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En medio de la pandemia, una compra urgente de 12 millones de mascarillas quirúrgicas para uso en centros médicos públicos terminó en manos de un contador y una empresa de comunicación política sin experiencia en suministro y distribución de equipo médico.
Como consta en el expediente 2020CD-000093, los adjudicatarios de la compra por un monto de $4 millones son David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, y MR Comunicaciones Políticas, una firma de la periodista Miren Martínez Ruiz dedicada a asesorías de relaciones públicas y mercadeo.
Además de la inexperiencia, a MR Comunicaciones Políticas le adjudicaron el contrato por $1,9 millones a pesar de estar moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Una certificación demuestra que esa compañía estuvo morosa con el seguro social hasta el 25 de mayo. La adjudicación se oficializó el 27 de mayo.
Más de dos meses después la Caja solo ha recibido el 17,5% del material solicitado a ambos proveedores.
¿Cómo se distribuyó la contratación? A Landergren Castro, la CCSS le encargó, según la orden de compra emitida el 28 de mayo, 7 millones de mascarillas descartables con un costo de $2,1 millones.
De acuerdo con la oferta presentada, entregaría 2,1 millones de unidades 13 días naturales después de emitida la orden de compra, es decir el 10 de junio. La entrega, sin embargo, se concretó en tres partes hasta el 20 de julio.
Entrega parcial
David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, se comprometió a entregar siete millones de mascarillas, pero solo ha entregado 2,1 millones.
FUENTE: CCSS || LA NACIÓN.
Los otros 4,9 millones de mascarillas serían suministrados 30 días naturales después de la fecha de la orden de compra, pero a la fecha no ha ocurrido.
La Gerencia de Logística de la Caja confirmó los atrasos y afirmó que las 4,9 millones de unidades pendientes entrarán, a más tardar, el 27 de agosto.
Antes de este contrato de $2,1 millones, Landergren nunca había ganado licitaciones con la CCSS.
La Nación intentó conversar con Landergren sobre este tema, pero indicó que solo atendería si le enviaban las preguntas por escrito.
En la misma fecha que la Caja despachó la orden de compra para Landergren, requirió a MR Comunicaciones Políticas 5 millones de mascarillas por $1,9 millones.
Los tapabocas, claves para proteger a los profesionales en salud de la covid-19, viajarían, según la propuesta de esa empresa, en un vuelo privado desde una fábrica en Vietnam hasta el aeropuerto internacional Juan Santamaría. La promesa era hacer la entrega en solo siete días contados a partir de la emisión de la orden de compra.
No obstante, el producto nunca llegó al país y las autoridades de la Caja ya iniciaron el procedimiento para finiquitar el contrato.
Miren Martínez Ruiz, periodista dueña de MR Comunicaciones Políticas, reconoció el incumplimiento, pero no quiso detallar las razones.
La comunicadora admitió que el acuerdo con la Caja es la primera incursión de su firma en la venta de productos médicos en el país. Aseguró haber vendido ese tipo de materiales en otras naciones, pero no accedió a presentar documentación que demuestre las transacciones.
MR Comunicaciones Políticas se presenta en su sitio web como “la única agencia especializada íntegramente en comunicación política” por medio de sistemas de “programación lingüística, mercadotecnia, estrategia digital, estudios de investigación, planificación y monitoreo de medios y neuromarketing”.
La compañía no cuenta con oficinas en el país.
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CCSS recibió ofertas de 18 proveedores
Para este proceso, la CCSS recibió 18 propuestas, la mayoría planteadas por empresas formales dedicadas al suministro y distribución de equipo médico.
Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró que la experiencia no era una variable a considerar en el proceso de evaluación.
Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la CCSS, alega que los proveedores tradicionales y de experiencia, ubicados en Estados Unidos y Europa, enfrentan complicaciones para exportar. Eso, agregó, obliga a la CCSS a echar mano de fabricantes asiáticos que no conocen a profundidad.
