Auditoría de CCSS presentó denuncia que motivó detención de Marta Esquivel y directivos

Las acciones judiciales realizadas este lunes contra la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel; la gerenta general, María Gutiérrez, y seis directivos y exdirectivos más se derivan de una denuncia planteada por la propia Auditoría Interna de la institución en julio pasado.

Así lo explicó el fiscal general de la República, Carlos Díaz, en un video de dos minutos enviado esta mañana para justificar la razón de las diligencias realizadas para investigar la contratación de servicios de salud de 138 Ebáis con precios “sumamente excesivos”.

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“Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso.

“Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la CCSS, que presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones e informes en la misma”, expresó el jerarca del Ministerio Público.

Aparte de esos órganos dijo, la denuncia fue analizada por cada uno de los fiscales que están atendiendo este caso. “Consideramos que tiene el respaldo probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos que se han endilgado”, afirmó Díaz.

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El fiscal hizo referencia a un proceso de licitación se inició en 2021 pero fue anulado en marzo de 2023, tras 17 meses de trámites y apelaciones, y a un paso de resolver. Comenzó otro de cero en noviembre pasado, con la idea de que fuera bien planificado, pero en los últimos meses surgieron las dudas por los precios cobrados.

No obstante, la adjudicación se aprobó en una sesión extraordinaria, el sábado 6 de julio, con seis directivos presentes.

En su criterio, las pesquisas que se tramitan bajo el expediente 24-000267-1218-PE son de mucha importancia porque se trata de la disposición de recursos públicos por muchos millones que afectarían el bolsillo de los ciudadanos y al sistema de salud que pagaría precios excesivos.