EscucharLas adjudicaciones otorgadas a cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana durante 10 años por ¢471.000 millones sí están en firme.
La información la confirmó la Contraloría General de la República (CGR) ante una consulta de La Nación. Este dato desmiente las afirmaciones de Rodrigo Chaves, presidente de la República; Laura Fernández, ministra de la Presidencia; y Pilar Cisneros, diputada oficialista, quienes aseguraron al país que no hay nada en firme aún.
La División de Contratación Pública de esa entidad explicó que, de las 10 áreas de salud licitadas, solo en un caso la adjudicación no está en firme, pues una de las empresas interesadas en el contrato presentó un recurso de apelación.
Se trata del Área de Salud de San Francisco-San Antonio, en San José. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó, en una sesión extraordinaria, el 6 de julio, la operación de los centros médicos de esos distritos a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana), pero Psicomed S. A. interpuso una objeción que está siendo analizada y se debe resolver, a más tardar, el 3 de octubre.
“Esta es la única adjudicación que se apeló, pues es la única partida en la que participaron dos empresas oferentes, en las demás solo participó un oferente”, declaró la Contraloría en un correo electrónico enviado a este diario el martes.
Desde el lunes anterior, en varias ocasiones, Chaves, Fernández y Cisneros expresaron que las adjudicaciones no están en firme. De esa forma intentan desacreditar la investigación del Ministerio Público por aparentes sobreprecios en los contratos de esas 10 áreas de salud que operan un total de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
Como parte de la investigación, ese lunes 23 de setiembre, las autoridades judiciales detuvieron a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, y siete personas más por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública y realizó 28 allanamientos para recabar información.
La tesis del Ministerio Público es que los directivos dejaron sin efecto, en 2023, un proceso de licitación que la CCSS desarrollaba desde 2021 para crear uno nuevo que beneficiara los intereses de las cooperativas y que resultó, según Carlo Díaz, fiscal general, en sobreprecios de hasta ¢12.400 millones por año.
Chaves afirmó este miércoles en conferencia de prensa que “la contratación que ellos (el Ministerio Público) aseguran que es un delito, que justifica todo lo que le hicieron a doña Marta (Esquivel) y a los otros miembros de la Junta Directiva (...), no está en firme. La Contraloría está revisando una apelación que aún no tiene respuesta”.
No obstante, su afirmación es engañosa, ya que el procedimiento realizado por la Caja no es una sola contratación, sino 10, una por cada área de salud y todas están en firme, excepto la que está apelada por Psicomed S. A.
Incluso, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), los adjudicados ya depositaron las garantías de cumplimiento.
“Las líneas no apeladas están en firme, a la fecha, tal y como se puede verificar en consulta al Sicop, además las empresas ya entregaron la garantía de cumplimiento”, ratificó la Contraloría.
La exposición del órgano contralor también contradice lo señalado por Laura Fernández, ministra de la Presidencia, y Pilar Cisneros, diputada oficialista, entre el lunes y martes. Ambas intentaron demeritar la actuación del Ministerio Público con ese argumento.
“¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación del contrato ni siquiera está en firme? Apenas está en revisión de la Contraloría”, comentó Fernández en un video difundido el lunes mientras se desarrollaban los allanamientos contra los imputados.
Además de faltar a la verdad con respecto a la firmeza de las adjudicaciones, también faltaron a la verdad al indicar que la causa judicial se sigue por el delito de prevaricato. El Ministerio Público fue claro al informar que se investiga la posible comisión de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Por su parte, Cisneros manifestó en el plenario que las contrataciones no están en firme y defendió la actuación de Esquivel y el resto de imputados.
Las 10 áreas de salud que fueron sacadas a concurso están en manos de cooperativas desde años atrás. Sin embargo, los convenios de operación firmados con la Seguridad Social vencen este año, de ahí la importancia de la nueva contratación.
La investigación del Ministerio Público está basada en un amplio informe de la Auditoría Interna de la CCSS.
¿Qué adjudicó la CCSS?
El Sistema Integrado de Compras Públicas refleja que la CCSS adjudicó las 10 áreas de salud que atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente por ¢471.000 millones a cinco entidades: Asemeco; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud); Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín); Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba).
