Abogados de CCSS entierran plan de Marta Esquivel para ajustar dietas a directivos

La jerarca formuló la solicitud el 18 mayo del presente año, cuando argumentó que las dietas no habían variado en los últimos años lo que, en su criterio, “podría devenir en un perjuicio económico para el directivo”.

En junio, la Dirección de Presupuesto manifestó que no se pueden realizar aumentos más allá del porcentaje de inflación anual.

Ese criterio lo reiteró la Dirección Jurídica de la entidad, el 20 de julio pasado. En el oficio GA-DJ- 5127- 2023, los abogados de la CCSS ratificaron que “no es viable un aumento de las dietas más allá de los ajustes por inflación”, como lo establece el artículo 60 de la Ley de Presupuesto Extraordinario (número 7138).

La normativa indica que los pagos que reciben los miembros de juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas solo podrán aumentarse anualmente de acuerdo con el índice de inflación determinado por el Banco Central de Costa Rica.

La Nación consultó a Esquivel sobre este tema, este miércoles 9 de agosto, pero no respondió los mensajes enviados a su teléfono ni las llamadas. Este diario también le remitió preguntas a través de la oficina de prensa de la CCSS, pero no se había recibido respuesta al cierre de la publicación.

El documento de la Dirección Jurídica refutó la afirmación de Esquivel de que las dietas “no han sufrido variaciones en los últimos años”, pues tal como lo establece la legislación, la institución ha aplicado los aumentos correspondientes a los porcentajes de inflación. Por ejemplo, entre 2021 y 2021 las remuneraciones pasaron de ¢52.058 a ¢58.530.

Los abogados de la CCSS también objetaron el plan de la Presidencia Ejecutiva porque existen otras limitaciones legales relacionadas con el pago de dietas, como el número de sesiones que se pueden cancelar por mes (8) y los montos a pagar por cada reunión.

Criterio a favor

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Aunque desde el 14 de junio la gerenta administrativa de la CCSS, Vilma Campos, descartó ajustes en las remuneraciones de los directivos, su asesor legal Robert Harbottle Quirós emitió, el 26 de junio, un criterio favorable al aumento de dietas.

Ese día, Harbottle incluso redactó un posible acuerdo para que la Junta Directiva solicitara a la Gerencia Financiera una “propuesta de aumento” que fuera “un monto razonable, equitativo y de mercado, respecto de lo regulado en otras juntas directivas de otras instituciones autónomas”.

En su análisis, Harbottle indicó que el artículo 43 de la Ley de Salarios de la Administración Pública permite remunerar a los directivos hasta con diez salarios “de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública”.

No obstante, la Dirección Jurídica rechazó esa postura y recordó que ese artículo fue reformado en 2018 por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Campos aclaró que ella no le solicitó a su asesor un criterio sobre el aumento de dietas y tampoco pidió la redacción de un acuerdo para ser votado por la Junta Directiva.

“Yo le dije: ‘¿por qué insiste con este tema?’ (...). No sé, esa es una posición de ese abogado, yo no la firmo”, explicó Campos al ser consultada por este medio de comunicación.

“Él gestionó por cuenta propia. Diay, mi posición es que debemos ajustarnos al principio de legalidad (...). Él dice que la dieta de la Caja es muy baja y que eso puede ser una motivación para que la gente (los directivos) no vengan con entusiasmo a trabajar”, agregó la funcionaria.

Por su parte, Harbottle declaró a La Nación que redactó ese criterio como una recomendación no vinculante, dada la instrucción de mayo de 2023 de la Presidencia Ejecutiva en la que pidió un estudio sobre las dietas que reciben los integrantes de la Junta Directiva.