EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró este viernes que apelarán la medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel.
Contra ella se ordenó seis meses de suspensión del cargo mientras avanzan las investigaciones del Caso Barrenador, relacionado con la adjudicación a cooperativas de contratos para administrar Ebáis, a pesar de supuestos sobreprecios.
”Yo me imagino que este juez tuvo muchísima presión, por razones obvias, entonces lo que corresponde es una apelación porque hay una gran cantidad de contradicciones”, aseveró el mandatario.
Chaves hizo esta declaración durante el acto de habilitación del puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, ahora bautizado como puente Ricardo Saprissa Aymá. Sobre el tema, al presidente se le consultó además quién asumiría la Presidencia Ejecutiva de la CCSS ante la ausencia de Esquivel; sin embargo, optó por no responder.
La medida cautelar también aplica para la gerenta general interina de la Caja, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes; así como para los directivos Isabel Camareno Camareno, representante del gobierno, y Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, ambos delegados del sector patronal.
Además de la suspensión del cargo, se les prohíbe comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos del caso, así como intervenir en cualquier asunto laboral relacionado con ellos. Tampoco podrán participar en temas relacionados con la licitación a las cooperativas que está bajo investigación.
Los otros imputados en la causa son los exdirectivos Jorge Luis Araya Chaves (patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sigue contra ellos una causa por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, conductas en las que habrían incurrido al aprobar la licitación para administrar 138 Ebáis de 10 áreas de salud con un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones al año.
Por estos hechos, la Fiscalía realizó el 23 de setiembre 28 allanamientos y la detención de los implicados, diligencias que han sido criticadas por el presidente Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
La mañana de este viernes, la oficina de prensa de la Caja informó de que están a la espera de ser notificados de las medidas cautelares resueltas por el Juzgado Penal de Hacienda. Una vez notificados, se decidirá si las suspensiones se aplicarán o no con goce de salario.
“Una vez que la CCSS sea notificada del detalle de las resoluciones judiciales con relación a la presidenta ejecutiva y gerenta general, se procederá a realizar el análisis que corresponda en materia administrativa y salarial, y se informará oportunamente”, indicaron.
