EscucharUn criterio de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomienda a la Junta Directiva de la institución declarar “inadmisible” la recusación planteada por la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, contra tres directivos.
El criterio jurídico aparece en el oficio GA-DJ-0545-2024 , con fecha del 18 de enero anterior, dirigido a la secretaria interina de la Junta Directiva de la CCSS, Beatriz Guzmán Meza.
Este oficio fue conocido en la sesión ordinaria de la Junta del martes 23 de enero, pero no se votó, pues ese órgano se encuentra sin cuórum al renunciar uno de los representantes patronales, Adrián Torrealba Navas, el 18 de enero.
La propuesta de acuerdo del equipo de la Dirección Jurídica recomienda que se debe declarar inadmisible la recusación presentada por Esquivel contra los directivos Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar, quienes representan al bloque laboral.
La intención de la jerarca es que ellos no participen en las decisiones vinculadas con una orden de la Contraloría General de la República (CGR) para que se ajuste el salario de quien ocupe la Presidencia Ejecutiva y se recupere lo pagado de más.
El criterio jurídico, sin embargo, afirma que Marta Esquivel Rodríguez presentó la recusación de forma extemporánea y se planteó contra una conducta que es de mera ejecución al tratarse de una orden de la Contraloría. Asimismo, señala que Esquivel aportó prueba genérica y no de forma individualizada para fundamentar su solicitud.
El documento, al cual tuvo acceso La Nación, está firmado por el subdirector jurídico de la CCSS, Andrey Quesada Azucena, la jefa interina del área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, Dylana Jiménez Méndez, y el abogado Ricardo Luna Cubillo.
El conflicto
El órgano contralor afirmó que la presidenta de la CCSS recibe ¢7,1 millones al mes desde su nombramiento, en setiembre de 2022. Este monto infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De acuerdo con esa normativa, el salario para ese y otros cargos no debe superar los ¢5,5 millones mensuales, monto que equivale a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.
El martes 9 de enero, con cinco votos a favor y uno en contra, la Junta Directiva de la CCSS decidió adecuar la remuneración de Esquivel, pero dejó pendiente la votación de cuatro recomendaciones de la Dirección Jurídica de la entidad para precisar cómo se realizará el ajuste.
Esquivel, por su parte, se ha resistido a acatar la orden. Anunció que primero enviaría una consulta al Ministerio de Planificación (Mideplán), rector en materia de salarios públicos.
“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, aseveró la jerarca en la sesión del jueves 11 de enero.
Además, presentó la recusación contra los tres representantes del sector laboral.
Posteriormente, en la sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 18 de enero, la presidenta ejecutiva comunicó su interés en devolver las sumas que le pagaron de más desde que fue nombrada en el cargo. Añadió que, al revisar la forma en que le pagan a la Presidencia Ejecutiva, descubrió que le fueron pagadas dos semanas más al año.
“Es una pena que la Contraloría no haya revisado ese aspecto, al menos en la revisión de mi salario. Estoy dispuesta a que me revisen…. el resto, cuando me lo cobren, lo devolveré, pero no a 36 años”, dijo Esquivel aludiendo a un informe que presentó este jueves la Auditoría Interna sobre sumas pagadas de más a funcionarios de CCSS, en el cual hallaron arreglos de pago de funcionarios por hasta 36 años.
