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Regidores de San José, Cartago y Alajuela afirmaron a La Nación que las detenciones ocurridas este lunes por el Caso Diamante no los tomaron por sorpresa, ya que dentro de los gobiernos locales ya había cuestionamientos por obras viales desde que en junio pasado estalló el Caso Cochinilla, el cual, según las autoridades judiciales, no tiene relación con estas nuevas pesquisas anticorrupción.
El concejal josefino Diego Miranda es uno de los que más abierto ha sido en señalar una supuesta relación entre el alcalde Johnny Araya y la empresa constructora MECO, al asegurar que se han dado situaciones donde la compañía sale beneficiada con adjudicaciones anómalas y claramente preferenciales. Según el regidor, el alcalde hasta se ha molestado y le ha reclamado por “buscar el pelo en la sopa” en las negociaciones con la compañía.
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“Más bien lo que nos extrañaba es que en el momento en que salió el Caso Cochinilla no procedieran directamente con las municipalidades, pero lo de hoy (lunes) confirma lo que nosotros sabíamos de antemano, porque el expediente Cochinilla ya dejaba muy claro que las constructoras tenían evidentes conversaciones y formas de dádivas con funcionarios de las municipalidades, entre esas la de San José.
“Tampoco me extraña porque históricamente en San José ya se habían comprobado relaciones donde había funcionarios que coordinaban cosas con la gente de MECO y con el aval del alcalde”, manifestó el regidor, quien rescató que incluso escuchas telefónicas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han demostrado la supuesta colaboración entre trabajadores del Ayuntamiento y la empresa constructora.
Por ejemplo, comentó que hace pocos meses hubo una presunta irregularidad en la adjudicación del contrato para el mantenimiento y mejora de toda la red vial cantonal por los próximos cuatro años. Ese concurso lo ganó MECO pese a que otra firma, llamada Consorcio Pedregal-Herrera, presentó una oferta ¢4.000 millones más barata.
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Sin embargo, según Miranda, el Ayuntamiento ni siquiera entró a analizar la oferta de ese otro consorcio por un problema en las fechas de presentación de los documentos. Al parecer, el encargado hizo un supuesto estudio técnico de las ofertas, pero alegó que solo MECO cumplía con todo lo dispuesto en el cartel, algo que generó dudas y motivó una denuncia en la Contraloría General de la República.
“Es un funcionario que nosotros ya veníamos cuestionando (...). Él fue a la sesión del Concejo Municipal y defendió a la empresa como si él fuera básicamente un funcionario de MECO. Entonces, a partir de eso, empezamos a indagar en algunos informes viejos de auditoría y nos encontramos que ya desde 2014 se le había mandado una investigación a la Fiscalía”, agregó el regidor.
De acuerdo con Miranda, en ese proceso judicial figuró un trabajador de MECO que habría coordinado con el funcionario municipal para construir una calle en el marco de los Juegos Centroamericanos de ese año. Precisamente, ese trabajador, de apellidos Gutiérrez Vargas, fue uno de los detenidos este lunes en el marco del Caso Diamante.
El alcalde josefino es otro de los aprehendidos en las diligencias de este lunes.
Pedido de auditoría
Randall Barquero, regidor de la Municipalidad de Alajuela, también asegura haber identificado desde hace meses posibles irregularidades en la adjudicación de obras viales a MECO. Estimó que en los últimos 14 años el Ayuntamiento le ha pagado hasta ¢12.000 millones a la constructora.
“Es una exageración. Son como ¢70 millones al mes para MECO. Todavía el jueves le señalé al alcalde que me sorprendió mucho que metiera una compra de maquinaria para una nueva cuadrilla de bacheo, cuando nosotros teníamos un contrato por demanda de 900 toneladas con MECO, pero parece que MECO tiró los chuicas, solo colocó 300, y 600, nos dijeron vean a ver ustedes cómo las colocan”, agregó.
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Según Barquero, no sorprende en absoluto lo que ocurrió este lunes, pues afirmó que en las últimas tres administraciones municipales ha habido un factor común relacionado con estas obras: un ingeniero de apellido Chacón, quien según el regidor “ha negociado y ha hecho adendas a las contrataciones”.
Chacón fue detenido este lunes en las diligencias realizadas en el caso Diamante, lo mismo que el alcalde alajuelense Humberto Soto.
“Yo desde el 2013 señalé que había algo anormal con MECO y presenté una moción para solicitar un estudio de auditoría, pero los compañeros del Concejo me lo rechazaron. Eso me valió a mí para que apoyaran ahora, porque salió Cochinilla, porque si no, no”, destacó el funcionario, al agregar que solo en el año 2012 se compraron casi ¢3.000 millones a la constructora, lo cual le despertó dudas.
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Dudas iniciales
También en el Concejo Municipal de Cartago había comentarios y preocupaciones en relación con las contrataciones a MECO, sobre todo luego de que estallara el Caso Cochinilla, según afirmó el regidor Alfonso Víquez, aunque sin brindar detalles.
En el expediente judicial de esa investigación, el alcalde cartaginés Mario Redondo se había reunido con el gerente de Operaciones de la constructora, Abel González, dentro de vehículos estacionados en parqueos de comercios, con el fin de hablar sobre un contrato para asfaltar vías municipales en ese cantón.
Aunque por ese caso no hubo ninguna medida contra el alcalde, Redondo sí fue detenido este lunes por la nueva pesquisa por posible corrupción denominada Diamante.
“Me parece una situación lamentable para la credibilidad del sistema municipal. Hay que ser prudentes y esperar el resultado de las investigaciones, aunque es obvio que golpea fuerte a algunas figuras”, dijo el regidor Víquez.
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Aparte de los alcaldes de San José, Alajuela y Cartago, también fueron apresados Alfredo Córdoba, Alberto Cole y Arnoldo Barahona, alcaldes de San Carlos, Osa y Escazú, respectivamente.
