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Una reforma constitucional propuesta por la fracción legislativa del PUSC permitiría limitar los pluses salariales de los empleados públicos, a través del Presupuesto Nacional, e impedir la creación de plazas en las instituciones del Gobierno Central.
Se trata el expediente legislativo 20.179, planteado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como una iniciativa para establecer las reglas fiscales en la Constitución Política y no solo limitar los pluses, sino también fijar topes al crecimiento presupuestario, por parejo, para todo el Gobierno.
Así lo reconoció el jefe de la fracción del PUSC, William Alvarado, quien explicó que efectivamente la reforma a la Carta Magna puede significar desde no crear más plazas para funcionarios hasta la restricción de los pluses, pero "no eliminar los que tienen los empleados".
"Sí puede limitar los porcentajes, como la anualidad o esos. Podría no darse la anualidad un año, pero los que son derechos adquiridos no se tocan", comentó Alvarado.
La condición para que se puedan dar límites a los pluses y a las transferencias presupuestarias entre ministerios e instituciones autónomas es que los gastos previstos superen a los ingresos en más de un 3% del producto interno bruto (PIB) o que la deuda pública del Estado supere el 60%.
Este último escenario, de hecho, se está dando este año, tal como se informó en febrero. Si bien la deuda del Gobierno central está en el 45%, la de todo el sector público llegó al 62% y, con ello, superó el umbral establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como recomendable, que es el 60%.
Ante las intenciones del PUSC para fijar los límites presupuestarios, el Frente Amplio se niega a dar cualquier apoyo para que avance la iniciativa.
Este lunes, de hecho, se dio el primer avance del proyecto, cuando 38 diputados votaron a favor de que se hagan las siguientes lecturas de la reforma constitucional y, luego de eso, se vote la admisibilidad de la modificación de la Constitución Política.
Ese fue el acuerdo establecido entre la mayoría de fracciones legislativas y el Gobierno, el 7 de setiembre, luego de una reunión en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac).
Ahora, para que una reforma constitucional avance en el plenario, debe recibir tres lecturas, con una diferencia de seis días entre cada una de ellas y, cuando se vote la admisibilidad de la reforma, esta debe tener el aval de 38 legisladores.
Luego, el proyecto pasa a estudio de una comisión dictaminadora por dos meses, la cual solamente puede recomendar que se apruebe o se deseche, pero no recomendar cambios de fondo.
Después, el proyecto se vota en dos debates y, en una nueva legislatura, se debe votar nuevamente en el plenario, solo si el presidente de la República lo menciona dentro de su informe de rendición de cuentas ante el Congreso.
Tal como lo prevé el jefe socialcristiano, el Frente Amplio está en contra de que avance ese proyecto y, este lunes, sus ocho legisladores votaron en contra de que avance en los trámites por venir, junto con los legisladores independientes Carlos Hernández y Carmen Quesada.
El jefe legislativo del FA, Francisco Camacho, aseguró que esa regla fiscal busca limitar el tamaño del Estado y afectar el desarrollo de las instituciones.
"Ese no es el único problema (la imposición de límites a los pluses), sino que es una regla fiscal que apuesta a la reducción del Estado, sin una gestión adecuada, sin una gestión responsable. Estamos en un estado social de derecho, Costa Rica ha logrado derechos fundamentales e instituciones sociales. Ese proyecto lleva un sinsentido de carácter constitucional y, para incumplirla, necesita 29 votos", manifestó Camacho.
Las nuevas condiciones que genera esta regla fiscal del PUSC, cuyo avance es avalado por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), también permitirían que, por vía del Presupuesto Nacional, se pueda "fijar límites máximos al crecimiento presupuestario y al empleo público de las instituciones autónomas creadas por ley".
Entre estas instituciones está la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las municipalidades, las universidades públicas y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por ejemplo.
"Todo lo que sea restricción de gasto, el Frente Amplio no lo va a apoyar, ni las reglas fiscales, pero lo que yo pensaría es que esto va a permitir que se haga una discusión", dijo William Alvarado, consultado por La Nación. Añadió que creen que las limitaciones a las instituciones autónomas se deberán dar a través de una reforma constitucional, para "regular las transferencias".
Para Francisco Camacho, el jefe del FA, la intención del PUSC es "una forma de abrir el tema y meterse en el presupuesto de las autónomas, generar control y poder manosear a las autónomas, es muy peligrosa".
La Asamblea Legislativa y el Gobierno han fracasado, hasta ahora, en todos sus intentos para regular los pluses salariales, pues en varios momentos se han tratado de unir pero, ya sea algún sector político o la Presidencia de la República, le han restado apoyo a iniciativas como el proyecto 19.506 de Sandra Piszk, que pretendía fijar porcentajes específicos a las anualidades, por ejemplo.