A Asemeco le entregó las áreas de salud de La Carpio-Leon XIII y San Sebastián-Paso Ancho por ¢45.740 millones y ¢39.237 millones, respectivamente, durante esos 10 años.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud le adjudicó las áreas de salud de Pavas por ¢78.290 millones y Desamparados 2 por ¢65.228 millones.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud le otorgó el área de salud de Tibás por ¢39.558 millones durante una década.
A la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana le adjudicó las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio por ¢50.269 millones, ¢49.014 millones y ¢31.310 millones, respectivamente.
Por último, a la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva le adjudicó las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, por ¢28.802 millones y ¢43.710 millones, respectivamente.
En todos los casos, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento.
Señalaron sobreprecios
En mayo, un informe del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS cuestionó la contratación de cooperativas al concluir que existe un aumento “excesivo” del costo que pretenden cobrar las cooperativas interesadas con respecto a los contratos actuales.
De acuerdo con Azyhadee Picado Vidaurre, jefa de ese departamento, la entidad pagó, en promedio, ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas 10 áreas de salud. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
Además, según el estudio de razonabilidad de precios entregado el 8 de abril por la Dirección Financiero Contable de la entidad, la propuesta de Coopesalud incumple con varios aspectos de fondo, como no inclusión de vacaciones en los cálculos salariales o la omisión de gastos relacionados con sustituciones de personal, entre otros.
Señala que existen variaciones considerables entre los salarios totales de los contratos adjudicados en 2022 por un periodo de 18 meses, versus las ofertas que están en análisis para un nuevo acuerdo. Igualmente, se detectó en la propuesta de Coopesalud, interesada en atender los centros médicos de Desamparados, que presenta un aumento del 18% en el rubro de mano de obra.
Ese departamento añadió que varias de las ofertas superan los costos salariales previstos por la CCSS, lo cual va en contra de lo dispuesto por la Contraloría General de la República para contratación de tercerización de servicios.
Además, de acuerdo con la Auditoría Interna, el 5 de julio anterior, María Gutiérrez, actual gerenta general interina de la entidad, emitió el oficio GM-DPSS-0331-2024 en el cual recomendó adjudicar la licitación a las cooperativas pese a que existían criterios técnicos que calificaban las ofertas de las cooperativas como “excesivas”. Para el órgano fiscalizador, ese oficio no se ajustó “a la metodología establecida institucionalmente”.
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas provino del Área de Contabilidad de Costos, el 8 de abril de 2024, el cual advirtió que de los ¢29.200 millones por año que venía pagando la CCSS por los 138 Ebáis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año sin que existiera una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro rubro.
El segundo criterio que describió como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteraron que los montos ofertados eran excesivos.
5 puntos clave que debe saber sobre las adjudicaciones
- 1. Adjudicaciones en firme: La Contraloría General de la República confirmó que las adjudicaciones a cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana por ¢471.000 millones están en firme, contradiciendo las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios de que no lo estaban.
- 2. Solo una adjudicación en apelación: De las 10 áreas de salud licitadas, solo el contrato para el Área de Salud de San Francisco-San Antonio está en apelación, presentado por la empresa Psicomed S.A. El resto de las adjudicaciones están firmes y las cooperativas ya depositaron las garantías de cumplimiento.
- 3. Investigación del Ministerio Público: El Ministerio Público investiga aparentes sobreprecios en los contratos, lo que llevó a la detención de Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, y otras personas, bajo acusaciones de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
- 4. Sobreprecios significativos: Un informe de la CCSS señaló que el costo de los contratos adjudicados podría haber aumentado en ¢12.400 millones anuales en comparación con los contratos anteriores, sin mejoras significativas en los servicios.
- 5. Críticas a la licitación: La Auditoría Interna de la CCSS indicó que informes elaborados por distintos departamentos de la entidad advirtieron de que las ofertas de las cooperativas eran excesivas, señalando un aumento considerable en los costos salariales y otros rubros, lo que iba en contra de las disposiciones de la Contraloría.
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