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La Auditoría Interna de la CCSS investigará de oficio el proceso de vacunación contra la covid-19 en el Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, ubicado en Goicoechea, San José.
El auditor, Ólger Sánchez, confirmó que se realizará una “evaluación integral” en la cual se considerará que todos los casos vacunados se hayan ajustado a los criterios técnicos emitidos por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.
Hasta ahora, aclaró Sánchez, ese despacho no ha recibido ninguna denuncia formal sobre eventuales anomalías que se hayan dado en ese hogar durante la vacunación.
Lisbeth Quesada Tristán, médica y exdefensora de los habitantes, preside la Junta Directiva que administra el Carlos María Ulloa. Al ser consultada por La Nación manifestó que ahí “se vacunaron quienes se tenían que vacunar”.
“Ya me llegó el cuento que dice que yo me vacuné ahí y mis hijos también, y eso no es cierto. En primer lugar, cuando vacunaron yo estaba en la playa y decidí que no me iba a vacunar.
“Segundo, tengo un hijo que es médico anestesiólogo de planta en el Hospital México, y la Caja lo vacunó como corresponde porque trabaja con pacientes covid y duerme para cirugías a enfermos que podrían estar infectados”, aclaró Quesada.
La médica también dijo que a su hija, una nieta de cuatro años y al yerno ya les dio covid-19.
“Esto es pura maledicencia. Le fueron con el chisme a la Caja y ahora vienen a revisar el Carlos María Ulloa. Cuando lo hagan, verán que yo no aparezco en las listas, ni mi hijo, ni mi hija. Todo es simplemente el chisme y la maledicencia”, reiteró la médica.
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En el Carlos María Ulloa vacunaron a finales de diciembre pasado a todos los residentes (alrededor de 200 adultos mayores) y al personal que los atiende (unos 160 funcionarios).
Todos tienen el esquema completo con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, que es la única disponible en el país hasta el momento.
En una fecha próxima, la CCSS regresará a vacunar a los residentes de nuevo ingreso que no estaban en diciembre y al personal que por alguna razón no estuvo en ese momento, informó Quesada.
La exdefensora sostiene que ella tampoco aparecerá en esa segunda lista porque, como todos los demás ciudadanos, dijo, esperará que la llamen del Ebáis de Escazú, donde reside.
Quesada aseguró que ella, como adulta mayor (tiene 69 años), médica en constante contacto con pacientes, y directiva de un hogar al que debe acudir frecuentemente de manera presencial para resolver asuntos, reúne los requisitos para ser vacunada en este primer grupo, pero que aún así, no lo hizo. Esperará su turno, que será cuando la llamen del Ebáis, reiteró.
Fiscalización en centros
La aplicación de la vacuna contra la covid-19 comenzó en Costa Rica el jueves 24 de diciembre, con prioridad en adultos mayores residentes en hogares de larga estancia –también conocidos como hogares de ancianos–, el personal que ahí labora, y funcionarios de primera línea de atención de la pandemia; entre ellos, médicos, enfermeras, policías, bomberos y oficiales de tránsito.
El 4 de enero, la Auditoría Interna de la Caja comenzó un trabajo de fiscalización de todo este proceso, a solicitud de la Junta Directiva de la institución, que busca “dar al país la confianza de que la vacunación se realiza de acuerdo con las expectativas de la comunidad”.
Según se informó en ese momento, los auditores fiscalizarán el cumplimiento estricto de los protocolos técnicos, lo cual incluye verificar que se le ponga la vacuna a quienes forman parte de los grupos considerados prioritarios, según el cronograma vigente.
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Hasta ahora, se han detectado anomalías en varios hospitales de la institución, donde personas que no debían ser vacunadas todavía, recibieron una o las dos dosis contra la covid-19.
El caso más sonado ha sido, hasta ahora, el del Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste.
Ahí, la Auditoría descubrió que 16 de los 250 funcionarios vacunados recibieron la vacuna a pesar de que no trabajan en la llamada área covid-19, informó la Caja el 28 de enero.
Desde la Gerencia Médica, Mario Ruiz Cubillo prometió “sentar las responsabilidades administrativas que en derecho correspondan”.
La CCSS investiga denuncias que se han presentado en otros hospitales, incluidos el San Rafael de Alajuela y el Calderón Guardia.
A finales de enero, además, trascendió una indagación contra el jefe de Enfermería del hospital psiquiátrico Chacón Paut, de apellido Buzo, quien supuestamente habría mediado para que vacunaran a su hijo contra la covid-19, a pesar de que no procedía.
La CCSS todavía no ha hecho públicos los resultados de estas otras indagaciones.
