Ocho años han pasado desde que los vecinos de Orotina y el país entero conocieron los planes de construir un megaaeropuerto que le permitiría “pensionarse” al Juan Santamaría. La nueva terminal aérea se ubicaría igualmente en Alajuela, pero en un cantón más cercano al Pacífico central.
En mayo del 2017, vía decreto, se aseguraron los 370 terrenos que se requerirían para el emplazamiento, el cual, según se determinó en un estudio, se ubicaría en las comunidades de Coyolar, Mastate y La Ceiba. El gobierno presentó renders (representaciones) de una terminal futurista y llena de lujos, dos pistas de aterrizaje y, además, un presupuesto y un cronograma sumamente ambiciosos.
La promesa de las autoridades era que la terminal aérea de $2.000 millones estaría lista para el año 2027, es decir, según esos planes estaríamos a dos años de ver completada la obra.
En la administración siguiente, la pandemia y la estrechez fiscal llevaron a las nuevas autoridades a engavetar el plan y, más bien, se enfocaran en “salvar” lo que se podía del plan maestro que el gestor del Santamaría tuvo que detener en medio de la crisis mundial por covid-19.

En el actual gobierno, las posiciones sobre el futuro de ese plan no han sido claras. El exministro de Obras Públicas, Luis Amador aseguró, poco antes de ser destituido, en marzo del 2024, que era necesario retomar el plan porque, aun con las obras adicionales, al Santamaría le restaban unos 20 años de vida. Eso sí, Amador advirtió de que era necesario reajustar el tamaño del proyecto para que resultara viable.
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Pese a esas declaraciones y a que, desde inicios del año pasado, Aviación Civil posee un nuevo estudio que define las pautas de cómo debería ser el nuevo aeropuerto de Orotina, el gobierno no se ha pronunciado ni ha dado a conocer una hoja de ruta clara sobre el camino que seguirá para hacer frente al eventual colapso de la principal terminal aérea del país.
Mientras tanto, los vecinos cuyos terrenos fueron anotados registralmente luego del decreto firmado por Luis Guillermo Solís en el 2017, mantienen esa afectación y no tienen claro qué pasará con sus propiedades, ya que los terrenos no han sido adquiridos ni liberados.
La semana anterior, durante la orden de inicio de una de las principales obras del plan maestro del Santamaría, el actual director de Aviación Civil, Marcos Castillo, aseguró que el plan de Orotina sigue en pie.
Castillo reconoció que los estudios con que cuentan indican que la vida útil del Santamaría podría extenderse hasta el 2040 y aseguró que mantienen en análisis, como alternativa, el aeropuerto de Orotina, para lo cual cuentan con las recomendaciones emitidas en el citado estudio.
Según el director de Aviación, entre esas recomendaciones se cita, por ejemplo, la necesidad de reducir el alcance y hacer solo una pista en lugar de dos.
“El estudio habla también de un diseño de terminal, hacer un análisis de carga es muy complejo y nos dice un poquito de cómo comenzar a diseñarlo y ajustar el diseño original”, afirmó Castillo, sin detallar cuánto podría costar el aeropuerto, pues, según dijo, hasta que se estructure el nuevo proyecto podrían marcar la “hoja de ruta”, lo cual, añadió, podría estar a finales de este año.
La intención de Aviación Civil es que el aeropuerto de Orotina no “pensione” al Santamaría, sino que opere en circuito, junto con otras terminales regionales como las de Limón, Liberia y la zona sur (esta última también debe empezar de cero).
¿Cómo debe ser el aeropuerto de Orotina?
De acuerdo con el estudio al que La Nación tuvo acceso, la propuesta, de la consultora ALG, plantea que el nuevo aeropuerto internacional se construya en una superficie de 800 hectáreas máximo (el plan anterior contemplaba 1.200 hectáreas). Además solo tendría una pista y la terminal se reduciría de 125.000 m2 a 110.000 m2. La inversión prevista para esas obras bajaría a la mitad de lo estimado en el plan anterior, pues rondaría los $1.000 millones.
El documento indica que se debe agotar la capacidad real del Juan Santamaría y ligar los tiempos de capacidad y demanda de ese aeropuerto con el proyecto de Orotina.
Para esto, plantea como cronograma “tentativo” operar el Santamaría del 2036 al 2045 y, en ese mismo período, ejecutar la construcción del aeródromo de Orotina.
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El análisis citó, entre los errores del proyecto anterior, que este se tenía que cofinanciar con recursos públicos, y que el proyecto estaba “sobredimensionado”, con tráfico insuficiente, que el modelo de alianza público-privada no estaba ligado con la concesión del actual aeropuerto y que no había un análisis riguroso de la capacidad última del Juan Santamaría.
Además, cita que los plazos eran irreales por el volumen de inversión y la falta de maduración del proyecto.
También se analizó la conveniencia del emplazamiento y se evaluaron otras posibles zonas cercanas entre sí, como Tárcoles, Caldera y Cascajal; sin embargo, tras analizar las condiciones en cada uno de esos sitios, se determinó que Orotina seguía siendo la opción más viable.

