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La Procuraduría General de la República (PGR) determinó ayer que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no donó dinero a la Presidencia, sino bienes y servicios, los cuales una vez recibidos son públicos y deben someterse a todos los controles del Estado.
Para la entidad que ejerce como abogado del Estado, pese a que el convenio que rige la donación habla de $1 millón anuales, el dinero no entró al Erario gracias a una petición que hizo la Presidencia de la República al Banco.
Sin embargo, establece que una vez que los bienes y servicios donados son recibidos por el Gobierno, asumen el carácter de públicos y, por ende, deben estar sometidos a todos los controles del Estado.
La Procuraduría señaló además que el proyecto de cooperación financiera no reembolsable del BCIE, que utiliza la Presidencia para pagar consultores es, a la luz del Códígo Civil, una donación pues “la cooperación no es onerosa para el Estado, que no está obligado a devolver los montos recibidos”.
El dictamen surgió como respuesta de la Procuraduría a una consulta de los diputados Sergio Alfaro y Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC), sobre la legalidad de la donación del BCIE.
La Presidencia ha pagado desde noviembre del 2006 a la fecha 84 consultorías cuya ejecución se mantenía en secreto hasta que La Nación divulgó –el 30 de junio– la existencia del programa.
Petición oficial. Según la resolución de la PGR, el oficio del 31 de octubre del 2006, dirigido al director del BCIE, Alfredo Ortuño y firmado por el presidente de la República (Óscar Arias) y por el ministro de la Presidencia (Rodrigo Arias), definió el destino de la donación.
La entidad señala que la petición de ambos funcionarios –basada en lo que la PGR considera una ambigüedad en el convenio entre el BCIE y el Gobierno– fue que el banco contratara directamente a los proveedores de bienes y servicios, y así evitaron que la donación se convirtiera en fondos públicos.
Gracias a esa decisión, únicamente los bienes y servicios contratados por el BCIE constituyen fondos públicos.
“No desconoce la Procuraduría que podría cuestionarse si las partes, y en particular el Gobierno de la República, podían acordar que el monto de la donación se transfiriera en bienes y servicios contratados por el Banco y no en dinero en efectivo”, dice el documento.
Así, pese a que se evitó que los fondos fueran públicos, los bienes y servicios –señala la Procuraduría– están sometidos a control, tanto de la auditoría de la Presidencia como de la Contraloría General de la República.
“Lo anterior significa que sobre ese bien o servicio podrán ejercerse los controles de legalidad, contables, financieros y de eficiencia que determina el ordenamiento costarricense”, reza el dictamen.
Además, sostiene, está sometido a los principios de publicidad y transparencia que rigen la administración pública.