“Esos proveedores tradicionales hoy no pueden salir de sus países; hoy las grandes marcas han vendido con mucha dificultad fuera de sus países de origen. Salir de Europa, de Estados Unidos, de Brasil o de México es prácticamente imposible. Entonces, nuestro mercado es asiático, hoy no tenemos una ponderación, en la tabla de valoración de las ofertas, por experiencia. Lo que tenemos es una tabla de certificación de cumplimiento de la ficha técnica”, dijo Porras.
Ese es el caso de Landergren y MR Comunicaciones Políticas, quienes ofrecieron mascarillas de empresas asiáticas.
Incluso, la documentación presentada como certificados de calidad y otros está en “idioma oriental” a pesar de que la Caja exigió que estuvieran en español o en versiones traducidas por traductores acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
De acuerdo con la entidad, en este momento se consumen 800.000 mascarillas cada dos semanas.
Incumplían requisitos; luego, ‘sí se recomienda'
El expediente de la contratación de los 12 millones de mascarillas muestra dos informes de la Comisión Técnica, órgano encargado de definir cuáles ofertas cumplen o no con los requisitos a nivel de calidad y protección de los productos por adquirir.
El primero, firmado por los funcionarios Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, el 13 de mayo, señala que tanto las propuestas de Landergren como de MR Comunicaciones “no cumplen técnicamente”.
El informe (folios del 573 al 576 del expediente de contratación directa 2020CD-000093) expone que esos oferentes presentaron documentos en “idioma oriental”, lo cual impidió analizar sus planteamientos. También señala que otras notas solicitadas eran simples fotografías.
En el caso de MR Comunicaciones, en el primer envío ni siquiera presentó muestras de las mascarillas que pretendía venderle al Seguro Social.
A pesar de que ya había vencido el plazo para presentar ofertas, el 18 de mayo aparecieron nuevos ofrecimientos de Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Ese mismo día, Hans Vindas Céspedes, asesor legal de la Gerencia Logística, envió un correo en el cual solicitaba que se estudiaran las nuevas propuestas de Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Ese mismo día, la Comisión Técnica responde en un escueto oficio que las ofertas de Landergren y MR Comunicaciones ahora sí cumplen técnicamente.
“Sí se recomienda, según documentación adjunta en el correo antes mencionado”, manifestó la Comisión Técnica, sin detallar qué diferencias hay entre la primera y segunda propuesta que justifiquen cambiar de criterio.
En ambas propuestas, persisten la inclusión de documentos en “idioma oriental”.
¿Por qué se adjudicó un contrato de $4 millones a dos empresas que no se apegaron a los requisitos básicos como presentar documentos en español o con traducciones oficiales?
“Tendríamos que revisar el expediente, particularmente eso me lo está mencionando usted, no tengo el expediente a la vista para ver si eso es así”, contestó el gerente de Logística de la CCSS.
“Sobre el hecho de qué fue lo que varió entre el primer informe técnico y el segundo, fue la presentación de toda la documentación técnica como el nombre del fabricante y certificados para estos proveedores. En la proforma inicial únicamente presentaron proforma con fotografías, precio, cantidades, sin anexos según la ficha técnica”, amplió Porras este lunes por medio de un correo electrónico.
En el 2011, Vindas Céspedes fue suspendido por cuatro meses con goce de salario mientras la Auditoría Interna realizaba una investigación por presuntas anomalías en compras de medicamentos a un proveedor indio que estaba ligado, por medio de una empresa subsidiaria, a su madre.
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La Nación solicitó a la oficina de prensa de la CCSS indicar el resultado de esa investigación y una copia del expediente, pero aún no envía esa información. También se pidió una entrevista con Vindas, pero no hubo respuesta de parte la oficina de prensa sobre ese requerimiento.
‘No le voy a dar nombres'
Miren Martínez Ruiz, representante de MR Comunicaciones Políticas, dijo que ellos presentaron el 13 de mayo, una primera propuesta para vender mascarillas descartables, pero debido a que faltaba información y había errores remitieron un segundo planteamiento el 18 de mayo.
Lo dicho por Martínez no pudo ser corroborado por La Nación, pues el expediente de contratación no contiene un documento en el que se le pida corregir aspectos de su oferta. Tampoco existe un oficio en el que se le extienda el plazo para presentarla.
Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS, argumentó que él le extendió el plazo para la presentación de la oferta hasta el 18 de mayo, pero en el expediente de contratación puede corroborarse que esa comunicación estaba dirigida a otras cuatro compañías oferentes y no a las dos que resultaron ganadoras.
Al consultarle a Matínez Ruiz qué departamento o funcionario le pidió subsanar su oferta respondió: “No es que la presentamos fuera del plazo, es que nos indican que técnicamente no cumplimos porque faltan cosas (...) En el área de Adquisiciones nos indican eso, yo no le voy a dar nombre; yo no le voy a dar nombres, no recuerdo si fue una llamada, si fue un correo... No me acuerdo, a mi me notifican que técnicamente no cumplimos. Entonces yo pregunto por qué y me dicen que lo mande de nuevo”.
Deuda con la Caja
El proceso de contratación de los 12 millones de mascarillas inició desde el 12 de mayo y fue adjudicado el 27 de mayo.
Una certificación en poder de La Nación demuestra que MR Comunicaciones Políticas mantuvo una deuda de ¢38.038 hasta el 25 de mayo.
Martínez Ruiz reconoció que canceló lo adeudado esa misma fecha gracias a una advertencia hecha por la CCSS.
“A mí, cuando me van a adjudicar, me dicen que tengo una cuota pendiente. Entonces, me dicen que no me pueden adjudicar porque estaba morosa y fui y pagué la cuota, como puede ver es solo una única cuota”, enfatizó la periodista.
María Díaz Rivera, asesora legal de la Gerencia Logística, señaló que la normativa costarricense permite comunicarle a los oferentes ese tipo de aspectos para corregirlos y seguir con el proceso.
Nueva contratación para remediar incumplimiento
Debido a los incumplimientos de MR Comunicaciones Políticas, la CCSS solicitó permiso a la Contraloría General de la República (CGR) para realizar una nueva compra directa, pero esta vez por 10 millones de mascarillas.
Esa gestión tiene el objetivo de conseguir los 5 millones que no presentó MR Comunicaciones Políticas más otros 5 millones de unidades.
La Contraloría dio el aval el 4 de julio y el proceso de compra está en marcha.
“No nos quedamos sentados esperando a MR Comunicaciones, esa planificación está resuelta y no hemos dejado de abastecer”, declaró Porras.
La CGR advirtió a la CCSS sobre su responsabilidad de aplicar las medidas correspondientes para sancionar los incumplimientos relacionados a ese contrato.
“Se insta a la Administración que en salvaguarda de la Hacienda Pública de la Caja Costarricense del Seguro Social, se tomen las medidas correspondientes relacionadas con el contrato inicial que no se logró ejecutar por incumplimientos de la empresa contratista, y en caso de así acreditarse, considerar si corresponde la resolución contractual mediante un debido proceso y un acto motivado firme que acredite esos incumplimientos de las obligaciones y plazos pactados”, consideró la CGR en un oficio enviado a la Caja el 4 de julio.
La Gerencia de Logística informó de que ya inició los procesos necesarios para establecer eventuales sanciones contra MR Comunicaciones Políticas.
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Este no es el único incidente con mascarillas. La Caja también debió abrir una investigación, a cargo de la Gerencia de Logística, para determinar quién cometió el error en la compra de 700.000 mascarillas que, luego, se dieron cuenta que en la etiqueta de los empaques se advertían que no eran de uso médico.
Miguel Salas, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, afirmó que la Caja dispone en su almacén central de mascarillas para 1,2 meses y distribuyó en los hospitales para otro mes.
El presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, reiteró esos datos este lunes y se refirió a compras pendientes, aunque reconoció que dependen del cumplimiento de proveedores.
“En cuanto a mascarillas quirúrgicas, hay 1,2 meses de inventario en el almacén, además está lo distribuido en todos los centros donde hay un inventario de un mes y la institución tiene programados 5,7 meses de compras y entregas de estos suministros”.
