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El magistrado presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, anunció esta tarde que se inhibirá de juzgar cualquier recurso de amparo o acción de inconstitucionalidad sobre los recortes a las pensiones de lujo que impulsen la Asamblea Legislativa o el Gobierno.
Mediante un comunicado de prensa, Jinesta declaró que su decisión obedece al discurso que pronunció el 20 de junio, ante todos los magistrados de la Corte Plena, en el que llamó a oponerse activamente contra toda intención de exigir contribuciones solidarias a las jubilaciones del régimen judicial, las cuales alcanzan hasta ¢9 millones. Así consta en el acta 21-16.
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El juez deberá ser sustituido por un suplente en estos casos.
El presidente de la Sala IV informó de que presentará todas las inhibitorias la próxima semana para no incidir tanto en los expedientes que actualmente están en estudio, como en los que se presenten en el futuro, lo cual también incluye consultas legislativas o judiciales.
El magistrado asegura que no decidirá en ninguna discusión que se relacione con ninguno de los regímenes de pensiones, ni Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Poder Judicial o Magisterio.
Lo anunció en momentos en que la Asamblea Legislativa debate un proyecto de ley para atenuar el gasto en las pensiones judiciales, debido a que dudan de que sean financieramente sostenibles y porque creen que el Estado debe aportar demasiado para sostenerlas.
Las jubilaciones de este poder, el que más dinero le cuesta al país en salarios, ofrecen ventajas como pensionarse con el promedio de los mejores 24 salarios y a los 50 años.
En Cuesta de Moras, los legisladores quieren imponer un tope de ¢4,7 millones a las futuras pensiones y cobrar a las vigentes un aporte solidario, el cual equivaldría a un 20% del monto que se exceda a partir del tope. A una pensión de ¢6,5 millones, por ejemplo, se le deduciría una contribución de ¢333.000; es decir, un 5% sobre el monto total.
El proyecto de la liberacionista Sandra Pizsk también impediría a los funcionarios judiciales pensionarse con menos de 55 años y reduciría el cálculo de pensión de manera escalonada: los 48 mejores salarios a quienes hoy tengan entre 15 y 20 años de trabajar; 72 salarios a quienes tengan entre 10 y 15 años; 96 salarios a quienes tengan de 0 a 10 años; y 120 salarios para los futuros empleados.
En este momento, la Sala IV debe resolver acciones legales en contra de dos reformas que reducen las pensiones de lujo de los exdiputados y exjerarcas del Gobierno. Una de las reformas es un decreto aprobado por el Gobierno en el 2014, el cual impone un tope de ¢2,6 millones a jubilaciones que hoy llegan hasta los ¢16 millones.
La otra es un paquete de proyectos de ley aprobados por la Asamblea, en julio, que exige aportes solidarios a esas mismas pensiones, los cuales alcanzan hasta un 75% del monto que exceda los ¢2,6 millones, amén de que se elimina el aumento anual del 30% que tenían las jubilaciones de los exlegisladores.
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Tres exministros y otros dos beneficiarios de ese régimen recurrieron la reforma ante los magistrados.
"Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas ni diezmadas", dijo el magistrado Jinesta en Corte Plena, en junio.
Jinesta, magistrado de la Sala IV desde el 2002, también anunció una actitud combativa "en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya" en contra de las reformas que se discuten en el Congreso.
Entre sus consideraciones, el juez alegó que, al ver reducidas sus pensiones, los funcionarios judiciales "pueden ceder ante cualquier tipo de ofrecimiento inadecuado e irregular".
Aparte de Jinesta, también el magistrado Fernando Cruz lanzó ataques, en diciembre del 2014 (según consta en el acta 057-2014 del 8 de diciembre de ese año), contra el proyecto presentado por la liberacionista Sandra Piszk para imponer una contribución solidaria gradual (del 2% al 30%) a las pensiones judiciales.
