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El proyecto de ley 19.506, de la diputada liberacionista Sandra Piszk, regularía el otorgamiento de ocho beneficios salariales que se pagan en las instituciones del sector público, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía.
Regiría para funcionarios de todos los poderes, incluyendo instituciones autónomas, municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Quedan por fuera las entidades que estén en mercados en competencia. En algunos casos, los ajustes solo se aplicarían a empleados nuevos, pues se respetan derechos adquiridos; en otros, se reconoce lo acumulado pero se aplican cambios en los porcentajes por calcular en el futuro.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales modificaron el texto original y quedó así para el caso de ocho pluses salariales:
-Anualidades
Solo se les reconocerían los pagos por anualidad a los empleados "muy buenos" y "excelentes"; quedarían por fuera los calificados como "buenos". Actualmente, se le paga a las tres categorías, lo que abarca a más de un 99% de los funcionarios. En el 2015, solo 49 de más de 33.500 empleados perdieron este beneficio.
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En el caso de los "muy buenos", el plus valdría entre un 1,45% y un 1,92% anual sobre el salario base, mientras que los empleados "excelentes" recibirían entre un 1,94% y un 2,56%. Hoy, en cambio, las anualidades varían entre instituciones. Algunas pagan cerca de un 6%, entre ellas algunas universidades, pero en los ministerios nunca se supera el 2,5%.
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-Dedicación exclusiva
En cuanto al pago por dedicación exclusiva, los porcentajes no variarían: se mantiene un 20% sobre el salario base a los empleados con grado de bachiller universitario y un 55% para los que tienen licenciatura o grado superior.
Lo que haría el proyecto es obligar a las instituciones públicas a demostrar la necesidad de que ciertos funcionarios no se dediquen liberalmente a su profesión y, por ende, firmar un contrato de dedicación exclusiva con un plazo específico.
Además, se dejaría claro que este beneficio no es un derecho adquirido, por que lo que al terminar el contrato de dedicación exclusiva, no habrá obligación de renovarse.
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-Prohibición
Actualmente, se paga por prohibición un 25% sobre el salario base a trabajadores públicos no profesionales, un 30% a bachilleres y un 65% a funcionarios con posgrado. El proyecto prohibiría pagarle ese plus a los no profesionales, mientras que a los bachilleres se les reduciría a un 25% y a los que tienen licenciatura o grado superior, se les bajaría a un 60%.
Además, se exigiría que el funcionario acredite tener el grado académico correspondiente y que está incorporado al colegio profesional respectivo.
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-Disponibilidad
Actualmente, el porcentaje por este plus salarial oscila entre un 5% y un 50% del salario base del empleado. Con la iniciativa, se pagaría un porcentaje no mayor a un 35% del salario base.
Además, al igual que en la dedicación, se aclararía que este no es un derecho adquirido, por lo que en algún momento podría perderse.
El proyecto fija como reglas para otorgar esa remuneración la firma de un contrato que especifique el monto, la vigencia del pago y las condiciones del servicio por prestarse.
-Carrera profesional
El pago por carrera profesional para funcionarios públicos incluye reconocimientos por estudios realizados, cursos afines a su profesión y publicaciones, entre otros. Actualmente, el Estado le paga a los funcionarios ¢1.932 por cada punto que suba en su categoría de carrera profesional.
En el proyecto de ley se establece que son la Dirección General del Servicio Civil y la Contraloría General de la República las instituciones encargadas de fijar ese pago, solamente para trabajadores públicos que laboren como mínimo medio tiempo y tengan, al menos, el grado de bachillerato universitario.
-Zonaje, regionalización, desarraigo
Se trata de remuneraciones para funcionarios públicos que deban cambiar de domicilio temporal o definitivamente en razón de las funciones que realice. Actualmente, estos pagos van de un 10% a un 50% del salario base del empleado. La iniciativa de ley exige demostrar la necesidad del pago y la vigencia del zonaje, la regionalización y el desarraigo. Además, impide que un empleado cobre más de uno de estos tres pluses.
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-Cesantía
Actualmente, a los empleados que se pensionan o que son despedidos de una entidad pública se les paga hasta 25 años de cesantía, según la institución para la que laboren.
El proyecto establece que, a los nuevos empleados públicos, solamente se les pagarían los ocho años de cesantía establecidos en el Código de Trabajo. Para el caso de los funcionarios que, a la entrada en vigencia de las normas tengan más de ocho años acumulados, no perderán ese derecho; eso sí, para ningún caso se aceptarán más de 20 años de cesantía.
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-Convenciones colectivas
La regulación de las convenciones colectivas, contratos de condiciones entre patronos y empleados, es una de las secciones más criticadas por el Frente Amplio y un sector del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Actualmente, si una convención vence, el Código de Trabajo establece que su vigencia se prorroga automáticamente, si ninguna de las partes manifiesta la voluntad de renegociar. En cambio, el proyecto de ley establece que, al término de cinco años, la convención deja de tener vigencia.
Además, se impone un plazo de 12 meses para renegociar las condiciones laborales contenidas en esa convención; vencido ese plazo sin que la renegociación haya rendido frutos, la convención deja de ser válida. Las convenciones rigen entre uno y cinco años.
