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La Sala Constitucional ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) resolver, a más tardar en un mes, un incidente de nulidad absoluta presentado contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto inmobiliario Escalante Verde, en Barrio Escalante, en San José.
Al declarar con lugar un recurso de amparo, los magistrados concluyeron que Setena había postergado esa decisión sin una justificada válida y, es por esa razón, que le fijó un plazo para resolver esa gestión.
El amparo fue interpuesto por el diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio; así como por Brandon Guadamuz Villalobos, regidor de esa agrupación en la Municipalidad de San José; y los síndicos Ignacio Cubero Hernández y Natalia Salas Segreda.
El 13 de mayo del 2026, los recurrentes acudieron a Setena y presentaron el incidente de nulidad absoluta en contra de la viabilidad ambiental concedida a ese proyecto inmobiliario, mediante la resolución N.° 682-2018-SETENA, que data del 2018.
Casi tres meses después, el 4 de agosto pasado, tras no obtener una respuesta, acudieron a la Sala IV y este 24 de setiembre, ese Tribunal constató la demora y resolvió a favor de ellos, mediante el fallo N.° 2026-36651.
En ese documento, en específico, se ordenó al director general de Setena, Ulises Álvarez Acosta, coordinar las acciones necesarias para resolver el incidente y notificar a las partes dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la notificación de la sentencia.
Además, el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios. Estos deberán determinarse en la fase de ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Hijos del excanciller y actual embajador ante OEA
Este proyecto inmobiliario, que consta de una torre de apartamentos de diez pisos, está vinculado a una desarrolladora de los hijos del excanciller y actual embajador ante la Organización de Estados Américanos (OEA), Arnoldo André Tinoco.
Escalante Verde es desarrollado por la empresa Di Escalante Verde S. A. y ofrece apartamentos desde los $120.000 en adelante.
La Junta Directiva de esa firma está encabezada por Philip Michel André Sánchez como presidente, mientras que su hermano, Arnoldo Frederik, es el tesorero.
El desarrollo se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen, en una propiedad —que consta de dos fincas registrales de 12.296 m²—, donde pasa la quebrada Los Negritos, un bien demanial que pertenece al Estado.
Ese proyecto arrastra una serie de cuestionamientos ambientales relacionado con el lugar donde se ubicaría. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) por ejemplo, detectó un daño ambiental en el área de protección de esa quebrada, por causa de los movimientos de tierra.
Setena alegó que no tenía el expediente físico
Ante la Sala IV, Setena sostuvo que existía un impedimento material para resolver la solicitud de nulidad, porque el expediente físico se encontraba en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Según el informe presentado por Álvarez, el legajo estaba en el despacho de la ministra, quien debe resolver una apelación relacionada con una denuncia ambiental previa, y regresó a Setena hasta el 20 de agosto anterior.
Argumentó que no podía resolver el incidente de nulidad sin disponer del expediente físico y afirmó que, una vez recuperado, continuó con el trámite.
La Sala rechazó esa justificación. Concluyó que Setena no realizó gestiones para solicitar al jerarca del Minae la devolución del expediente ni para procurar que se resolviera con mayor rapidez la apelación pendiente.
También indicó que no aportó elementos que demostraran el avance del trámite, después de recibir nuevamente el expediente ni señaló una fecha probable para resolver la gestión.
Nulidad cuestiona viabilidad otorgada en 2018
El incidente pendiente de resolución cuestiona la viabilidad ambiental que Setena concedió el 17 de abril del 2018 al proyecto denominado Condominio DI, mediante la resolución N.° 682-2018-SETENA.
En una primera etapa, el proyecto contempla un edificio de 10 niveles, pero la idea final es que sean tres torres con la misma cantidad de pisos, más dos niveles de sótano, con 323 apartamentos, 352 espacios de estacionamiento y locales comerciales. El área de construcción prevista es de 34.724 metros cuadrados.
La viabilidad ambiental fue otorgada inicialmente a Estudio Presidencial S. A., entonces representada por Arnoldo André Tinoco.
En diciembre del 2018 se informó a Setena sobre el cambio de desarrollador a DI Escalante Verde S. A.
Disputa por zona de protección de quebrada Los Negritos
La discusión sobre el proyecto incluye el área de protección de la quebrada Los Negritos, que atraviesa las fincas donde se desarrolla la obra.
En el 2009, Setena había denegado la viabilidad ambiental a otro proyecto que pretendía construirse en las mismas propiedades. En ese procedimiento, el Sinac determinó que el terreno tenía pendientes superiores al 40% y estableció un retiro de protección de 50 metros.
En agosto del 2019, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fijó un retiro de 10 metros al clasificar la propiedad como terreno urbano y plano.
En mayo del 2025, una oficina subregional del Sinac informó que no logró localizar en sus archivos físicos ni digitales el informe técnico original del 2009 que estableció el retiro de 50 metros.
Las fincas también aparecen dentro de una zona de alto riesgo por inundación en el mapa municipal de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones que entró en vigencia en diciembre del 2023 y fue ratificado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Proyecto acumula otros procedimientos
En junio del 2025, Setena notificó incumplimientos mediante la resolución N.° 0772-2025-SETENA, después de constatar movimientos de tierra sin bitácora, sin responsable ambiental y sin el depósito de la garantía ambiental de $324.350.
Posteriormente, inspecciones del Sinac realizadas entre enero y febrero del 2026 determinaron una afectación de 3.748 metros cuadrados en la zona de protección del cauce por movimientos de tierra.
El Sinac estimó en ¢4,5 millones el costo de reparación y el impacto social e indicó la siembra de 387 árboles.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental también mantiene una investigación contra DI Escalante Verde S. A. por una presunta invasión de un área de protección. El caso se tramita bajo el expediente N.° 25-000021-0611-PE.
En abril del 2026, la Municipalidad de San José clausuró y paralizó las obras después del vencimiento de la licencia de construcción.
Un mes después, la Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de San José por la demora de un año en la investigación administrativa relacionada con la legalidad de los permisos de construcción.
Ahora Setena deberá emitir la resolución pendiente sobre el incidente de nulidad contra la viabilidad ambiental del proyecto dentro del mes fijado por la Sala Constitucional.