“Se considera que Orotina es el emplazamiento más adecuado para construir el nuevo aeropuerto, pues dispone de mayor cercanía con el Valle Central y el hecho de planificarse a largo plazo permitiría al país construir y ampliar las vías de comunicación necesarias”, indica el documento. Hoy la ruta 27, que conduce a esa zona del país, está colapsada y todavía no hay acuerdos en firme para su ampliación.
El informe concluye que la vida útil del Santamaría se podría extender más allá del 2050 si se desarrolla su infraestructura adecuadamente, especialmente el campo de vuelo.
“A largo plazo, se requerirá un nuevo aeropuerto para San José, pero con un perfil de proyecto distinto. El tráfico de apertura estará por encima de los 11 o 12 millones de pasajeros y será un proyecto que podrá ser financiable por el sector privado”, cita.
Además, establece que su construcción debería iniciarse entre 10 y 15 años antes de que se agote la capacidad del Santamaría. Ahora bien, si se estima que la actual terminal aérea de Alajuela no tendrá vida más allá del año 2040, ese momento de empezar la construcción en Orotina es ya, y ni siquiera hay un diseño definitivo.
La pretensión de las autoridades es no solo estructurar mejor el proyecto, sino perfilar la evolución del turismo en Costa Rica, así como mejorar los accesos terrestres y considerar los fondos que puedan ser generados por el actual aeropuerto más allá del 2036 para apalancar la operación de la nueva terminal mientras que el Santamaría podría continuar como terminal doméstica.
El exsecretario técnico de Concesiones Eduardo Chamberlain coincidió con el análisis en relación con el espacio que tienen las autoridades para comenzar a perfilar y mover el proyecto.
Sin embargo, en su criterio, el nuevo aeropuerto más bien debería ser más pequeño en sus primeras etapas para comenzar a absorber la operación doméstica de la actual terminal.
“Orotina podría ser esa solución, pero no como un reemplazo del Santamaría, sino como un complemento y, para eso, lo primero que tiene que hacer usted es asegurar los terrenos. Pero también tiene que asegurar el crecimiento del Santamaría y, para eso, lo primero es mover Coopesa y proteger los terrenos de los alrededores”, explicó.
El ingeniero, quien también fungió como director del departamento de Planificación e Ingeniería de la empresa Aeris, afirmó que lo ideal sería que el aeropuerto en San José comience a recibir las inversiones que realmente requiere para seguir atendiendo la demanda, de modo que una vez que se desarrolle Orotina, este empiece a crecer orgánicamente.
El exsecretario técnico aseguró que una de las opciones para garantizar esas obras podría ser mediante una adenda al contrato de gestión interesada que modifique los porcentajes de distribución, a fin de que Aeris ejecute las ampliaciones de la pista que se requieren.
Chamberlain también se refirió a que el monto estimado en el plan anterior se ajustara a la realidad, pues en su criterio, todas las obras adicionales que se requieren habrían elevado el costo a unos $5.000 millones, lo que lo hacía aún más inviable.

Comunidad en incertidumbre
Sara Campos, una de las propietarias de los terrenos que fueron incluidos en el decreto, aseguró que ocho años después del anuncio, ni siquiera sabe en qué condición está su propiedad.
Según dijo, en el 2017, cuando se hizo el anuncio, participaron en varias reuniones, pero luego de que el proyecto se archivó, no volvió a tener información.
En una situación similar se encuentran todos sus hermanos, quienes viven no solo con la incertidumbre, sino con la preocupación de no poder disponer de las propiedades, por ejemplo para heredarlas a sus hijos.
“Ahora que están haciendo una callecita, que es la de Pozón, nos hemos sentido preocupados porque creemos que esas mejoras es porque quieren que avance el aeropuerto, y aquí ninguno quisiera que lo expropien”, indicó.
Por su parte, la alcaldesa de Orotina, Margoth Montero, aseguró que tras una consulta realizada el año pasado a las autoridades de Aviación Civil, se les indicó que “la administración mantiene el interés en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional metropolitano”.
Sin embargo, en ese mismo oficio firmado por el director de la DGAC, se le indicó que estaban “imposibilitados” de brindar una fecha estimada sobre cuándo se ejecutará el proyecto, ni tampoco información relacionada con las expropiaciones, pues se estaban analizando factores como el modelo de gestión, el financiamiento y la eventual concesión.
Según Montero, esa comunicación también daba cuenta de la reducción del proyecto, lo cual permitiría que un porcentaje de las familias afectadas quede fuera de los decretos existentes.
“Solicitamos la presencia del ministro de Transportes y del director de Aviación Civil para aclarar detalles del proyecto y conocer la voluntad del Estado sobre la definición de una nueva hoja de ruta que involucre al menos la realización de los estudios pendientes, como el estudio de impacto ambiental, la conformación de una comisión de seguimiento para los peritajes y la compra de los terrenos de manera que se completen los elementos necesarios para que el gobierno local de Orotina pueda concluir su Plan de Ordenamiento Territorial”, afirmó Montero.
Según detalló, dicha reunión se llevaría a cabo a finales de abril.
