La primera versión del plan de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para vender medicamentos a farmacias y hospitales privados, impulsado desde la Presidencia Ejecutiva, fue rechazada por los abogados institucionales debido a que contenía “información muy raquítica”, sin sustento ni criterio técnico.
Ese plan ha sido devuelto al menos en dos ocasiones sin contar con el visto bueno de la Dirección Jurídica institucional. Actualmente, hay una tercera propuesta en estudio por parte de los abogados de la entidad, según confirmó este martes el director jurídico, Gilberth Alfaro Morales, durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga anomalías en la CCSS.
Alfaro acudió junto al subdirector jurídico, Andrey Quesada Azucena.
La presidenta de la comisión investigadora, Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó a Alfaro las razones por las cuales negaron el aval jurídico para que la entidad pudiera vender medicamentos.
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El abogado respondió que la primera versión que se les presentó “fue una información pero muy raquítica, muy poca, sin sustento, sin un criterio técnico, ni costos, ni una hoja de ruta de cómo debe hacerse".
“Muy difícil jurídicamente decir si una cosa se debe hacer si no tiene elementos para valorar. En una segunda instancia se nos hizo planteamientos más sólidos pero se hablaba de alianzas estratégicas y resulta que son reserva de ley. También se devolvió.
“Recientemente, nos hicieron una propuesta un poco más ajustada, más madura, más cerca de una posibilidad de hacerse pero también hicimos señalamientos de objeción; la Administración tiene que contestarnos requisitos para ver si al final damos o no damos un aval”, declaró Alfaro.
El funcionario explicó que el documento expone un modelo de ventas que, en principio, está contemplado en el artículo 71 de la Ley Constitutiva de la Caja.
Ese artículo, añadió Alfaro, habla de que la institución puede vender medicamentos en forma directa. En la versión más reciente presentada por la Gerencia de Logística ya no se habla de alianzas estratégicas; mencionan el término “asociación”.
“Nosotros, justamente, estamos pidiendo que nos aclaren el contenido de ese término para que no nos conduzca a alianzas estratégicas”, expresó Alfaro Morales al poner de ejemplo una de las objeciones que se le están haciendo a la tercera versión presentada.
Plan de CCSS para venta de medicinas busca bajar precios
La Gerencia de Logística fue encargada por la Presidencia Ejecutiva, representada en su momento por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, para montar un plan de venta de medicinas institucionales a farmacias y hospitales privados.
El plan se conoce como Modelo de Gestión Estratégica y Suplido de Medicamentos y fue presentado y discutido en la Junta Directiva de la institución el 30 de mayo.
Un criterio de la Dirección Jurídica del 29 de agosto le indica al gerente de Logística, Esteban Vega de la O, que la institución no está habilitada para aplicar excepciones previstas en la Ley General de Contratación Pública, con el fin de establecer alianzas estratégicas.
En el caso de la CCSS, advirtió el criterio, “no existe disposición legal que le autorice a suscribir alianzas estratégicas” porque el ente público no tiene naturaleza “empresarial o comercial”. Eso, según los juristas, imposibilita el uso de esa excepción legal.
A pesar de lo anterior, la Gerencia de Logística confirmó a La Nación, el 23 de setiembre, que busca un “vehículo jurídico” que le permita a la Caja vender sus medicamentos a farmacias y hospitales privados.
El plan defendido por Marta Esquivel incluye un piloto para instalar una farmacia cerca de la CCSS, y la venta de 123 medicinas de la institución a distribuidoras mayoristas y hospitales privados.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, actualmente suspendida durante seis meses por el llamado Caso Barrenador, insistió en que Costa Rica es uno de los países donde el costo de las medicinas es muy alto.
“Ni siquiera Europa tiene el costo de los medicamentos que tiene Costa Rica. El abuso que se da con los precios de medicamentos en este país es muy grande. Al final, las más afectadas son las poblaciones más vulnerables”.
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El gasto de bolsillo para servicios de salud representa, en promedio, el 20% del ingreso de los hogares costarricenses y, la mayoría es por medicamentos. Se calcula que las familias destinan a salud al menos ¢575.000 millones al año.
El presidente Rodrigo Chaves Robles prometió en campaña bajar el precio de las medicinas, compromiso que no ha podido cumplir con las medidas ejecutadas hasta ahora. Entre ellas, está el decreto ejecutivo de agosto del 2022 para fomentar la importación paralela de medicamentos. La Sala IV lo anuló por inconstitucional, el 16 de agosto.