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A pesar de tener contacto diario con pacientes, tres médicos y 15 funcionarios de Enfermería de clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se oponen a recibir la vacuna contra la covid-19, como lo establece un decreto en vigor desde marzo.
Su resistencia a la inmunización dejó a la entidad sin más posibilidad que abrir contra estos trabajadores procesos disciplinarios que podrían resultar en amonestaciones, suspensiones sin goce de salario e incluso despidos sin responsabilidad patronal.
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A los médicos y personal de enfermería que rechazan la aplicación de las dosis se suman otros 39 empleados que ocupan puestos administrativos, en transporte, seguridad y limpieza, según datos confirmados por la oficina de prensa de la Caja. De los 57 casos, tres se archivaron porque el funcionario aceptó la inoculación luego de enterarse del proceso administrativo.
El centro de salud con más procedimientos abiertos por esta causa es el Hospital San Carlos.
La obligatoriedad de la inmunización para personal sanitario se basa en criterios definidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del Ministerio de Salud, desde febrero anterior, pues esos trabajadores tienen una mayor exposición a la covid-19, al tiempo que ponen en riesgo a los pacientes. Además, la protección de estos funcionarios es clave para mantener habilitados los servicios de salud en el país.
En mayo, 13 funcionarios de la CCSS presentaron recursos de amparo contra la vacunación obligatoria. Sin embargo, los magistrados de la Sala IV declararon sin lugar todos las gestiones y ratificaron la constitucionalidad de la medida en todas las sentencias. De hecho, recordaron que desde el 9 de octubre de 2020, en la resolución 19433-2020, el tribunal dejó clara la obligatoriedad de la vacunación.
“(...) Esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”, dijeron los altos jueces.
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Algunos trabajadores de la CCSS también acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar por la vacunación obligatoria, pero los jueces rechazaron sus argumentos.
Esta semana, el Ministerio de Salud informó de que la Comisión de Vacunación estableció la inmunización obligatoria para todos los funcionarios estatales con el objetivo de preservar la salud pública. Ese órgano también facultó a las empresas privadas a solicitar la inoculación obligatoria a sus empleados si lo consideran necesario.
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Según datos oficiales, Costa Rica ha aplicado 5,5 millones de dosis. El 42% de la población meta ya cuenta con las dos dosis. Desde marzo de 2020, el país registra más de 530.000 casos de covid-19 y, hasta el 29 de setiembre, contabilizaron 6.349 fallecimientos relacionados con esa enfermedad.
