Escuchar
El ritmo de vacunación no será lo suficientemente rápido para evitar que, en cuestión de una semana, Costa Rica deseche más de 360.000 dosis de vacunas contra la covid-19 que caducan el miércoles 30 de noviembre, pues con grandes costos se logra inocular a 50.000 personas en siete días.
La gran mayoría de estas vacunas son para población adulta (350.000 dosis), y alrededor de 11.000 para niños de 5 a 11 años, confirmó Rodrigo Marín Rodríguez, director de Vigilancia de la Salud y miembro de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del Ministerio de Salud.
El funcionario reconoció que esto es un problema. En enero del próximo año, 500.000 dosis más tienen fecha de vencimiento para finales de ese mes, informó el médico. Marín desconoce a cuánto asciende la inversión hecha por el país en la adquisición de estos fármacos, pero, en 2020, se llegó a pagar hasta $12 por cada dosis de Pfizer, transporte aéreo incluido.
“Más allá del tema del vencimiento, se trata de personas que dejaron de vacunarse en un país donde las vacunas son gratis, con acceso total sin importar el estatus migratorio. No hay ningún tipo de impedimento para vacunarse”, afirmó Marín.
Según datos de cobertura de vacunación del Ministerio de Salud, con base en información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 555.000 costarricenses mayores de seis meses carecen de su primera dosis contra la covid-19. Son cerca de un 10% de la población.
De acuerdo con Salud, otras 298.462 personas no tienen segundas dosis; más de 1,5 millones carecen de su tercera dosis, y alrededor de 1,3 millones están sin cuarta dosis. El esquema completo anticovid en Costa Rica es de tres dosis. La cuarta dosis se considera un refuerzo.
LEA MÁS: Vacuna contra covid-19 ya llega a niños de 6 meses a 4 años en Costa Rica
El director de Vigilancia de la Salud atribuye esto a varias razones. Una de ellas, es el cambio en la percepción del riesgo de enfermar gravemente o morir.
“Al inicio de la pandemia, las personas olían la muerte. Eso cambió”, dijo al reportar cifras menores al centenar de hospitalizados por covid-19, algo que no se veía desde la semana epidemiológica 26 del 2020.
Además, aseguró, Costa Rica suma tres meses consecutivos con un promedio diario de 1 o 2 fallecimientos relacionados con la enfermedad pandémica. Esta cifra tampoco se registraba desde mediados de junio del 2020.
Marín afirmó que esta caída en la vacunación es una tendencia mundial, como parte de una “nueva normalidad” muy parecida a las condiciones previas al inicio de la pandemia por la covid-19.
La Nación preguntó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a cuánto asciende el monto pagado por el país por las más de 360.000 vacunas a desechar, pero el dato no había sido enviado al cierre de edición de esta nota.
En febrero del 2022, el anterior presidente de la CNE, Alexánder Solís, dijo que el país había invertido más de $83 millones en el 2021 para traer nueve millones de vacunas anticovid.
De ellas, seis millones fueron compradas a Pfizer ($72 millones) y un millón a AstraZeneca ($4 millones). Otros dos millones ($7,7 millones) fueron adquiridas mediante el mecanismo Covax, una iniciativa de diferentes organismos de Naciones Unidas para dotar de vacunas al 20% de la población de mayor riesgo de infectarse o morir por covid-19 en cada país. Además, dijo Solís, en la logística complementaria a las donaciones invertimos $118.000 aproximadamente.
“Para el 2022, hemos pagado a la empresa Pfizer $13 millones (el total a pagar es de $52 millones); a Covax $11 millones, y el total por donaciones anda por el orden de los $442.000″, precisó Alexánder Solís en febrero anterior.
Escenario confuso
El 8 de mayo, con apenas horas como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y su ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, firmaron decretos para eliminar, según ellos, la obligatoriedad de la vacunación
LEA MÁS: Salud apura vacunación para evitar vencimiento de miles de dosis anticovid
Tres días después, la nueva ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, declaró que hubo una mala interpretación de las declaraciones emitidas por el mandatario. El decreto que finalmente salió en La Gaceta no eliminó el rango obligatorio de esta vacuna. Lo que hizo fue instar a los patronos a no sancionar con despido a quienes no se inmunizaran.
Este clima de confusión inicial, sumado a los reiterados ataques desde funcionarios de Gobierno contra los criterios científicos de los miembros de la CNVE, crearon, a juicio de especialistas, el escenario para sembrar la duda o avivar el temor de vacunarse.
Hugo Marín Piva, quien durante casi cinco años representó a la Caja esa Comisión, denunció una “visible alianza” del Gobierno con grupos antivacunas y presiones de la ministra de Salud para que los miembros de ese órgano tomaran decisiones sin “fundamentación técnica”. Su denuncia quedó en el informe de labores que presentó, el 11 de agosto, luego de quedar fuera de la comisión por decisión de la CCSS.
LEA MÁS: La Islita: temor y mareas repelen vacunas contra covid-19
Lo cierto es que a casi dos años de iniciada la campaña contra la covid-19, en muchas comunidades imperan temores, dudas o incluso juicios religiosos para rechazar la vacuna, como ocurre en poblados del Pacífico central, que un equipo de La Nación visitó semanas atrás.
Rodrigo Marín afirma que los esfuerzos por llevar la vacunación, incluso puerta por puerta, han sido grandes en los últimos meses. Se está planeando, dijo, ampliar a los hospitales, clínicas y farmacias privadas la disponibilidad de lugares para que las personas lleguen a iniciar o a completar su esquema. Estos centros aplicarán de forma gratuita la vacuna.
Esos esfuerzos, sin embargo, no lograron elevar lo suficiente la cantidad de vacunados semanales para evitar que más de 360.000 dosis acaben en la basura.
En cuestión de las últimas cinco semanas, dijo Marín, se pasó de colocar 47.040 vacunas a 72.920 (la semana del 14 de noviembre). Pero no bastó.
“El país aseguró las vacunas para todos. Yo hubiera hecho prácticamente lo mismo. También aceptó muy atinadamente la donación de vacunas, alrededor de dos millones.
“Todavía quedan vacunas que se vencen en enero, y otras que quedan en el contrato: alrededor de 700.000 vacunas más que deben entrar en el transcurso del 2023″, informó el médico, quien dijo que este jueves 24 de noviembre, la Comisión discutirá el tema de la vacuna bivalente contra la covid-19.
Las vacunas bivalentes son vacunas actualizadas contra la covid-19. También se les conoce como vacunas híbridas. Están diseñadas a partir de la información de la variante original y contienen las subvariantes de ómicron de mayor circulación en este momento.
Una de las preguntas todavía por responder, dijo Rodrigo Marín, es si una persona puede iniciar su esquema con una vacuna bivalente. Y otra cuestión que se va a discutir es la relacionada con la pertinencia o no de una quinta dosis.
Actualmente, 913.138 personas ya tienen su cuarta dosis.
