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Un brote de covid-19 en nueve trabajadores de quirófanos del Hospital Max Peralta, en Cartago, obligó a suspender las cirugías hasta nuevo aviso.
Cerca de 60 operaciones programadas quedan canceladas en lo que resta de esta semana, pues solo trabajarán cuatro de los ocho quirófanos de ese hospital.
La directora médica, Krisia Díaz Valverde, confirmó que desde este miércoles 18 de agosto solo intervendrán casos de emergencia, traumas de Ortopedia, pacientes de Obstetricia y los “prioritarios impostergables”.
Las cirugías programadas (electivas), serán calendarizadas a la brevedad. A estos pacientes, se les llamará en los próximos días en aras de reactivar el servicio en el menor tiempo posible, prometió la directora médica.
De ser necesario, el Max Peralta tendrá soporte de la red hospitalaria nacional.
Díaz informó de que se investigan los contactos para cortar la cadena de transmisión siguiendo el protocolo de control de brotes.
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“Es importante destacar que a los funcionarios que den negativo en la prueba y no manifiestan síntomas, también se les da seguimiento para garantizar la seguridad de todos”, dijo la jerarca.
Además, se reforzaron las medidas de limpieza y desinfección de las salas.
Los nueve funcionarios con covid-19 tenían su esquema completo de dos dosis. A todos se les giró orden sanitaria para su aislamiento domiciliar, y ninguno ha requerido hospitalización, informó la oficina de prensa del Max Peralta.
Desde hace varios meses no se reportaban brotes en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobre todo desde que se inició la vacunación contra la covid-19, en diciembre del 2020.
Esta arrancó dando prioridad a personal de primera línea de atención, entre ellos quienes trabajan en los servicios de salud.
Uno de los últimos brotes registrados fue en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, a finales de noviembre anterior.
En esa ocasión, el hospital herediano tuvo que referir a otros hospitales a los pacientes que llegaban a su servicio de emergencias.
Personal de salud y otro de primera línea de atención, como bomberos, policía y Cruz Roja, así como adultos mayores y empleados de hogares de larga estancia, acumulan ocho meses desde la aplicación de las primeras dosis contra esta enfermedad.
Tres semanas después recibieron la segunda.
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Las autoridades de Salud han manifestado el interés de proteger con una tercera dosis a ese mismo grupo de población, que estaría incluido en la próxima compra de 2,5 millones de vacunas que se negocia actualmente con Pfizer.
De esa cantidad, 1 millón de dosis sería para ellos.
