Se dejó perdonar “a ciegas” las deudas de los agricultores, mientras que la emisión de “bonos para el desarrollo” se dejó en la oscuridad, según León.

Múltiples instituciones y entidades se han opuesto parcial o totalmente al proyecto. Es el caso de la Contraloría General de la República (CGR) que sugirió establecer parámetros para la condonación.

También el Ministerio de Planificación (Mideplan) recomendó incluir un compromiso por parte de los beneficiarios para mejorar su productividad.

A estos criterios negativos se suma el del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que asegura que el proyecto podría acarrear conductas oportunistas de los beneficiarios, además de las implicaciones financieras en la emisión de los bonos para el desarrollo, así como los riesgos fiscales por tener esos bonos el respaldo del Estado.

Contra marea por los arroceros

La diputada denunció la actitud del gobierno de Carlos Alvarado en este proyecto, pues asegura que, pese a las advertencias, el proyecto fue enviado e impulsado con estas deficiencias pues es un acuerdo entre las entidades de gobierno y el sector arrocero.

“Decidieron seguir contra viento y marea, pese a los riesgos que podría correr al Estado”, denunció.

Dicho acuerdo se firmó, según León, el pasado domingo 23 de agosto, en horas de la noche.

Señaló que la rebeldía de no aplicar los cambios sugeridos es “injustificada”, pues el Estado queda expuesto al respaldar bonos que estarían sin supervisión.

“Es aún más preocupante cuando se tiene en cuenta que el Consejo rector del SBD, dos de sus cinco integrantes son ministros de Gobierno y en ningún momento frenaron el avance de la reforma ni tomaron con seriedad las llamadas de alerta dadas por los diferentes órganos a los que se consultó”, dijo León.

Este domingo, el ministro de Agricultora y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, dijo en el programa Estado Nacional que él sí sugirió a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) revisar la lista de beneficiarios, sin dar más detalles.

Sin embargo, los diputados no plantearon ninguna enmienda en ese sentido, pues la única moción en filtrar la lista fue presentada por Jonathan Prendas. Este cambio implicó que los beneficiarios tuvieran que presentar una declaración jurada.

El jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, aseguró que la moción de Prendas tomó como base otra del diputado oficialista, Welmer Ramos.

El proyecto está a las puertas de su segundo debate, aunque Prendas anunció que requiere de otros cambios, previo a ese paso.