EscucharUn proyecto de ley pretende frenar “los cobros excesivos” de las universidades privadas por la entrega de títulos, ceremonias de graduación, trabajos comunales y proyectos finales.
La iniciativa fue presentada por la diputada liberacionista Katherine Moreira Brown, se tramita bajo el expediente 24757.
El texto plantea que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) “regule los costos asociados a la titulación y las ceremonias de graduación, estableciendo que los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos puedan acceder a su título sin la obligación de asistir al acto protocolario, pagando únicamente el costo de la titulación”.
Asimismo, la propuesta pretende la implementación de un modelo de cobro razonable para los trabajos comunales y proyectos finales.
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De acuerdo con Moreira, actualmente el Conesup solo regula los costos de tarifas de matrícula y de cursos universitarios, no los cobros que se realizan por derechos de graduación, entre otros trámites.
“Lo que buscamos con este proyecto de ley es llenar ese vacío normativo, promoviendo mayor regulación y control sobre los costos adicionales que impactan de manera desproporcionada a los estudiantes. Queremos garantizar que estos cobros sean razonables, transparentes y estén alineados con los principios de accesibilidad y equidad en la educación superior”, comentó la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN).
Diputada expone altos costos en trámites universitarios
Moreira Brown fue enfática en que miles de estudiantes se enfrentan a “barreras económicas injustas” al finalizar su formación académica, cuando les corresponde pagar “montos elevados” para poder realizar trabajos comunales o para costear las ceremonias de graduación.
La legisladora citó que se analizaron costos relacionados con derechos de graduación y servicios adicionales en universidades privadas del país, entre los que encontraron que los derechos de graduación oscilan entre ¢135.000 y ¢322.000, dependiendo de la casa de estudio y el grado académico.
El pago de certificaciones, reposiciones de títulos, matrícula y convalidación de materias, también representan pagos adicionales que pueden superar los ¢50.000 por trámite.
“Detrás de cada estudiante hay sueños, sacrificios y familias que apuestan todo por salir adelante. No es justo que quienes han cumplido con todos los requisitos académicos sean obligados a asumir costos exorbitantes para obtener un título. La educación debe ser un puente hacia la igualdad, no un obstáculo para quienes ya tienen tanto por superar”, comentó la diputada.
