Escuchar
El exgerente del desaparecido Banco Anglo Costarricense (BAC), Carlos Hernán Robles Macaya, reconoció ayer que entre 1993 y 1994 autorizó en forma irregular 70 sobregiros de cuentas corrientes.
Robles aceptó los cargos como requisito fundamental para acogerse a un procedimiento abreviado y evitar un juicio que duraría meses.
Asimismo, estuvo de acuerdo en la imposición de cuatro años de cárcel por cada peculado; es decir, 240 años de prisión. También ofreció pagar los ¢4.737 millones reclamados por la Procuraduría General de la República en representación del Estado.
La pena, sin embargo, quedaría reducida a ocho años de prisión de acuerdo con las reglas del artículo 77 del Código Penal, que establece el castigo para delitos continuados.
“Cuando los delitos en concurso fueren de la misma especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales, siempre que el agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto”, especifica la norma.
Según la acusación de la Fiscalía, con cada una de las 70 autorizaciones, el entonces jerarca del BAC incurrió en el delito de peculado, y con ello le produjo las millonarias pérdidas al Estado.
La defensora de Robles, Mariana Brenes, solicitó, además, que esos ocho años de prisión se integren a la sentencia de 24 años que su cliente está descontando. Es decir, que no se le sumen.
Será el Tribunal de San José, representado por la jueza Elizabeth Tossi, el que decidirá si acoge el abreviado y si acepta la solicitud de integración de la pena.
Tossi anunciará su resolución el próximo jueves.
Aceptación
“Como ser humano estoy cansado de tanto circo. No tengo ánimo de atender este juicio a que me veo expuesto y que debió haberse realizado, al igual que los otros, dentro de la causa principal.
Después de 10 años de estar atado a diferentes procesos y de haber tenido que soportar tres juicios independientes (...) estoy desgastado física y emocionalmente”, expresó Robles en un comunicado.
Además de la aceptación de cargos, para aplicar el abreviado es necesario que todas las partes estén de acuerdo, según el Código Procesal Penal.
En este caso, la Fiscalía acogió la posibilidad desde un inicio, pero no así la Procuraduría General de la República.
Fue necesaria la presencia del procurador general adjunto, Farid Beirute, para que conociera las circunstancias y alcances del procedimiento abreviado.
“Teniendo claro que no es una medida alternativa sino que siempre hay un juicio y de una vez va a aceptar la acción civil resarcitoria, no tenemos objeción. Es más bien economía procesal”, dijo Beirute.
En esta causa del Anglo, también están acusados Lilliana Cob Saborío y Edwin Aguilar Mojica, quienes fungían como subgerentes de crédito del BAC. Ambos prefirieron ejercer su defensa.
