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En el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abundan los programas para atender a menores de edad que sufren violencia. Lo mismo sucede en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), que cuenta con líneas y espacios de atención y protección, las 24 horas del día, los 365 días del año. La lista de iniciativas que ambas entidades tienen es extensa y llena de buenas intenciones.
Ejemplos hay muchos. El Programa Sembrando Esperanza es uno, dirigido a nivelar académicamente y dar un oficio a adolescentes institucionalizados. También están las 14 zonas de atención prioritaria de incidentes de violencia que tiene el Inamu, o los albergues para mujeres y menores agredidos.
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La enorme desventaja que reconocen jerarcas de las dos instituciones es la falta de fondos para financiar estos programas en medio del preocupante aumento en la cantidad y complejidad de los casos. Pasa lo mismo con su limitada capacidad para ampliar la cobertura de protección a quienes están en alto riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia.
Eduardo Montero, gerente técnico del PANI, admitió que en este momento la entidad tiene un hueco de ¢32.000 millones para sostener los diferentes programas de protección y ampliar la red de cuido en el segundo semestre del 2022.
Solo en el 2021, el Patronato atendió 91.749 “situaciones violatorias de los derechos de personas menores de edad”. Un 22% de ellas, ligadas a negligencia en la atención de la salud de los menores; otro 19% por conflictos familiares y un 13% relacionadas con agresión física.
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“Estamos raspando la olla para ver qué podemos hacer. La capacidad de acción del PANI se ve limitada por temas presupuestarios. Hemos sufrido una disminución sustantiva en la disponibilidad de recursos. Todos los programas de protección están sin financiamiento para el segundo semestre. Sobre todo para ampliar la cobertura”, reconoció el gerente técnico.
El contexto pandémico es todavía más preocupante porque, tratándose de menores de edad, se está registrando una tendencia hacia el incremento de adolescentes con ideaciones suicidas producto de los prolongados, intermitentes y conflictivos periodos de confinamiento domiciliar desde que se declaró la emergencia nacional por la covid-19.
La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Marcela Guerrero Campos, lleva semanas luchando para que se haga efectiva, en la práctica, la declaratoria de emergencia por violencia contra las mujeres, que dejó vigente un decreto presidencial desde el 2018, pero que en la práctica es como si no existiera.
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A esa lucha ahora Guerrero suma otra, que también tiene como escenario la Asamblea Legislativa: lograr que la atención de la violencia se declare un servicio esencial.
“Es todo un desafío contar con más recursos en periodo de regla fiscal. Cuando le solicito servicios al Estado, me dice que no hay plata, que no hay patrulla, que no hay recursos, que no está la delegación. Nosotras tenemos una línea de trabajo, pero el Estado debe actuar. Tenemos servicios habilitados 24 horas”, dijo mientras citaba el incidente más reciente de agresión sexual contra turistas, ocurrido en Puerto Viejo de Talamanca.
En el contexto del último informe del Estado de la Nación, presentado a finales del 2021, los jerarcas del Patronato y del Inamu reconocen la relevancia de identificar los 32 distritos más críticos en violencia doméstica en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esta información se suma a la que ellos y varias instituciones más manejan desde hace rato pues, según consideran, los ayudaría a focalizar todavía más los escasos recursos existentes.
