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Cinco de los siete magistrados de la Sala IV rechazaron ayer el matrimonio entre homosexuales, al declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra un artículo del Código de Familia.
Los otros dos magistrados consideraron que la Sala debería hacer una nueva interpretación sobre el concepto de matrimonio.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada en setiembre de 2003 por el abogado Yashin Castrillo Fernández, al considerar discriminatoria la limitación para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio.
Castrillo reclamó las violaciones a los principios constitucionales de libertad e igualdad.
Los magistrados consideran que tales violaciones no existen pues el concepto de matrimonio que recoge la Constitución Política proviene, históricamente, de un contexto occidental donde se entiende que es entre hombre y mujer.
Así lo plantearon los magistrados Luis Fernando Solano (presidente), Luis Paulino Mora, Ana Virginia Calzada, Gilbert Armijo y Fernando Cruz.
Solano aseguró que no se tomaron en cuenta criterios religiosos, sino de cultura jurídica.
"La prueba es que la Sala se ha abierto al tema de la familia de hecho y produjo tanta jurisprudencia que luego el tema fue regulado por la Asamblea Legislativa", dijo.
Los magistrados no descartan que el tema de la unión y no el del matrimonio entre homosexuales, deba tratarse en un normativa específica por los diputados.
"La mayoría de la Sala consideró que en realidad existe ausencia de una regulación normativa apropiada, que regule ese tipo de uniones, sobre todo si reunen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario y que es el legislador derivado el que debe plantearse la necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos", reza un comunicado divulgado por el Poder Judicial.
Lucha sigue. "Hay que continuar. Vamos a seguir por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la violación de los derechos humanos es evidente", manifestó Castrillo.
Los reclamos de Castrillo fueron acogidos en su totalidad por el magistrado Adrián Vargas y, parcialmente, por Ernesto Jinesta.
"Yo declaro con lugar y admito el matrimonio entre personas del mismo sexo pero dejo a salvo las adopciones y la patria potestad compartida", explicó Jinesta.
Hizo las excepciones al considerar el interés superior del niño a que se le garantice la presencia de las figuras materna y paterna.
